Está por discutirse en el Consejo General del IFE el dictamen de fiscalización del gasto de campañas para Presidente, diputados y legisladores. Sin conocer aún el contenido específico del dictamen de la Unidad de Fiscalización del IFE, vale la pena repasar algunos aspectos preocupantes de las finanzas electorales en México.
El régimen de finanzas electorales en México consiste, por un lado, del financiamiento público a partidos, financiamiento privado de parte de militantes y simpatizantes, así como de prerrogativas en especie como lo son el acceso a medios vía spots. Por otro lado, el gasto de campaña de cada candidato está sujeto a topes específicos. Asimismo, existen límites a las aportaciones de simpatizantes, militantes y personas físicas.
En 2012, los partidos políticos recibieron prerrogativas por cinco mil 142 millones de pesos. Al sumar las prerrogativas de ambos partidos, la coalición del PRI y PVEM dispuso de dos mil 122 millones de pesos de financiamiento público, mientras que la coalición PRD, PT y MC sumó mil 367 millones de pesos.
El tope de gasto de campaña para Presidente en 2012 fue de 336.11 millones de pesos, y el de cada diputado de mayoría relativa de 1.12 millones de pesos. El tope promedio para senadores fue de 9.5 millones de pesos. Si sumamos los topes de gasto de todas las candidaturas, resulta que el gasto máximo de campaña en que pudo incurrir un partido o coalición en el pasado proceso electoral fue de mil 153 millones de pesos.
Si comparamos el financiamiento público de cada una de las coaliciones con el gasto máximo permitido por ley, resulta que los principales partidos contendientes en la pasada elección federal contaban con más recursos públicos de los que podían gastar en campaña llegando al máximo permitido en cada demarcación. Consideremos, además, que ningún partido político es competitivo en todos los distritos o entidades: los partidos concentran sus esfuerzos de gasto en las zonas más competidas, aquellas donde un peso más de gasto puede hacer la diferencia.
Una primera conclusión es obvia: o el financiamiento público para algunos partidos es demasiado generoso, o los topes de gasto de campaña son muy bajos. ¿Lo son? Hay quien cree que una reforma pertinente es disminuir a rajatabla el financiamiento público a partidos. Suena bien, pero no olvidemos que, de no existir el financiamiento público a partidos, las contiendas electorales favorecerían al partido en el gobierno, toda vez que sus cuadros cuentan con la visibilidad y recursos que la gestión de gobierno les permite.
Hay quien cree que los topes de gasto de campaña deberían disminuir. De nuevo, suena bien pero, si un candidato retador al partido en el gobierno no puede gastar lo suficiente, difícilmente podrá contrastar su imagen y plataforma con la del “candidato oficial”. Así, tanto el financiamiento público como los topes de gasto son más importantes para la oposición que para el partido en el gobierno: disminuirlos a rajatabla produciría elecciones menos competitivas.
Hay quien sospecha que los partidos exceden los topes de campaña de manera rutinaria y que la principal fuente de financiamiento a las campañas en México no son las prerrogativas de ley, sino las aportaciones privadas no reportadas a la autoridad y el desvío de recursos públicos hacia las campañas electorales. El presupuesto de egresos de un año cualquiera es de varios billones de pesos. ¿Cuántos recursos pueden desviarse del gobierno federal o local hacia las campañas?
Para saber a ciencia cierta la gravedad de este problema hace falta una fiscalización exhaustiva y sanciones fuertes.
¿La tenemos? El dictamen de fiscalización habla de sanciones de 394 millones de pesos, equivalentes a 7.6% del financiamiento público a partidos de 2012.
Si el financiamiento público a partidos es superior a los topes de campaña y las sanciones son relativamente bajas, los partidos políticos tienen incentivos claros para buscar fuentes paralelas de financiamiento, no reportarlas y pagar la sanción en caso de que los detecten.
