Por: José Miguel Cobián Elías / columnista
Señor titular de la Secretaría de Seguridad Pública: He tratado de entender con la información disponible, su comparecencia ante el Congreso del Estado. Me llama la atención la cantidad de delincuentes que tenemos -de acuerdo a sus afirmaciones y respuestas- en el Congreso del Estado. Me espanta saber que tiene usted una cantidad de información impresionante sobre la vida y milagros de cada uno de nosotros los veracruzanos, y en particular de los actores políticos, pero esa información sólo se utiliza para fines políticos. Sus respuestas implican desautorizar las voces críticas de los diputados locales, que intentaron entender la situación de seguridad por la que hoy pasa el estado de Veracruz.
Para mí como veracruzano, las motivaciones políticas de cada diputado que lo interpeló y de cada diputado que lo aplaudió me tienen sin cuidado. Usted como funcionario público sabe mejor que nadie, que existe complicidad al conocer de un delito y no denunciarlo ante las autoridades correspondientes. También sabe, que quien acusa tiene que probar, por lo tanto, en mi calidad de ciudadano habitante del estado de Veracruz, lo conmino a que denuncie a todos y cada uno de los diputados locales a los cuales usted les imputó la comisión de uno o varios delitos en su comparecencia. Usted como titular de Seguridad Pública, es el primero que debe de hacer eso. Pero también lo invito a que si no posee las pruebas de su dicho, se disculpe públicamente, pues los tiempos no están como para seguir debilitando instituciones con el fin de promover la anarquía en el Estado.
Es más, señor Secretario Téllez, le exijo y demando, que presente usted ante la autoridad que corresponda, tanto la denuncia como las pruebas que posee de que Fidel Herrera Beltrán vendió el estado de Veracruz a un grupo delictivo a cambio de doce millones de dólares al inicio de su mandato, o durante su campaña por la Gubernatura.
Los veracruzanos ya estamos hartos de la manipulación verbal. Ya nos cansamos del bla, bla, bla. Ahora queremos hechos reales, comprobables y punibles. Su jefe inmediato, el Gobernador del Estado, es uno de los mexicanos más preparados en cuestiones de seguridad, más conocedores y mejor informados a nivel nacional. Estoy seguro de que no le dio jamás la instrucción de acusar sin fundamento.
Hoy los mexicanos en general podemos creer cualquier afirmación de cualquier persona o negarnos a creerla. Sin embargo, en el caso de acusaciones tan fuertes como las que usted ha presentado en el recinto del Congreso Local requieren de acciones inmediatas, de denuncias ante las autoridades correspondientes. Incluso, a estas alturas yo me pregunto la razón por la cual, conociendo de esos delitos, no ha presentado usted las denuncias correspondientes, en el momento en que tuvo las pruebas suficientes para asegurarse de que eran reales.
No quiero pensar en un Secretario responsable de la Seguridad Pública, incapaz de probar sus dichos. Tampoco quiero pensar en un Secretario de Seguridad Pública que conoce delitos y los denuncia hasta que le conviene a él o al proyecto político al que sirve. Sueño con un Veracruz en el cual la impunidad no exista. Un Veracruz en el cual cuando una autoridad se atreve a señalar públicamente a alguien, es porque ya tiene las pruebas en su mano y no se deja llevar por rumores, o por información mal recabada por gobiernos priistas y almacenada en los archivos tenebrosos de la Secretaría de Gobierno.
Escribo este artículo una vez que escuché al Gobernador de Veracruz sobre la detención del exgobernador Javier Duarte, en el cual menciona que hay elementos suficientes para demostrar su culpabilidad e incluso la de Fidel Herrera Beltrán. Sabemos que los elementos no son subjetivos sino objetivos, pruebas reales, para fincar la responsabilidad a quien corresponda. Nadie puede pedir que se castigue sin pruebas. De eso México ya está harto. Tenemos las prisiones llenas de inocentes, sin dinero para defenderse, y no por castigar los presuntos delitos de Javier Duarte queremos volver a la fabricación de delincuentes sin prueba alguna. México lucha por salir de la barbarie judicial.
Se agradece la búsqueda de justicia para el pueblo de Veracruz. Nadie podría estar en contra de ello. Sólo esperamos profesionalismo en quienes deben integrar los expedientes de todo acusado. Esperamos eficiencia en las investigaciones basadas en el nuevo Sistema Penal Acusatorio. Ya basta de improvisados y chambones, tanto en la procuración de justicia como en todo el proceso de investigación de delitos. Y, sobre todo, pretendemos que la justicia se haga en los tribunales y no en los medios de comunicación manipulando una opinión pública ignorante de procedimientos jurídicos, a quien fácilmente se le puede inducir a pensar lo que convenga al poderoso en turno, o al enemigo del poderoso en turno. Debemos comenzar a educar a nuestro pueblo para que no crea todo lo que escucha, lee, o ve, e investigue a fondo antes de formarse una opinión. Sólo así avanzará México.
La función de cualquier juzgador es aplicar el derecho, no hacer justicia. El criterio que orienta al juzgador, en aras de la seguridad jurídica, es aplicar literalmente la norma, y no anteponer apreciaciones subjetivas. No podemos hablar de aplicación filosófica del Derecho… El juzgador aplica la Ley, únicamente.
Los veracruzanos no dudamos que haya habido corrupción el sexenio pasado y todos los anteriores. Hemos vivido en la corrupción, la sufrimos día con día… Incluso hoy la sufrimos a causa de elementos a su cargo señor Secretario. Transporte Público detiene particulares a diestra y siniestra. No hay mecanismos para evitar abusos y tropelías de algunos elementos de Tránsito del Estado, sobre todo en zonas apartadas de las grandes ciudades de Veracruz.
Espero con mucha emoción y atención la denuncia que habrá de ser presentada, incluso antes de que este artículo sea publicado en contra de la persona del exgobernador Fidel Herrera y en contra de los diputados locales, delincuentes, acorde a sus expresiones señor Secretario. De no haberlas, pensaré que se habla sin pruebas y eso implica pérdida de confianza. Un lujo que un funcionario de su nivel no se puede dar.
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