Por: Andrés Timoteo / columnista
La muerte no es lo contrario de la vida sino el fondo sobre el cual la vida adquiere sentido y los rituales funerarios están destinados a afirmar la continuidad de la vida entre quienes permanecen. Aportan, también, un marco simbólico para aceptar la pérdida. Sin embargo, cuando esa dinámica se interrumpe, el golpe es tremendo en las personas y en la comunidad. En México y en Veracruz, esa ruptura es provocada por las desapariciones de personas, cometidas tanto por organizaciones criminales como por los policías o funcionarios públicos coludidos con ellas.
Horacio Riquelme, médico e investigador chileno es uno de los que mejor describen ese agravio: “La desaparición forzada tiene como objetivo, además de la captura de la víctima, la obtención de información bajo tortura y la infracción de un castigo, la creación de un estado de incertidumbre tanto entre los familiares como en la sociedad entera. Los allegados del desaparecido no saben cómo actuar ni a quién recurrir, puesto que dudan de los beneficios de la búsqueda, y participan del terror sembrado por el método que produce un efecto paralizante en toda la sociedad”.
Así, los desaparecidos son un método para sembrar el terror y la parálisis colectiva. Además, el desaparecido no es una simple víctima de la delincuencia o de la violencia política. Tampoco es un simple fallecido porque no hay cadáver que dé certidumbre de su muerte y la posibilidad de un funeral, del duelo y de la aceptación de una ausencia definitiva.
Pese a que los veracruzanos ya están familiarizados con el término “desaparecido” –sobre todo por el manejo mediático- el estudio sociológico del mismo es muy complejo pues el desaparecido no es un preso ni un secuestrado ni un muerto “formal”, es un ser no-vivo y no-muerto. A los verdugos no les basta con asesinar a la persona plagiada –en el argot popular le dicen “levantada”- sino que además se deshacen de sus restos sin informar sobre su destino. Eso aumenta la perversidad y la tragedia social.
La desaparición de las personas y la eliminación de sus cadáveres –los destrozan, los incineran, los deshacen con químicos o simplemente los sepultan en tumbas anónimas- es una degradación de la muerte, despojada de respetos y sin tumba que la ratifique. Es impedir el duelo y perpetuar el dolor a toda la familia y del resto de la sociedad, apunta la escritora argentina Estela Schindel en su libro “Desaparición y Sociedad”, en el que rastrea la concepción del término desde los genocidios pre-cristianos hasta los de nazismo alemán y los de las dictaduras latinoamericanas.
Las reflexiones anteriores sirven perfectamente para comprender lo que sucede en Veracruz, y en especial, el calvario por el que atraviesan los familiares de esas personas ausentes, principalmente las madres veracruzanas que buscan a sus hijos desaparecidos y que el pasado miércoles, 10 de mayo, gritaron por todas partes: “¡No hay nada que festejar ni tampoco hay consuelo!”. La tragedia no sólo es suya sino de todos, sus desaparecidos son los de toda la sociedad. Buscarlos y encontrarlos es un deber comunitario.
Por cierto, en este contexto es un mal augurio –por no decir, un amago abierto-, para todos los que se han organizado con fin de localizar a familiares desaparecidos, el asesinato de la señora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, fundadora del colectivo de Familiares de Desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas, ayer jueves. La activista sufrió la pérdida de una de sus hijas en el 2012, la buscó hasta localizar su cadáver y por indagatorias propias pudo identificar a sus victimarios, integrantes del crimen organizado.
Uno de ellos fue detenido y llevado al penal de Ciudad Victoria pero en marzo pasado se fugó del mismo junto con otros presos. A pesar de que la señora Rodríguez Martínez solicitó protección a las autoridades luego de la evasión del delincuente, no recibió apoyo y ayer jueves fue ‘ejecutada’ presuntamente por órdenes ese mismo sujeto, el autor de la desaparición y asesinato de su hija.
Es a lo que se exponen los familiares de personas desaparecidas, que sean ellos mismos víctimas de atentados porque buscar a una persona ausente conlleva a exhibir las pruebas de un crimen y obligar a investigarlo. Son personas incómodas para los delincuentes y para las autoridades coludidas. Ahí hay una señal de alerta que resuena hasta Veracruz donde los activistas han destapado las fosas clandestinas más numerosas de todo el país.
LA PERDICIÓN DEL PEJE
En la guerra política, muchas de las batallas perdidas tienen que ver con la familia, dicen los avezados. Así como se tienen esposas, hijos o padres que causan escándalos en perjuicio de los dedicados al servicio público, también hay cuñadas incómodas y una de ellas acapara los reflectores actualmente: Carol Jessica Moreno Torres, pareja sentimental de Arturo López Obrador, uno de los hermanos del dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Arturo López radica en Veracruz y en el último tramo del duartismo su concubina, Moreno Torres, fue nombrada oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), es decir la responsable del dinero en una de las dependencias que recibe mayor presupuesto. Estuvo al frente de esa oficina cinco meses, del 25 de febrero al 25 de julio del 2016, periodo que coincidió con el proceso electoral para renovar la gubernatura.
Siempre se especuló que la llegada de la señora Moreno Torres a la SEV tenía un tufo de acuerdo entre el entonces gobernante Javier Duarte de Ochoa con líderes del Movimiento Regeneración Nacional. Ahora, esa sospecha se volverá acusación real pues la Contraloría General del Estado acaba de interponer una denuncia penal contra la exfuncionaria, a la que acusan de desviar 80 millones de pesos.
La intención es clara: si ese dinero fue a parar a Morena como parte del mecanismo del financiamiento que desde Palacio de gobierno le dieron a los candidatos de ese partido, especialmente a Cuitláhuac García quien contendió por la gubernatura el año pasado, la querella buscará comprobar la especie. No se sabe que tanto alcance legal tenga para fincarle una responsabilidad penal a Moreno Torres o más aún, para demostrar que esos recursos tuvieron un destino político-electoral, pero si se buscará hacer el mayor daño mediático posible.
Por eso ya comenzaron los deslindes. Arturo López Obrador, empresario constructor –y quien también habría recibido contratos de obra del gobierno duartista- ayer se deslindó de su expareja, la desconoció, negando que continúe con la relación sentimental y a la vez, la desligó de su hermano, el dirigente de Morena, pese a que el mismo tabasqueño lo desconoció el año pasado cuando ofreció su apoyo al priísta Héctor Yunes Landa. “Yo ya no tengo esos hermanos”, le espetó Andrés Manuel en mayo del 2016.
Ayer también, Andrés Manuel López Obrador, quien inició una gira de cuatro días por Veracruz, trajo a la entidad un arma para la nueva escaramuza con el gobernador Miguel Ángel Yunes: la famosa “carpeta azul” que contiene, según él, al menos dos denuncias penales contra el mandatario estatal por enriquecimiento ilícito y el listado de sus propiedades inmobiliarias tanto en México como el extranjero. “Eso demuestra que Yunes es tan corruto como Duarte”, lanzó desde Pánuco, al norte de la entidad.
Es, obviamente, un intento de El Peje para chisparse de una supuesta cercanía política y financiera con Duarte de Ochoa en el contexto de la famosa alianza PRIMOR (PRI-Morena) o DUARPEJE (Duarte-Peje), pero a nivel local ya le tienen preparado un segundo banderillazo con la ‘cuñada de la discordia’ y el propio Yunes Linares anticipó que hará público un documento que comprueba que las relaciones entre el tabasqueño con su hermano Arturo y su cuñada Carol Jessica no eran lejanas sino al contrario, de estrecho afecto.
Es un hecho que la denuncia penal contra la señora Moreno Torres será de alta prioridad para la Fiscalía local y con la posibilidad que el caso sea atraído por la Federación- en el entendido de que parte de los recursos manejados por la SEV vienen de ministraciones federales- no por el delito mismo sino por la utilidad electoral del expediente, apetitoso para zarandear mediáticamente a López Obrador.
Lo mismo con el caso de la diputada Eva Cadena Sandoval que ya tiene peticiones de desafuero desde tres ángulos: la Fiscalía del estado, la fracción legislativa de Morena –los suyos que se volvieron caníbales- y la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR que ayer jueves hizo la solicitud en San Lázaro –no en el Congreso Local- para retirarle el fuero a la excandidata a la presidencia municipal de Las Choapas.
Es el otro martillo contra el tabasqueño que tendrá un amplio uso hasta el 2018. Imagínense que, sentada en el banquillo ministerial, la diputada Cadena Sandoval declare haberle entregado el dinero de los sobornos al propio López Obrador y ser, efectivamente, una “recaudadora financiera” de Morena con esos métodos ilegales. Vaya que los malquerientes de El Peje se frotan las manos ante tal festín.
Y finalmente, algo que no debe pasar desapercibido. Los tres mazazos que ahora tienen a López Obrador a la defensiva han sido propinados desde Veracruz. El video-escándalo de Eva Cadena, el acuerdo para entregar 2.5 millones de pesos cada mes a Morena teniendo como pretexto el no cierre de las válvulas de la presa Yuribia de Tatahuicapan, y en el que intervino la también diputada local, María del Rocío Pérez, y ahora la denuncia contra la ‘cuñada incómoda’, Carol Jessica Moreno Torres por desviar 80 millones de la SEV.
No cabe duda que la perdición para El Peje tiene nombre de mujer, al menos hasta el momento.
