Las elecciones que se realizarán en 14 estados de la República el próximo domingo 7 de julio han adquirido, por sí solas y por el contexto nacional en el que se desenvuelven, una importancia capital. Un aspecto relevante es el hecho de que son la primera prueba electoral después de la “segunda transición” democrática en México, que permitió el regreso del PRI a Los Pinos. Será una primera prueba acerca del nivel de penetración en la voluntad ciudadana del “efecto Peña”, aún reconociéndose su alcance limitado, por ser elecciones locales.
Otra situación que se observa con preocupación es la conducta y comportamiento de los gobernadores de cada entidad, especialmente en lo que se refiere a la utilización de recursos públicos para influir en los resultados a favor de su partido (de los 14 estados, diez son gobernados por el PRI, tres por coaliciones PAN-PRD y uno por el PAN). La mera idea de que México pudiera regresar a los mañosos manejos electorales pretransicionales del PRI para la imposición de una falsa mayoría podría tener efectos desastrosos para la convivencia democrática que tanto esfuerzo está costando construir.
A nivel nacional, existen dos condiciones que afectan y matizan lo que acontece en las elecciones locales: el Pacto Por México y la violencia del crimen organizado. El PPM es el proyecto político principal del gobierno federal y los tres partidos políticos nacionales importantes. Hay quienes piensan que se utiliza el Pacto para negociar ventajas electorales que no se consiguen en las urnas, según acusó Emilio Gamboa Patrón, líder del PRI en el Senado de la República. La afirmación trasluce una profunda desconexión con la realidad de un país que duda acerca del rumbo que lleva bajo el mando priista, lo cual se refleja en las evaluaciones relativamente bajas de popularidad del presidente Peña. Lo que más fuerza y credibilidad le ha dado al gobierno federal es justamente la existencia del Pacto, tanto a nivel nacional como internacional. Todo acuerdo en el contexto del PPM es más valioso que todo el dispendio de recursos públicos para ganar un aplauso de coyuntura fugaz.
Por otro lado, la violencia se ha apoderado de muchos estados: Chihuahua, Zacatecas, Morelos, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo, Coahuila. La violencia ha cobrado la vida a candidatos, suplentes, coordinadores de campaña, dirigentes, autoridades y políticos de todas las formaciones y, en algunos casos, ha impedido que los candidatos hagan campaña pública en las calles, como en Tamaulipas y Coahuila, notoriamente. Lo que nos anuncia este nivel de amenaza a los participantes en los procesos locales es la intención del narcotráfico y del crimen organizado por apoderarse de gobiernos locales, eliminar a quienes no comulgan con sus propósitos o desprestigiar a candidatos que no tienen su venia. Es una situación compleja y riesgosa, alimentada por gobiernos estatales, como el de Aguascalientes que, en su afán por desprestigiar al candidato panista a la presidencia municipal de la ciudad capital del estado, lo acusa falsamente de recibir recursos provenientes del narcotráfico, resultando que sólo el gobernador quedó expuesto por mentir sobre el caso. De por sí la situación es compleja, para luego tener a las autoridades alimentando la confusión, sólo provoca desconcierto entre los electores. Aunque quizá ese sea el objetivo…
Resta una semana para afirmar las prioridades nacionales y recuperar el camino de la razón. Sin duda es más importante defender a la población de la violencia del crimen, asegurar los acuerdos para avanzar en reformas estructurales significativas, además de ofrecer y asegurar elecciones libres con resultados creíbles para consolidar los equilibrios políticos que la democracia exige, en vez de caer en el absurdo del “carro completo” que alardeó el PRI, sin reparar en las consecuencias peligrosas que semejante arrebato pudiera provocar.
Es hora de rescatar de la marginación a la razón de Estado, que une a todos, para colocarla al centro del quehacer de la política nacional, único antídoto contra la descomposición de la ética política y la institucionalidad democrática.
*Especialista en análisis político
ricardopascoe@hotmail.com
@rpascoep
