Por: Aleluya Moreno Lorencez Oropesa / columnista
Como un Frankenstein creado para facilitar las Reformas Constitucionales de 2012 con sanbenitos de democracia representativa neoliberal, las elecciones en México se transformaron en una perjudicial especie político/familiar pululando en torno de más o menos 13 mil millones de pesos al año operados por el IFE; hoy Instituto Nacional Electoral (INE).
La derrama económica incluye la cesión directa de una tercera parte del dinero presupuestado para el sostenimiento de las organizaciones registradas; en períodos electivos, se anexa un dinerito extra dependiendo de los cargos en juego y los estados involucrados; el monto de 2018 será mayor, pues sólo en dos estados de la República Mexicana no habrá elecciones.
Del total, llama la atención el destinado directamente al pago de los medios de comunicación de masas, radio y televisión. La cereza del pastel es la elección del próximo Presidente Nacional.
Convertido en un negocio incapaz de alcanzar sus objetivos de Estado, el desastre electorero no abate el abuso nepotista del poder, la demagogia, el engaño, el fraude, pues son atributos de la sociedad de consumo, incluido el proceso selectivo inducido de los candidatos triunfantes, así como su comportamiento abusivo, corrupto, oscuro en campaña, mientras permanecen en los cargos públicos y al terminar su período gobernante.
El PRI es responsable histórico del desgaste señalado. Organismo creado, mimado, apapachado por el Estado durante casi un Siglo para sustituir periódicamente a los cuadros directivos de Gobierno electos sin mancharse, al cabo de décadas de ejercicio corrupto del poder su ramificación familiar, social y burócrata se fue a pique propiciando la creación coludida de nuevas agrupaciones partidarias destinadas a cachar a las masas que lo desbordaron.
Las nuevas agrupaciones prohijadas tampoco lograron su cometido, como lo demuestran los pobres resultados del INE en las recientes elecciones: deficiente operación de votos, cifras erráticas, elecciones cuestionadas en los 4 estados de la República donde se efectuaron comicios fraudulentos, con apoyo innegable de la propia Autoridad Electoral. Sin disminuir el abstencionismo electoral, aportes incalculables de dinero ilícito tampoco se reflejaron en los magros resultados.
No obstante, componendas del poder de Estado convalidan el triunfo de los ungidos, por escasos votos de la minoría votante.
Ilegítimos, ponen en picota al modelo presidencial mexicano y su proceso de recambio electivo, dejando en letra muerta la máxima Constitucional garante del desarrollo del modelo democrático de vida, trabajo y cultura (Art. 3.II.a Constitucional).
El financiamiento del proceso electoral fallido, transmuta en un lastre nacional e internacionalmente descalificado, al que hay que meterle más lana para corregir sus entuertos, sin lograr su objetivo histórico: contener, ocultar, amortiguar, desviar la atención sobre los costos históricos de la lucha de clases, externada en la desigualdad socio económica: de un lado, alta concentración de la riqueza, del otro, pobreza.
Fuera de la esquizofrenia macro-económica del Gobierno Federal, en calles y avenidas, en caminos vecinales y campiranos, la miseria, el desamparo, el descontento, cunden; si en el círculo de gobernantes y de la oligarquía todo es abundancia, a la hora de recibir la paga e ir al mercado a cambiarla por lo básico, la cantidad recibida por el pueblo cada día es menor y más frustrante.
La Comisión Económica para América Latina de la Organización de Naciones Unidas (ONU), informa y recomienda (mayo de 2017): “En México, el 1 por ciento de la población es propietario del 30 por ciento de la riqueza nacional; el 30 por ciento, es dueña del 60 por ciento; la generación de riqueza favorece al capital y no a la masa salarial; los bajos salarios ya no puede ser la estrategia de competitividad”.
Sin importarles el origen de la penuria pasan Legislaturas y Presidentes demagogos asignados en sus cargos para facilitar la acumulación del capital; en la memoria colectiva son responsables oficiales de la deuda neta pública federal cifrada en 9 billones, 693 mil 217.5 millones de pesos (al cierre de 2016; SHCP), cada día aumenta mil 194 millones de pesos la deuda gubernamental en bonos (BM/La Jornada, 15.06.17), así como del natural y lógico alejamiento de las urnas reiterado en el último proceso selectivo, donde, de reportes del INE se desprende que el PRI mantuvo el control del voto duro, Morena creció ficticiamente quitándole base al PRD, al PRI y a otros partidos; el PAN se sostiene en su promedio: con todo y trampas, entre todos apenas atraparon en urnas al mísero 30 por ciento del electorado.
La debacle electoral obliga a los mercenarios del voto a ponerse las pilas, para evitar su despido por inútiles. Para sortearlo, ¿Cuál es la razón de la variante táctica propuesta por López Obrador durante el Tercer Congreso Nacional Extraordinario del Partido del Movimiento de Renovación Nacional efectuado el 11 de junio, y, por Ricardo Anaya del PAN mediante el Informe de prensa del 13 de junio, de 2017?
Públicamente concitan a sus organizaciones a dejar de pelearse por el padrón electoral nominal cautivo ya controlado, dirigiendo sus peculios hacia el encanto de la mayoría abstencionista. Sin embargo, otra es la poderosa razón del Estado que los obliga a adecuar sus tácticas electorales: bloquear la candidatura naciente de la organización independiente indígena, que amenaza con sacarlos de su confort.
Aparece la verdadera morenita. La determinación del Consejo Indígena de Gobierno (CIG) de iniciar trabajos preparatorios encaminados a proponer a María de Jesús Patricio Martínez como candidata independiente a la Presidencia Nacional trastoca el escenario nacional, amenazando aún más al sistema presidencialista electorero corrompido.
De origen nahua, Mary Chuy es médica naturista exitosa, herbolaria, apoyada por la Universidad de Guadalajara en sus prácticas medicinales; destaca su capacidad para sanar enfermos desahuciados por la medicina alópata, así como su negativa a cobrar por curar para no perder “la luz” que se lo permite. Su historial incluye experiencias políticas orientadas por principios democráticos reivindicados por el Congreso Nacional Indígena (CNI).
Habida cuenta de la resistencia social mayoritaria a creer en los políticos de oficio, por la gravedad de la crisis del sistema hegemónico, por la falta de oportunidades, es probable que la campaña de Mary Chuy atraiga a millones de mexicanos escépticos, además de una gran parte de votantes hastiados de ser marionetas de partidos de Estado.
Seguramente una parte de los políticos mercaderes, los ideólogos, se transformarán en ácidos opositores a la candidatura de Mary Chuy por atentar contra principios y estructuras sistémicas; otros, quienes hacen de cargos públicos su comedero, o sea la mayoría, lo harán para no perder su lugar entre las dietas y el fuero del Congreso de la Unión.
Los más preocupados son quienes dicen representar a las etnias, a los más pobres, a los trabajadores del campo y la ciudad, a la clase media, a los intelectuales, a los comerciantes, a los pequeños industriales, y cómo de que no, a gran parte de la burguesía hastiada de la política viciada y de políticos felones.
En esta ocasión cabe la posibilidad de que el voto de castigo popular arrincone hacia la derecha del espectro político, a quienes se arropan de corderos para medrar del pueblo. No obstante, para evitarlo, éstos disponen de un lance maestro del juego del poder contemporáneo. Ya veremos cómo, pero hay que evitarlo.
