En los últimos meses los poderes Ejecutivo y Legislativo federales han concentrado la atención pública. Desde el primero de septiembre de este año, fecha de inicio de los trabajos de la LXII Legislatura, la relación entre ambos Poderes de la Unión ha registrado un importante cambio, el cual además se ha dado, más allá de lo político y mediático, bajo un renovado interés por parte de organizaciones ciudadanas, académicos, especialistas, empresarios, trabajadores, amas de casa, estudiantes, entre otros. Son varias las razones que explican tal cambio y protagonismo.
La instalación de una nueva legislatura trae consigo un renovado espíritu que alienta las posibilidades de destrabar las iniciativas pendientes y de ir por más reformas, las que necesitamos para lograr el país que todos queremos. Aunado a ello, contar por un lado con un presidente comprometido con trabajar hasta el último minuto de su mandato en favor de dichas transformaciones y, por la otra parte, con un presidente electo que ha mostrado voluntad de ir en la ruta del cambio, son factores que contribuyen a alinear voluntades e intereses en esta dirección.
En este encuadre, la existencia de nuevos mecanismos como la figura de iniciativa preferente han permitido que más allá del grado de voluntad y compromiso de unos y de otros con la transformación de México, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo sea no sólo más productiva sino también más abierta y transparente frente a sus representados, sus ciudadanos.
Más allá del ruido mediático y político sobre la figura de iniciativa preferente y sus alcances, lo cierto es que nuestro entramado institucional ahora cuenta con un mecanismo, propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso, para impulsar, más allá de los buenos deseo, los cambios urgentes que requiere México.
Utilizando este mecanismo, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso dos iniciativas: la dirigida a modernizar nuestra añeja legislación laboral y la Ley General de Contabilidad Gubernamental para que los gobiernos estatales sean más transparentes y rindan mejores cuentas sobre el manejo de los recursos públicos. La primera está por aprobarse en la Cámara de Diputados y la segunda ya ha sido aprobada por ambas cámaras. Además, el escrutinio mediático y ciudadano ha sido ininterrumpido, implacable durante todo el proceso legislativo de las iniciativas preferentes propuestas por el Ejecutivo federal. Como nunca antes conocemos las posiciones de los partidos políticos y de cada fracción parlamentaria, sus argumentos e intereses. Y todo esto ha sucedido en tan sólo unas pocas semanas. Ahora, gracias al mecanismo de iniciativa preferente, el ciudadano observa y presiona, el Ejecutivo propone y el Legislativo analiza y aprueba o desecha en un plazo determinado y sin recurrir a la llamada congeladora para enfriar iniciativas, voluntades, ímpetus y/o críticas.
Ante este panorama, soy optimista. Los legisladores tenemos en nuestras manos un mecanismo que nos permite superar los enredos de nuestro complicado esquema institucional así como los intereses coyunturales y aprobar las transformaciones que le urgen al país. La figura de iniciativa preferente ha abierto una nueva relación entre los dos Poderes y marca el camino para, juntos, transformar a México bajo una dinámica de resultados claros a los ojos de los ciudadanos, quienes ahora tendrán mayor información para evaluar el desempeño de los legisladores en temas prioritarios para todos.
Así, la iniciativa preferente está destinada a ser un referente no sólo de la modernización de la relación entre Ejecutivo y Legislativo, sino también de la amplitud y profundidad del cambio que cada Poder propone e impulsa, más allá de los colores partidistas, para elevar el bienestar de los mexicanos.
Diputado federal por el PAN
