Por: Andrés Timoteo / columnista
MORE-NA-RCA
Apenas amainó el escándalo por la recaudación de dinero a cargo de la veracruzana Eva Cadena, hoy expulsada y vilipendiada por sus compañeros partidistas, y ya está otra barahúnda sobre el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y ésta promete ser de gran calado y provocar un daño mayor al proyecto del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. Se trata del caso del delegado en Tláhuac, Ciudad de México, Rigoberto Salgado y sus posibles nexos con el crimen organizado.
Como se sabe, el pasado 20 de julio, Felipe de Jesús Pérez López, conocido con el apodo de “El Ojos” y quien lideraba el llamado “Cartel de Tláhuac” fue abatido por elementos de la Secretaría de Marina, y desde ahí se destapó una cloaca de la cual Salgado Vázquez, quien llegó al cargo por Morena, salió manchado, pues bajo su gestión gubernamental el narcotraficante elevó su poderío en la delegación e incluso la extendió hacia otras demarcaciones.
En Tláhuac, “El Ojos” afincó su organización apoyado con la mayor parte de los 5 mil moto-taxis que operan libremente en esa parte de la Ciudad de México, aunque legalmente no están permitidos, y que servían para el narcomenudeo y como “halcones” –es decir, los choferes eran vigilantes que daban la alerta cuando se acercaban policías o militares-. Según las pesquisas, el capo Pérez López fue protegido del delegado Rigoberto Salgado y todos en Tláhuac saben que financió su campaña en el 2015 y eso le garantizó la protección y complicidad institucional, al grado de que varios parientes y colaboradores del narcotraficante incluso están en la nómina de la delegación.
A la par, Ricardo Salgado, hermano del delegado, controla de facto el sector del transporte público y por ende a los moto-taxis y así como otros rubros, entre ellos el comercio ambulante, con relación directa en actividades ilícitas. En los hechos, Ricardo Salgado no solo fungía como funcionario sin cartera, sino que era el enlace directo entre el gobierno delegacional con el “Cartel de Tláhuac”.
Frente a eso, por supuesto que en el Gobierno Federal y el gobierno de la Ciudad de México saltan de contentos, pues tienen una “bomba” para explotar contra Morena y López Obrador y que es de más kilotones que la de Eva Cadena. Más aún porque Rigoberto Salgado también es uno de los promotores –y seguramente financiador- de la que será candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, actual delegada en Tlalpan.
Sheinbaum es quizás, la mujer cercana a López Obrador –incluso más que la diputada Rocío Nahle, coordinadora de la fracción legislativa en San Lázaro y la secretaria general del partido, Yeidckol Polevnsky-, y de exhibir el presunto financiamiento de “El Ojos” por medio de Salgado, le afectará gravemente durante la contienda electoral del 2018.
Vaya, es tema es tan escabroso que el propio López Obrador se ha mantenido en silencio sobre el mismo. La semana pasada sólo acertó a decir una frase desafortunada –como siempre sucede cuando pillan a sus cercanos en malos pasos- durante una gira por Guanajuato: “quieren reeditar lo de la señora Eva Cadena, están muy nerviosos los de la mafia del poder”, aunque los argumentos del “complot” y la “mafia del poder” no le alcanzarán para dar una explicación de algo tan delicado.
El tema tampoco es menor en el rubro humanitario, pues en Tláhuac hay, según se ha dicho, al menos 60 jóvenes desaparecidos, víctimas de la organización de “El Ojos” y el Gobierno delegacional guardó silencio, cómplice ante ese crimen de lesa humanidad. Y también como sucedió en Veracruz, esa complicidad por silencio alcanzó al dirigente de Morena en la Ciudad de México, Martín Batres, quien incluso fue testigo el año pasado de un mitin para exigir que el delegado interviniera en el caso de los desaparecidos y no hizo nada.
El escándalo, pues se espera de antología y con un enorme potencial de daño para Morena y López Obrador. Es más, podría ser la “bomba-madre” en la contienda presidencial del 2018, la cual no se detonará sola sino que irá acompañada por ‘misiles’ alternos de gran impacto como la información que revele el exgobernante veracruzano, Javier Duarte de Ochoa, sobre su financiamiento a los candidatos de Morena en el 2016. Para eso lo trajeron de Guatemala.
Claro, no es que en otros partidos carezcan de escándalos similares –priistas, panistas y perredistas han sido exhibidos por sus nexos con el crimen organizado- sino que Morena y su fundador, López Obrador, se promocionan como la opción frente a los partidos y los políticos de siempre, se dicen honestos y ajenos a las prácticas delictivas de los otros, pero ahora queda estropeada la promesa de que ellos harán posible el “cambio verdadero”. ¡Qué cosas tiene la vida!, la Morena que se decía “la esperanza de México” podría terminar en More(na)rca.
FUJIMORAZO
El rejuego mediático que algunos leguleyos rojos han hecho del caso judicial del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, anticipando que estará poco tiempo en prisión, que las acusaciones contenidas en los expedientes judiciales se caerán como naipes y que en breve lo verán paseándose libremente y disfrutando de lo que le robó a los veracruzanos, se podría estropear con la intervención de las cortes de Justicia de Guatemala y México.
Cierto es que en los tratados de extradición firmados con otros países existe el llamado “Principio de especialidad”, el cual especifica que la persona extraditada solo podrá ser juzgado por los delitos por los que se solicitó su repatriación o por los que cometa a partir del momento que ésta sea concedida. Es decir, a Duarte de Ochoa teóricamente no se le podría someter a juicio por otros delitos que cometió y que son mucho más graves de aquellos por los cuales se pidió su extradición.
Empero, hay la posibilidad de que Duarte pueda ser juzgado por otros delitos. Basta que haya voluntad política para que la Procuraduría General de la República (PGR) –es decir, de Los Pinos-, solicite la ampliación de cargos penales contra Duarte ante el gobierno de Guatemala para enjuiciarlo por las demás iniquidades que cometió. Y también que, de ser necesario, de su visto bueno la SCJN.
No será la primera vez que a un extraditado se le finquen otras acusaciones ya en su País de origen tras la aprobación de los Magistrados Judiciales de la Nación que lo envió de vuelta. El caso reciente y más sonado es el del exdictador peruano Alberto Fujimori, quien está preso desde el 2007 por delitos de corrupción –desvío de fondos públicos- y crímenes de lesa humanidad, entre ellos las masacres de Barrio Altos, La Canuta y Sótanos SIE.
En el primero fuerzas paramilitares mataron a 15 campesinos, entre ellos un niño, y en La Canuta masacraron a diez profesores, cuyos cuerpos fueron sepultados en fosas clandestinas, mientras que en los sótanos de la sede de los Servicios de Inteligencia del Ejército (SIE), fueron torturados y asesinados dos estudiantes y un profesor universitarios, cuyos cadáveres fueron incinerados en un intento de desaparecer rastros del crimen.
Fujimori, quien fue presidente del Perú de 1990 al 2000, huyó del país ante los rumores de una inminente revuelta civil en su contra y aprovechando una gira oficial, se quedó en Japón desde donde envió por fax su dimisión como mandatario. El gobierno de Perú inició el proceso de extradición, pero Tokio protegió a Fujimori, hijos de padres japoneses y por tanto, con la nacionalidad nipona. Allí vivió cinco años hasta que en el 2005 viajó a Chile por negocios personales y allí fue detenido el 7 de noviembre de ese año.
El gobierno peruano presentó la solicitud de extradición y dos años más tarde, el 21 de septiembre de 2007 fue repatriado a Perú, donde permanece en el reclusorio de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) purgando cuatro sentencias por un total de 43 años de prisión. En la sentencia de extradición, la Corte Suprema de Chile aceptó solo 7 de las 12 acusaciones penales presentadas por las autoridades del Perú.
Aún así, hace dos años, el 28 de diciembre de 2015, el Gobierno peruano presentó ante Chile una petición para ampliar los cargos contra Alberto Fujimori, esta vez por la masacre de seis personas en la comuna de Pativilca en 1992, y los magistrados chilenos avalaron ampliar la sentencia el pasado 6 de junio, y así el dictador será juzgado por más delitos que podrían agregarle entre 15 y 20 años más de prisión.
En su sentencia, la Corte Suprema de Chile especificó: “Esta corte comparte lo afirmado por el sentenciador de primera instancia, referido al carácter de lesa humanidad de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir; y tales ilícitos merecen una reprobación tan enérgica de la conciencia universal al atentar contra los valores humanos fundamentales, que ninguna convención, pacto o norma positiva puede derogar, enervar o disimular”.
Es decir, no hay pacto o convención que sean intocados para que un genocida o un ladrón contumaz puedan evadir el juicio. Así, Duarte puede ser acusado de más delitos y si impera la voluntad política, será juzgado y condenado. Es más, la exposición mediática de sus bellaquerías ayudará, pues los magistrados guatemaltecos no dudarán en ampliar la sentencia de extradición porque las iniquidades que cometió son tan escandalosas que acaparan los titulares de la prensa nacional e internacional. Moraleja: que leguleyos y plumas rojas no los espanten con ‘el petate del muerto’, a Duarte bien se le puede dar un ‘Fujimorazo’.
