Ayer, el Gobernador del Estado dio a conocer el ofrecimiento de “hasta un millón de pesos”, a quien dé información que ayude a localizar para su detención a Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bukanans o El Bukana, peligroso delincuente que encabeza una banda de huachicoleros, que opera lo mismo en Veracruz que en el estado de Puebla.
Ayer mismo, el gobernador Yunes afirmó que “el tema de las recompensas ha dado un resultado extraordinario, y eso nos ha permitido detener a algunos delincuentes”. La recompensa ha sido utilizada por este Gobierno para conseguir detener a los asesinos del ex coordinador de la Policía Federal Camilo Castagné, entre otros casos, y ahora con El Bukanans.
Pero, ¿Cuándo va usted a ofrecer, señor Gobernador, recompensa a quien brinde información que lleve a esclarecer el atentado incendiario a nuestras instalaciones, que desde el 6 de noviembre de 2011 se llevó a cabo por un grupo de delincuentes armados que ninguna autoridad se ha ocupado de perseguir, detener y sancionar?
Más de cinco años han transcurrido y, a pesar de que algunos de estos delincuentes han sido incluso identificados y hasta ubicados, las autoridades continúan haciéndose pendejas, sin investigar ni llamar a cuentas no sólo a los autores materiales, que insistimos algunos de ellos están plenamente identificados y ubicados, sino también al autor intelectual del ataque a nuestras instalaciones, quien también ha sido señalado en diversas ocasiones y continúa no sólo en libertad, sino que nunca ha sido llamado a declarar en torno a los señalamientos que se le han hecho respecto de su autoría en el atentado a EL BUEN TONO.
La Ley, en este Estado, se aplica con distingos. El incendio provocado a nuestras instalaciones causó severos daños estructurales al inmueble y consumió mobiliario, equipo, archivos periodísticos, poniendo además en riesgo la vida de quienes vivieron ese atentado, y de quienes seguimos trabajando en estas instalaciones.
En lugar de hacer lo que la Ley les exige: investigar y aclarar el atentado y sus consecuencias, lo que este Gobierno ha hecho, es incluso ordenar que se retirara la vigilancia policial ordenada por un Juez. También, sin ninguna explicación ni justificación, se pidió el retiro de escoltas a directivos y funcionarios de esta empresa, elementos que fueron apostados para apoyar la seguridad de quienes desde el punto de vista del Poder Judicial continúan en riesgo, precisamente por la falta de acción de la Fiscalía del Estado, y el nulo interés por resolver el atentado incendiario de noviembre de 2011.
A través de diversas instituciones, como la Comisión Estatal de Protección a Periodistas, hemos solicitado a la Fiscalía copia del expediente relacionado con el atentado, el cual, según se nos ha informado en la misma Fiscalía, está desaparecido.
El tema de la detención de quienes atentaron contra el edificio de EL BUEN TONO, sus activos y el personal que aquí labora, es urgente, como también lo es el que se termine formalmente el peritaje que lleve a la plena definición de los daños causados y se obligue a los responsables a restituirlos.
¿Quién nos va a pagar los daños ocasionados al inmueble, y la restitución del mobiliario y equipo perdido en este atentado? ¿Cuándo se va a castigar a quienes así atentaron no sólo contra el edificio y su mobiliario, sino contra la vida y la fuente de empleo de decenas de periodistas, editores, prensistas y otros profesionales del periodismo y las actividades relacionadas con el periódico?
Gobernador Yunes, ¡Esperamos su respuesta!
Córdoba, Veracruz; 24 de julio de 2017.
