El excedente de 2.6 millones de toneladas de azúcar de la zafra que concluye en agosto, y la baja en el precio internacional de la tonelada para pagarla, ha generado toda clase de propuestas, incluyendo la que han planteado los secretarios de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, y el de la Semarnat, Juan José Guerra, para que se aproveche el aumento en superficie y rentabilidad alcanzadas en 2012, en la producción “sustentable” de etanol.
Sólo que parece que los que tienen los pies mejor puestos en el piso son los productores de caña, porque entienden bien las razones que propiciaron el aumento en la producción este año y saben bien que ¡una golondrina no hace verano!
La Unión Nacional de Cañeros, que preside Carlos Blackaller, presentó el programa Integral de Atención a la Siembra de Caña 2013-2018, más un programa emergente 2012-2013, que provoca erizamiento de poros en la piel a los equipos del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, porque incluye la demanda de cinco mil millones de pesos para constituir con 50% un Fondo de Estabilización del Precio de la Caña de Azúcar y con otro 50%, apoyo directo a productores para cubrir la caída del precio.
El miedo o la razón depende de cómo se use el diagnóstico y hacia dónde se dirija. Si la política agroindustrial de México, o léase del presidente Enrique Peña (hay que personalizar, usted sabe por qué), tuviera por objetivo la producción de etanol a partir de bagazo de caña y en coordinación con Pemex, que lleva Emilio Lozoya, para reducir el consumo de combustible (diesel o gasolina) en zonas productoras de caña, es posible que la inversión de 400 millones de dólares resulte pequeña para mantener la superficie cultivable de caña e incluso crecerla.
Fíjese, esa superficie pasó de 660 hectáreas entre 2009 a 2011, a 800 hectáreas para la zafra 2012-2013, estimulada por el precio y la mejora productiva (tecnología), factores que se combinaron para que el productor sembrara caña en lugar de maíz o dedicara la tierra a pastizal.
A la expansión del cultivo, sume el clima benigno (ni helada ni inundación) y tiene un excedente atípico superior en 27% con siete millones de toneladas del edulcorante, de las cuales no logran colocarse 2.4 millones de toneladas, pero imagínese que se transita esa caña para producir etanol y las condiciones no se repiten el siguiente ciclo… ¡Claro!, sería el principio y fin de la política de producción de etanol como combustible. Tal vez bordar el tema del precio y el fondo no esté mal si se concibe como apoyo de única vez y autofondeable en el tiempo.
De Fondos a Fondo
La decisión adoptada por el presidente Enrique Peña y ejecutada coordinadamente por la Secretaría de Hacienda, que encabeza Luis Videgaray, y el secretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Jorge Carlos Ramírez, es muy clara: la política de vivienda del país no se ancla a los problemas de administración, liquidez y legalidad que enfrenten Homex, de Eustaquio de Nicolás; Urbi, de Cuauhtémoc Pérez, y Geo, de Luis Orvañanos.
Los tres casos están siendo monitoreados por la subsecretaría de Hacienda, que encabeza Fernando Aportela, abogados, bancos y reestructuradores, y no se dará a ellos ningún apoyo o diseñará ningún incentivo que no sea extendible en equidad y circunstancias al resto de los desarrolladores del país, sin importar su tamaño.
Y, por lo pronto, el acuerdo alcanzado el viernes pasado con los integrantes de la Canadevi, que preside Fernando Abusaid, facilita la planeación de 2014, y reactivará la producción de vivienda para el segundo semestre, pues el presidente Peña instruyó a Hacienda a ampliar en mil 500 millones de pesos los cinco mil 770 millones de pesos autorizados para este año, para que pueda apoyarse a la población de 1.5 salarios mínimos a 3.5 salarios, que es donde la demanda es alta y la capacidad para alcanzar los puntajes de los institutos de vivienda casi imposible.
Además, el registro de reserva territorial marcó 110 mil hectáreas, de las cuales casi 70% se ubica en zonas susceptibles de recibir subsidio, y la existencia da para nueve años de construcción al ritmo de 500 mil casas por año. La sustitución del criterio de densificación por el de verticalidad ha resultado clave en el acuerdo alcanzado con los desarrolladores, pues también implicará que, a mejor vivienda construida, será mayor el subsidio entregado.
El jueves por la noche, los Consejos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), que encabeza Alberto Cano, y de Nafin, de Jacques Rogozinski, sesionaron para aprobar los nuevos esquemas de garantías, que dejarán de financiar empresas para dirigir el apoyo financiero y las garantías a proyectos a desarrollar y cuyas ministraciones operarán como “llamadas de capital” de CKD’s. Las dos primeras apoyarán con garantías el crédito que se extienda de forma sindicada (irán varios bancos y se presume que participarán Bancomer, que preside Luis Robles; Banamex, que encabeza Javier Arrigunaga; Banorte, que llevaGuillermo Ortiz; Santander, de Marcos Martínez; HSBC, de Luis Peña, y probablemente Scotiabank, que dirige Troy Wright, e Inbursa, de Tonny Slim, aunque podrán subirse bancos de menor capacidad de balance como ABC Capital, de Mario Laborín, que están entrando al sector).
Las líneas podrán otorgarse a proyectos, no a las empresas y, para evitar que lo que extienda un banco se use para pagar el crédito a otro, se depositará en fideicomisos que aseguren la ministración del financiamiento conforme al programa de construcción e individualización del desarrollo y, por último, la SHF apoyará la salida al mercado de empresas medianas como ARA, de Germán Ahumada; Sadasi, de Enrique Vainer; Javer, de Salomón Marcuschamer; Ruba, de Luis Enrique Terrazas Seyffer —quien, además, ha sido líder en reventa de casas abandonadas en Chihuahua, por ejemplo: CorpoVael, mejor conocida como CADU, de Juan Carlos Díaz, y Vinte, de Sergio Leal. Mire. Estas mismas están pasando por un proceso de revisión de sus balances y el valor de las reservas que están dadas en garantías y, aunque todas han registrado sólidos resultados y tienen historiales crediticios adecuados, no las eximen de haber caído en la tentación de prácticas indeseables, como las que están configurando fraude en las tres grandes y donde ninguna se salva.
