Por: Andrés Timoteo / columnista
Javier Valdés Cárdenas, es otro periodista víctima de la violencia criminal que azota al país. Fue compañero corresponsal en La Jornada y al igual que Miroslava Breach, asesinada en el 23 de marzo en Chihuahua, su pecado fue informar. Javier no se rindió ante el peligro que presentaba manejar información relativa al narcotráfico que, desde hace décadas, lacera a su natal Sinaloa y que en el último docenio se extendió a todo el País. Se opuso siempre a ceder al miedo que provocan las amenazas, los atentados y el escarmiento sanguinario sufrido por otros compañeros martirizados. “Alguien tiene que contar las cosas”, decía.
Frente a la autocensura de sobrevivencia que escogía el gremio y las empresas periodísticas – pues no se podía publicar en la prensa escrita la mayor parte de información que recababa como reportero- optó por la ficción como vehículo informativo. Javier se volvió escritor y novelizó sus historias. Ese fue el camino para no callar y seguir informando. Publicó varios libros sobre el tema: el narcotráfico y todas sus secuelas sociales. Pero el lunes lo silenciaron, ya no podrá contar historias, no retratará la realidad con ese barniz de ficción. Ya no más.
A Javier Valdés lo vi por última vez a finales del 2011. Valiente por sus publicaciones, era una referencia entre los demás corresponsales de La Jornada. Parecía no tener miedo, parecía haber encontrado la rendija por la cual podía seguir contando historias sin el peligro directo que es hacerlo desde el periodismo. No fue así. La ficción no lo protegió en un País de mata-periodistas, con una clase política podrida y una sociedad autista y malagradecida.
Desde este espacio van las condolencias para su familia y un hasta pronto para el compañero valiente. Su ausencia agranda el desconsuelo entre los suyos, los que osan hacer periodismo en este tiempo proscrito de México. También hay desconsuelo por el homicidio de Héctor Jonathan Rodríguez Cordova, quien fue baleado junto a su madre, la periodista Sonia Cordova en Jalisco. La comunicadora se encuentra muy grave en un hospital.
Ser periodista en México es una sentencia de muerte, lo acaba de decir la directora de Amnistía Internacional (AI), Tanía Reneaum. Grave es también que en el exterior del País se preocupen más por el gremio reporteril diezmando que los mismos mexicanos. El autismo los domina. Del año 2006 -cuando el panista Felipe Calderón declaró su ‘guerra al narcotráfico’- a la fecha, 61 periodistas han sido asesinados, veinte de ellos en Veracruz. En este 2017 ya son seis los colegas abatidos en diversas partes del país.
EL PENDIENTE ODEBRECHT
El pasado 9 de mayo, el Congreso de la Unión envió a los diputados veracruzanos un exhorto oficial para cancelar los contratos que el Gobierno Estatal o los Municipios hayan realizado con la empresa brasileña Odebrecht, cuyo propietario Marcelo Odebrecht, detenido desde junio del 2015, está sentenciado a 19 años de prisión por sobornar a políticos y funcionarios de Brasil, y también a gobernantes de toda América Latina para obtener contratos y canonjías.
Esas coimas también se extendieron a México y en especial a Veracruz, donde los corruptos de Odebrecht se aliaron con los corruptos de la fidelidad para hacer de las suyas. No hay que olvidar los apoteósicos viajes que el innombrable y Javier Duarte hicieron a Salvador Bahía, Brasil para entrevistarse con los directivos de la transnacional y firmar acuerdos de inversiones en Veracruz.
Uno de ellas fue la coinversión federal y estatal por un monto de 5 mil 200 millones de pesos para que Odebrecht construyera el complejo petroquímico Etileno XXI en Nanchital, al sur de la entidad. ¿De cuánto fue el soborno para favorecer a la empresa brasileña? Sin duda, los funcionarios federales se llevaron varios millones de pesos con ese negocio.
Pero a nivel local, la fidelidad –entiéndase, el innombrable- no sólo se embolsó decenas de millones de pesos con esos sobornos sino que por medio de prestanombres creó empresas-pantalla para asociarse con Odebrecht y beneficiarse de los contratos en diversos proyectos. El más evidente fue la privatización del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) que potabiliza y abastece del líquido a la conurbación Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo.
Ahí, Odebrecht se alió con otra transnacional Aguas de Barcelona y una empresa local –presuntamente propiedad del innombrable- y obtuvieron una concesión leonina para apoderarse del SAS y operarlo durante 30 años. El contrato lo aprobaron los diputados de la pasada legislatura y está lleno de ilegalidades. El SAS pasó a ser el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) y es otro de los negocios transexenales de la fidelidad.
En ese mismo chanchullo, el alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil, propietario de la cadena de electrodomésticos Tiendas Contino, habría cobrado jugosos sobornos para ordenar al cabildo la aprobación de dicha concesión pese a las irregularidades legales. Aún más, Poo de plano se erigió como vocero de Odebrecht, lo que hace deducir que las coimas con las que le untaron la mano fueron muy generosas.
Pues bien, pese a que hay cinco diputados locales por la conurbación Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo, ninguno de ellos se ha interesado por el caso, es decir, por exigir la cancelación de esa concesión ilegal. Los legisladores Juan Manuel Unanue, Josefina Gamboa, Mariana Dunyaska, Marco Antonio Núñez, Hipólito Deschamps y Bingen Rementería, todo de extracción panistas, andan ocupados haciéndola de operadores electorales.
A ellos les importa un bledo rescatar un bien común, como es el agua potable, y desbaratar el negocio del innombrable. Ninguno se ha dignado a regresar a la sede parlamentaria para trabajar en la recomendación hecha desde San Lázaro sobre Odebrecht pues ahora lo único que les importa son los votos para su partido.
Un caso similar es con los diputados de la zona centro de Veracruz, donde la empresa brasileña por medio de terceras compañías como Electricidad del Golfo y Conduit Capital Parners, pretende construir la presa hidroeléctrica El Naranal, en Amatlán de los Reyes, desviando el río Blanco hasta 22 kilómetros, con lo que se provocará daño ecológico inestimable. En Zongolica también desde el 2008 se levantó una presa similar por parte de las compañías, Electricidad del Golfo, Asergen y Comexhidro, estás dos últimas ligadas a Conduit Capital Partners y Odebrecht.
La concesión fue otorgada por el innombrable en el 2008 y su construcción provocó un daño ambiental en los municipios de Mixtla de Altamirano, Texhuacan y Zongolica, donde también despojaron a cientos de campesinos de sus terrenos, obligándolos a venderlos a precio de limosna por medio de amenazas y acoso gubernamental.
Pero la zarpa sangrienta de Odebrecht se cebó en Amatlán de los Reyes donde, en agosto del 2013, fue asesinado el activista Noé Vázquez Ortiz, quien lideraba la oposición a la presa El Naranjal. Vázquez fue lapidado por supuestos sicarios enviados por la transnacional. La contratación de matones para amenazar e incluso eliminar físicamente a los opositores a este tipo de proyectos es una práctica recurrente de Odebrecht en toda América Latina.
Pese a ello, el proyecto hidroeléctrico sigue vigente en Amatlán de los Reyes. En Zongolica la represa sigue funcionando, aportando dinero a sus propietarios y ocasionado severos perjuicios ambientales para los pobladores. ¿Y los representantes populares de la región? Los alcaldes han sido cómplices de esos negocios y los diputados de la zona centro están, simplemente, ausentes.
Los legisladores Zenyazen Escobar, Nicolás de la Cruz y Rogelio Rodríguez, de Morena, que tanto escándalo hacen por otras cuestiones, ahora están callados. Seguramente ocupados en cuestiones electorales como sus homólogos porteños. Lo mismo que los priistas Juan Manuel del Castillo y Janeth García Cruz, la panista Dulce María García y el perredista Sergio Rodríguez Cortez. Todos ocupados en otra cosa menos en atender un tema tan importante que tiene que ver con una corrupción atroz.
Los casos anteriores son los más mediáticos, pero no los únicos pues en total hay 112 permisos desde el 2008 para construir presas en ríos veracruzanos –en Jacomulco los lugareños lograron impedir la construcción pero el permiso para las subsidiarias de Odebrecht no ha sido cancelado oficialmente- y todos ellos fueron expedidos por el innombrable, el padre de los corruptos locales.
Tampoco hay que olvidar que así como se hicieron del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) en la conurbación porteña, la fidelidad tenía planeado privatizar los sistemas municipales de agua potable en Xalapa y Coatzacoalcos, así como el Hidrosistema de Córdoba para entregárselos a Odebrecht. El negocio transexenal es en grande, y por eso es necesario que los diputados locales dejen la ociosidad y desquiten el sueldo revisado y cancelando los chanchullos.
LA GUERRA DE LOS KIKIRIS
Por cierto, el diputado perredista Sergio Rodríguez Cortés anda más ocupado tratando de hacerle un juicio de desafuero al oligofrénico fiscal, Jorge Winckler y fastidiando a su excompañero de militancia perredista, Enrique Romero Aquino, candidato “independiente” en Camerino Z. Mendoza, que atendiendo esos asuntos importantes, como se dijo líneas arriba.
En días pasados se publicó en algunos portales digitales que Romero Aquino cobra sueldo en tres plazas magisteriales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), o sea, es aviador, y no ha dado clases en los últimos 15 años, durante los cuales se ha dedicado a la política, claro. Pues ayer, el propio Romero Aquino salió a acusar a Rodríguez Cortes de ser el autor de esas versiones y aunque negó cobrar los salarios, sí reconoció que tiene plazas como maestro.
Caradura como es, Romero Aquino sostuvo que la información sobre sus claves magisteriales es parte de una “guerra sucia” porque lo ven muy adelantado en la preferencia ciudadana y a un paso de hacerse de la alcaldía mendocina. Vaya, esto se llama “la guerra de los kikiris” (el terminó es jarocho y quiere decir “insignificante”, por no decir “jodidos”) pues Romero Aquino jura que va a ganar cuando no tiene posibilidad alguna.
Lo mismo sucede con el empresario Nicanor Moreira, dueño de mueblerías y candidato del Partido Nueva Alianza (Panal) en Xalapa quien denuncia que su campaña en redes sociales ha sido atacada por “hackers”, además que le ‘cristalearon’ un automóvil a uno de sus promotores y le robaron un maletín con información “top secret” de su proyecto electoral, pero el señor está en la quinta posición en la intención del voto, o sea sin posibilidad de victoria.
Y qué decir del priista Luis Diaz Barriga en Córdoba, quien acaba de interponer una denuncia penal contra la panista Leticia López Landero a la que acusa de cooptar a sus promotores e infiltrar su campaña para enterarse de sus estrategias para ganar el voto, conocer la agenda de sus actividades y así detenerlo en su carrera desbocada rumbo a la presidencia municipal.
“¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?”, dice el refrán que aplica a estos candidatos de papel de china que aseguran que ganarán los comicios y por eso juran que son víctimas de sus contrincantes que se sienten derrotados. Vaya que la imaginación es alocada.
