Por: Andrés Timoteo / columnista
La información es dolorosa e indignante desde cualquier ángulo que se le mire: la fosa clandestina -quizá la más grande del País- que se localizó en el predio Colinas de Santa Fe, al Norte de la ciudad de Veracruz, es la muestra del exterminio en masa que perpetró el crimen organizado en los últimos dos sexenios, con la complicidad de sus dos gobernantes estatales, los últimos cuatro alcaldes porteños y un sinnúmero de funcionarios menores. Por supuesto, incluido el aparato policiaco.
A la fecha, hay 137 puntos de excavación en ese lugar y de los que se han extraído restos humanos -algunos óseos y en otros, cadáveres completos en proceso de descomposición, pues su sepultura fue reciente- de al menos 274 personas, según cifras de los activistas -las autoridades ubican el número en 262 “cráneos” localizados-. Peor aún, según los colectivos de familiares de las personas desaparecidas, esa fosa sería apenas el 25 por ciento de los enterramientos que en todo el estado hizo el crimen organizado en los últimos doce años.
Hay muchos más puntos que no han sido explorados, aunque ya están localizados, y otros tantos que aún no se ubican, pero que existen, según informaciones obtenidas. Aracely Salcedo, la representante del Colectivo de Familiares Desaparecidos en la región Córdoba-Orizaba, mencionó ayer ante los medios dos fosas halladas en Ixtaczoquitlán y Atzalan, que están en fase de exploración. Todo es una maraña de complicidad; por ejemplo, el predio Moyoapan, en Ixtaczoquitlán, donde están las inhumaciones clandestinas pertenece al exalcalde priista Nelson Votte Ramos, quien gobernó de 2008 a 2010.
En ese mismo municipio se localizó otro terreno también con fosas clandestinas que es propiedad de Pedro Bernabé Báez, quien fue comandante de la Policía Municipal con Votte Ramos. La zona Centro está tachonada de entierros clandestinos, en los alrededores de Córdoba y el corredor que va hacia la región serrana de Atoyac, Amatlán de los Reyes y Tezonapa, hay sepulturas del crimen organizado así como la ruta hacia la costa. Lo que falta es tiempo y personal para explorarlas y rescatar los restos humanos que allí fueron depositados.
El tema de las personas desaparecidas en Veracruz, como en cualquier otra parte del mundo donde la cifra terriblemente numerosa -que lo lleva a la clasificación de exterminio de masas- no alcanza para ser explicado con los términos legales, es decir, por los delitos que se cometieron al privar de la libertad, torturar -tal vez- a los secuestrados -“levantados”, les dicen en ese argot- y asesinarlos, sino que va más allá porque se trató de un crimen de lesa humanidad. Es decir, que dañó al conjunto de los seres humanos por ser tan atroz.
También conduce a la reflexión, ya hecha por estudiosos en países como: Colombia, Argentina, Guatemala, El Salvador, Alemania, Serbia, Chile o África del Sur: ¿Por qué desaparecer a los desaparecidos? Hubo un afán no sólo de desaparecer a la persona, aislarla de todos, despojarla de todo derecho, doblegarla con la tortura y privarla de la vida, sino también se intentó borrar todo rastro de ella, incluyendo sus restos mortales.
No hay cuerpos, no hay tumba, no hay elementos para probar el crimen. No existieron nunca, pareciera ser la lógica criminal. Pero esos desaparecidos existieron, sus familiares los buscan, aunque en la mayoría de los casos no los han podido encontrar. Se trata de un embrollo perverso que deberá desandarse para tratar de localizarlos, ya sea con vida o sus restos físicos. Se oye duro, pero es cierto, tener la certeza de la muerte les ayudará a concluir con el calvario de la incertidumbre y pasar a la etapa de duelo, lo que es imposible hasta el momento.
Ayer, en el Puerto de Veracruz los activistas llevaron flores hasta las Colinas de Santa Fe, como un acto simbólico al cumplirse un año de que se localizaron los primeros restos humanos, pero que tiene, al mismo tiempo, una interpretación más profunda: los buscadores de sus hijos, padres, madres, hermanos, vecinos y amigos que están ausentes, necesitan un lugar para honrarlos, un sitio memorial para procesar la pérdida, pues viven el llamado “duelo imperfecto”, ese en el que no hay cuerpo ni tumba.
Por eso, Colinas de Santa Fe, si bien es un sitio que representa el horror que se vivió en los doce años de la fidelidad donde el crimen organizado co-gobernó a Veracruz, bien podría ser convertido en un Monumento a la Memoria. Transformarlo en un lugar para honrar a los ausentes y un sitio funerario para los dolientes. Sólo se necesita voluntad política de las autoridades para realizar los trámites que conjuren a ese lugar como sitio del terror. Los colectivos tienen la ventaja que el próximo alcalde de Veracruz, el panista Fernando Yunes, ya los acompañó en su peregrinar cuando era Senador de la República.
Y alrededor de todo esto, la pregunta es obligada: ¿Por qué Javier Duarte de Ochoa y su exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, no están acusados de ese crimen de lesa humanidad? ¿Por qué no está imputado también su impresentable antecesor, el innombrable, con quien se inició el horror por los pactos que hizo con los cárteles del narcotráfico? ¿Por qué está libre ese sujeto y por qué los exalcaldes del Puerto de Veracruz se pasean impunemente, incluyendo el actual, aun cuando supieron lo que ocurría en Colinas de Santa Fe?
Tratar de aliviar el dolor de los familiares de personas desaparecidas no basta con apoyarlos en la búsqueda, sino también pasa por allegarles justicia, por castigar a los responsables de esa tragedia. Los monumentos memoriales son necesarios porque honran y ayudan a no olvidar a fin de que el pasado no vuelva a reeditarse, pero también la cárcel para los responsables es insoslayable si se quiere proporcionar paz, sanación y reconciliación a la sociedad traumatizada.
REBUZNANCIA
Y mientras se espera la acción de la justicia en el caso de las personas desaparecidas, el fiscal del Estado, Jorge Winckler anda ocupado en naderías. Por ejemplo, persigue al diputado local y exalcalde de Oluta, Fernando Kuri Kuri; lo persigue la Ley porque es burro hasta para engañar al prójimo. Quiso ser universitario y para ello compró un título de bachillerato y después el diploma de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) que lo acredita como licenciado en Gestión y Administración, una de esas carreras que el desaparecido burócrata Guillermo Zúñiga, quien fue el propietario del negocio educativo, se inventó para estafar a los estudiantes.
Pero todo es un pleonasmo, o mejor dicho una rebuznancia, es decir, una redundancia. El analfabeta Kuri -primo hermano de otro igual, el orizabeño Fidel Kuri Grajales- quiso estafar con ¡¡una escuela que es más apócrifa que nada!! Tan burdo es este señor que falsificó lo falso. Mejor se hubiera quedado sin papeles y admitir su condición de jumento. El admitir el problema es el primer paso para resolverlo. Es más, que lo vea por el lado positivo pues hasta podría formar una fracción legislativa con sus homólogos, los panistas y también analfabetas Sergio Hernández y Bigen Rementería.
Bueno, lo recomendable es que esos tres -Kuri, Hernández y Rementería- formen un grupo de estudios para alfabetizarse. Además, el caso de Kuri refleja que en eso de obtener títulos universitarios apócrifos se regionaliza. Antes, recuerden, los funcionarios estatales iban a San Luis Potosí o a Tamaulipas -como lo hizo en su momento Alejandro Montano que sin tener estudios llegó a ser Secretario de Despacho y hasta Diputado Federal- a sacar diplomas hechizos y hoy se ha devaluado tanto que el proveedor de mentiras profesionales es la UPAV.
Entonces, es patético que el fiscal Jorge Winckler pierda tiempo -que no es suyo sino de los veracruzanos que pagan su salario y el aparato judicial- en perseguir a Kuri Kuri por ser burro y falsificador, y no lo haga por el desastre financiero que dejó en el Ayuntamiento de Oluta. A nadie le interesa la vida profesional de Fernando Kuri, pues basta escucharlo hablar para enterarse de su nivel académico. A ese señor lo deben de indagar por sus pillerías en el erario, no por papeles ficticios de índole personal.
Lo mismo se aplica a sus compinches que lo apoyan y sobre los cuales la Fiscalía hace escaramuzas de humo, los diputados Basilio Picazo, Ernesto Cuevas y Sergio Rodríguez Cortés. Los tres fueron alcaldes de Coyutla, Juchique de Ferrer y Camerino Z. Mendoza, donde robaron a manos llenas. ¿A poco Winckler no puede acceder a los documentos del ORFIS para procesarlos penalmente por esos asuntos y dejarse de naderías? Al primero lo investiga por tráfico de madera -cuando debe la vida de un Síndico-, al segundo por conducir ebrio y al tercero por no pagar una camioneta. Mucha vaciedad frente a tres ‘pájaros de cuenta’.
FARáNDULA EMBARRADA
Siguiendo en el tema judicial, ayer se dio algo bastante hilarante. Durante la audiencia judicial para el caso de la exfuncionaria de Espacios Educativos, Dominga Xóchitl Tress, supuesta pareja extramarital de Duarte de Ochoa, el Juez ordenó sacar de la sala a los reporteros a petición de la defensa, pues lo que se trataría en la diligencia podría “exponer la intimidad de la detenida”.
Por supuesto que muchos apretaron la boca para no estallar en carcajadas, no sólo los periodistas sino también el personal judicial y policiaco, pues si alguien ha exhibido su vida privada al público es la propia Dominga Xóchitl, quien no sólo posteaba en sus muros y chats su vida de excesos sino también fotografías en las que aparecía desnuda y sus romances con hombres casados, lo que hizo que se ganara el apodo de la “viuda alegre” o “viuda traviesa”. Pero bien, es parte del espectáculo que ahora se diga pudorosa.
Lo que también está comprobado es que todo lo relacionado con la corrupción de Javier Duarte es tan pestilente y contaminante y la farándula no escapó de ello. Hubo músicos y actores que ahora se les liga con el escándalo veracruzano. Uno que está en el candelero del morbo es Luis Hernández, el más joven de la banda Los Tigres del Norte, quien también fue “novio” de Dominga Xóchitl.
Otra es la actriz Ana de la Reguera, quien ha sido señalada de beneficiarse con las empresas ‘fantasma’ en la época en que su expareja, Tomás Ruiz González, era secretario de Finanzas, y la cómica María Elena Saldaña, “La Güereja”, ya apareció en el mismo, pues es cuñada del exsecretario del Trabajo, Gabriel Deantes, quien declaró que ella le “donó” 2.5 millones de pesos que forman parte de su fortuna personal que asciende a 70 millones -por lo que tendrá que declarar al respecto en los tribunales-. Que siga el show.
