Por: Andrés Timoteo / columnista
El fin de semana quedó en libertad Dominga Xóchitl Tress, supuesta pareja extramarital del exgobernante Javier Duarte, tras devolver los bienes que recibió como regalo y pagar una multa de 40 mil pesos. Sin embargo, quedó fichada, inhabilitada por tres años para ocupar una encomienda pública, y comprometida a cooperar en las indagatorias judiciales contra Duarte de Ochoa –de quien dijo la engañó dándole dinero proveniente de las famosas empresas-fantasma-.
También en el transcurso de la semana pasada se publicó en la prensa –y la versión se intensificó durante los últimos días- que al igual que Dominga Xóchitl se procederá judicialmente contra otras damiselas que tuvieron romances con los dos últimos exgobernadores, el cordobés y el innombrable, y que recibieron de ellos cargos públicos, dinero y bienes como pago de sus favores sentimentales.
Se dijeron tres nombres: Corintia Cruz Obregón, exregidora del ayuntamiento de Xalapa, y Ana Guadalupe Ingram, exdiputada local y actual delegada de Sedesol, a quienes ligan con Duarte de Ochoa así como a la oaxaqueña Carolina Gudiño, cercanísima al innombrable, quien la hizo presidenta del Congreso Local y alcaldesa de Veracruz. En su defensa, las dos últimas han deslizado a la prensa que más que sancionar la sustracción del dinero de los veracruzanos se les perseguirá para frenar sus aspiraciones políticas en el 2018 –ambas quieren ser senadoras o diputadas federales-.
Pero de ellas sólo Guadalupe Ingram tiene asidero de valía, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien la protegería de una eventual persecución judicial. En el caso de la oaxaqueña Gudiño el asunto está más complicado, pues su padrino estará viendo por sí mismo, para que no lo detengan. No obstante, más allá de las suposiciones de corte electoral, lo cierto es que el futuro alcalde porteño, Fernando Yunes Márquez, tiene la obligación ética y jurídica de revisar las cuentas del trienio de Gudiño Corro e interponer las denuncias correspondientes.
Esto porque los delitos que cometió la oaxaqueña –tan sólo en el primer año de gestión fue acusada por su propio Síndico de haber malversado 500 millones de pesos- no son meramente de alcoba como los de Dominga Xóchitl, sino que ella fue parte activa del saqueo a las arcas municipales –sin contar con el daño hecho desde el Congreso Local, pues siendo titular del mismo aprobó endeudamientos millonarios del innombrable, cuyo dinero fue a parar a sus bolsillos-. Eso también se debería revisar.
Yunes Márquez debe llegar también a la alcaldía de Veracruz a combatir la corrupción y a dignificar el cargo tan desprestigiado en los últimos doce años. Por puesto que esa tarea incluye retrospectiva, pues las pillerías más grandes que dañaron al Ayuntamiento se dieron durante los gobiernos de Gudiño y Rementería Sempé. No se entendería un Gobierno de cambio a nivel municipal si no hay acción judicial ni se obliga al ‘vómito negro’ para recuperar los bienes robados a los porteños. Vaya, sólo en el caso de Gudiño Corro, la leyenda urbana cuenta que su fortuna personal rebasa los 200 millones de pesos y llegaría al doble si se suma con la de sus hermanos que la ayudaron en la expoliación del erario.
PALOMA JUARISTA
Tema ocioso, más que escabroso, pero debido a los mensajes enviados a este espacio se retoma, con la suspicacia que merece el caso. Seis periodistas fueron detenidos la noche del viernes pasado en el puerto de Veracruz por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. Lo cierto: violaron la norma, no podían ingerir alcohol en ese lugar. Lo malo: quisieron practicar el clásico ‘charolazo’ para evadir la intervención policiaca. No les funcionó y terminaron en la cárcel provisional de la colonia Playa Linda.
Lo cierto: pareciera, que los agentes navales y policíacos se excedieron contra los periodistas. Lo malo: el asunto genera más turbulencia contra un Gobierno –el de Miguel Ángel Yunes- vituperado mediáticamente por razones que van más allá del periodismo como contrapeso del poder. Lo cierto: los periodistas fueron asistidos con excepcional eficacia por la elefantina Comisión Estatal de Protección a Periodistas. Lo malo: que esta organización terminó en mera ‘saca-borrachos’.
Lo magnífico: los seis periodistas corrieron con suerte de haber sido detenidos bajo este Gobierno, pues en el sexenio de Javier Duarte y con la policía a las órdenes de Arturo Bermúdez nunca hubieran llegado al famoso “Penalito” y a la fecha los seguirían buscando en sepulturas clandestinas -¡Dios guarde la hora!-. Lo cierto: fueron 6 comunicadores y no 7 como se insiste de forma maniquea, el séptimo detenido no es periodista. Era el operador del propio Bermúdez, dedicado a espiar, sobornar e injuriar a los propios colegas.
“Estaca”, le llaman en el argot de bajo redil a los que se incrustan en determinado sector, en este caso el reporteril y este sujeto llegó a apersonarse en juzgados, ministerios públicos y oficinas policiacas para pedir la persecución contra otros compañeros. Tampoco olviden que hace un año le robaron el dinero manejado de Bermúdez, proveniente de las famosas empresas fantasma, y usado para costear la campaña contra los Yunes azules, y pagar a quienes se sumaban al hostigamiento contra los comunicadores ajenos a la fidelidad.
A la diputada Marijose Gamboa, presidenta de la Comisión de Periodistas en el Congreso estatal, la quisieron presionar para meterse en este asunto. No cayó en la trampa de victimizar a los aludidos ni de meter en el mismo costal a los impostores. Más aún porque ella sufrió en carne propia las injurias que en su momento difundieron algunos de los detenidos cuando fue encarcelada por órdenes de Duarte de Ochoa -especialmente de la “estaca” bermudista-.
No hay que tolerar abusos contra la comunidad reporteril y es deber denunciar toda agresión contra los compañeros reporteros, por eso es necesario poner las cosas en su justa dimensión. La agresión contra periodistas es algo gravísimo y no se debe banalizar con casos como éste, que no son un ataque real a la libertad de expresión y más bien se prestan a intereses aviesos. Saber distinguir es la clave. “Si a tu frontera llega una paloma/ cuida que no sea un buitre lo que se asoma”, dice la canción La Paloma Juarista.
PACÍFICO Y GOLFO
El Revolucionario Institucional es un partido octogenario – casi un nonagenario, pues tiene 88 años y cinco meses, cumplidos ayer viernes. No es el más viejo del continente americano –el Partido Colorado de Uruguay tiene 188 años-, pero sí uno de los más estables, al grado que durante siete décadas ostentó el poder presidencial en México, hasta el año 2000 con el triunfo del panista Vicente Fox.
Fue creado desde el poder y para el poder, y aunque tuvo en su génesis los postulados de la Revolución Mexicana, con tiempo mutó hacia la derecha, enterrando su propia historia. Desde la década de los ochenta fue invadido por los llamados “tecnócratas” que lo llevaron a ser lo que es hoy: un mecanismo partidista que no tiene militantes sino “clientes” electorales, que los votos que lleva a las urnas no son por ideología sino por costo financiero y que las causas que abandera no son las populares sino las cupulares.
Aún decrépito, no está muerto. Es cierto que es el más desprestigiado y los pronósticos para el 2018 son desastrosos, pero es un viejo que sigue respirando, aún con un tanque de oxígeno, y que si alguien se descuida, arrebata, roba, muestra los dientes y propina tarascadas. Se mantiene como un ente político peligroso, no porque tenga el respaldo de las masas sino por sus mañas, sus nexos inconfesables con la mafia y el acceso a los presupuestos públicos actuales.
Por eso no hay que perderle la pista y por eso hay que estudiarlo, analizarlo y preverlo.
Esta semana celebrará su 22 Asamblea Nacional Ordinaria para definir el rumbo electoral a seguir en el 2018, lo que traducido al quehacer político es escoger el salvavidas al que se aferrará para impedir el hundimiento. Elegir el artificio que le permita sobrevivir al “mal humor social” – como lo definió el propio presidente, Enrique Peña Nieto, al que todavía consideran como el “primer priista”- que se volverá en su contra.
La asamblea será el sábado 12 de agosto, pero antes, los días 9 y 10 habrá mesas temáticas en distintos estados del País. El tema de “Programa de Acción” será en Toluca, “Estatutos” en Campeche, “Declaración de Principios” en Saltillo, “Visión de Futuro” en Guadalajara y “Rendición de Cuentas y Ética” en Mazatlán – Veracruz fue excluido como sede al igual que otras entidades donde ya no gobierna el tricolor-. Se ha dicho que las dos mesas más importantes serán las de Campeche y Guadalajara.
La primera, “Estatutos”, es porque se podría debatir la modificación del reglamento interno para allanar el camino a los secretarios de Hacienda y Educación, José Antonio Meade y Aurelio Nuño, quitando el candado de la militancia añeja e introducir la figura de candidato ciudadano o externo, lo que –de hacerse- significará que Peña Nieto conservará el derecho de imponer al candidato en el año venidero.
La segunda, “Visión de Futuro”, reunirá a los líderes cupulares para pactar entre sí. Ellos cerrarán acuerdos con Los Pinos o sacarían adelante una especie de rebelión interna. Traducido de nueva cuenta: van a negociar cargos, postulaciones menores y otros beneficios en la próxima coyuntura comicial. Así, los “grillos” estarán en Guadalajara y los operadores del drenaje en Campeche. Los del Pacífico jalarán la cuerda o soltarán la rienda a los del Golfo –se oye como nombres de carteles, pero así actúan los priistas-, según se desarrollen las negociaciones.
Lo importante de todo será que se pongan de acuerdo entre ellos, no para darle el sí al Presidente o al grupo Atlacomulco o al grupo Hidalgo, o a los Salinas, sino para obtener ese tanque de oxígeno que los mantenga vigentes más allá del 2018. Tal vez no en la Presidencia –que es el objetivo principal- pero sí en el mapa político del País. Evitar el desastre que algunos anticipan, el derrumbe hasta que caerá hasta el tercer o cuarto lugar.
Obviamente que lo que se pacte en esa asamblea repercutirá en Veracruz, al menos en la elucubración. Si se facilita la figura del candidato externo, entonces podrán entrar otros al rejuego por la gubernatura en Veracruz y esa postulación ya no estará monopolizada por las dos “sopas” de siempre: José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa. Ninguno de estos dos tiene posibilidades de triunfo, aun cuando logren ser candidatos. Si el tricolor quiere sobrevivir en Veracruz deberá abrir su abanico de opciones porque los Yunes rojos son garantía del desastre electoral.
Ah, y de colofón, dicen que ya reapareció el innombrable en una reunión previa con la dirigencia nacional del partido -¿no que estaba refugiado en Canadá?- realizada hace tres dias y se asegura que se apersonará en alguna de las mesas temáticas o en la Asamblea Nacional del 12 de agosto. ¡Noticia maravillosa! Que ponga atención el fiscal Jorge Winckler porque ya lo tiene ubicado para el operativo de captura. Veracruz lo exige, sus víctimas –vivas y muertas- lo merecen: que el innombrable sea puesto tras las rejas.
