Por lo pronto van dos. La detención y vinculación a proceso de Elba Esther Gordillo y Andrés Granier, podrían indicar la voluntad de combate a la corrupción de la administración de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, tienen razón quienes exigen resultados mayores.
México tiene una espeluznante historia de corrupción y malos manejos, tanto en la administración pública federal, estatal y municipal, como en todos los niveles del sector privado. La corrupción es un cáncer que ha hecho metástasis hasta invadir prácticamente todos los rincones de la vida nacional, y sus consecuencias son desastrosas. Desde el funcionario de juzgado que pide una gratificación por dar trámite de manera más rápida, o más lenta, según sea el caso, a un expediente judicial, hasta el juez que somete su criterio al mejor postor. Desde quien prepara una licitación de obra pública amañada hasta la empresa que infla sus costos para repartir los beneficios con algún funcionario. Desde los líderes sindicales, que llenan sus arcas con recursos no sólo indebidos, sino eminentemente inmorales, y se dan lujos de jeque árabe, hasta los empleados que solapan los dispendios con la secreta esperanza de que algún día puedan, también, acceder a ellos. Los estudiantes que compran exámenes, los automovilistas que sobornan agentes de tránsito para darse una vuelta prohibida, las amas de casa que ceden ante el chantaje de los trabajadores de limpieza. La corrupción se ha generalizado y permea, rampante, hasta las últimas capas de la sociedad.
El costo de la corrupción para nuestro país es prácticamente incalculable. No sólo se refleja en los nueve puntos del PIB que detalla Price Waterhouse, sino también en la competitividad y productividad de la industria nacional. En oportunidades perdidas para quienes tienen la desgracia de estudiar con maestros que no pueden enseñar sino vandalismo y consignas obsoletas. En un atraso generalizado que ensancha cada vez más la brecha existente entre nosotros y las economías a las que queremos asimilarnos.
La defenestración de dos figuras públicas de la relevancia deGordillo y Granier de nada sirve si no se da en el contexto de una lucha generalizada en contra de la corrupción, y no de una mera cacería de brujas. Una lucha generalizada que no parece estar ocurriendo, a pesar de que las acciones realizadas superan con creces el esfuerzo de las dos administraciones anteriores. No se trata tan sólo de señalar culpables, sino de definir líneas de acción e investigación que pueden terminar en procesos judiciales en contra de todos aquellos que se presume han obtenido beneficios ilícitos a costa del erario público. Sin restricción alguna y sin importar el color partidista.Romero Deschamps, Montiel, Moreira, Nava, los Bribiesca, Bejarano e incluso López Obrador, quien lleva años manteniendo un movimiento nacional, sin un ingreso comprobable. Todos, y muchos más, deben de rendir cuentas ante la sociedad, y las responsabilidades deben deslindarse satisfactoriamente. Es urgente.
Urgente es, asimismo, que la lucha en contra de la corrupción del gobierno encabezado por el presidente Peñainvolucre a la sociedad entera, no sólo en la denuncia de los actos de los funcionarios públicos, sino en el compromiso de la ciudadanía por un actuar correcto. Parece una labor titánica, y lo es, pero también es, sin duda, una tarea ineludible si se desea que el esfuerzo trascienda y sea capaz de transformar a México. La corrupción no puede seguir siendo una práctica corriente, y sus frutos no pueden seguir siendo anhelados, y aceptados, por persona alguna. Hasta que no se entienda que los supuestos beneficios de la corrupción son de naturaleza temporal e individual, en detrimento de la colectividad a largo plazo, de nada servirá detener a unos cuantos por más corruptos que sean.
En este contexto, el tema de las protestas de los últimos días en Brasil se antoja más que interesante. A pesar de lo complicado del fenómeno, y lo difuso del mensaje, al parecer el punto en el que coinciden los manifestantes es en el repudio a la corrupción. Tanto así, que el pueblo que ha adoptado al futbol casi como una religión estaría dispuesto a renunciar a la organización del campeonato Mundial para evitar más dispendios. En México, en cambio, limpiamos nuestra consciencia señalando a unos cuantos mientras seguimos cometiendo actos constantes de corrupción a pequeña escala, sin darnos cuenta de que el problema sigue avanzando. Y, por supuesto, nos entusiasmamos ante la idea de que el Mundial pudiera organizarse en nuestro país. Tráiganlo, claro, nosotros nos hacemos cargo. Total, nosotros no nos fijamos en nimiedades.
Por lo pronto van dos, presidente Peña. Pero deberían de ser muchos más, no sólo en el sector público sino también en el privado. Usted podría transformar al país con un ejemplo de renovación moral que sin duda encontraría eco en la ciudadanía. Si la cruzada en contra de la corrupción va en serio, es el momento de emprender las acciones necesarias y urgentes que podrían catapultar a México en lo económico y social hasta el lugar que nos corresponde. Y, a pesar de que el sexenio apenas comienza, el tiempo se está acabando.