Por: Miguel Ángel Cristiani González
Acostumbra decir nuestro amigo Pancho López, el filósofo de mi pueblo, que en una democracia —donde no se “cañonea” a los Diputados con maletas de dinero— una cosa es lo que propone el llamado Poder Ejecutivo y otra muy distinta lo que aprueba el Poder Legislativo.
Estábamos acostumbrados a ver cómo los y las señoras Diputadas en el Congreso Local autorizaban sin chistar cuanta iniciativa les mandaba el Gobernador del Estado y se sospechaba que no era gratis, sino a cambio de jugosas prevendas.
Precisamente en la pasada Legislatura los y las se fueron cargados con numerosas concesiones de taxis, se asegura por ejemplo que un Diputado de un municipio serrano, recibió 300 juegos de placas.
Pero el caso es que el pasado jueves, los actuales Legisladores aprobaron por mayoría de votos el Dictamen de Decreto que reforma la Ley de Tránsito y Transporte, así como al Código de Derechos, que prevé el reordenamiento del transporte público en la Entidad, con un padrón actualizado de conductores y diversas disposiciones encaminadas a mejorar las vías y sistemas de transporte en el Estado.
Ya desde el pasado 14 de febrero —fecha emblemática del Amor y la Amistad— el Gobernador del Estado nos había anunciado en una conferencia de prensa, su decisión de enviar una iniciativa al Congreso para poner orden en el transporte público estatal, lo que implicaría, entre otras cosas, el regularizar todos los taxis que andan circulando con un permiso provisional, pero que nunca les entregaron las concesiones y juegos de placas.
En ese desorden, hay vehículos que prestan el servicio en las tres modalidades, urbana, rural y mixta, ya que se otorgaron concesiones sin considerar que el posible concesionario tuviera las cualidades técnicas para su desempeño, ni se analizaron rutas de transporte urbano, lo que congestiona las vías de comunicación de la Entidad, afecta a la calidad del transporte y a los propios concesionarios, pues genera competencia desleal.
Otro aspecto fundamental es el de sacar de circulación a todos esos camiones del servicio urbano y rural que se encuentran en pésimas condiciones, para ello se propone promover sistemas de transporte público e impulsar la renovación del parque vehicular, para superar una problemática que se ha venido agravando.
La iniciativa del Ejecutivo del Estado observa que la seguridad pública de los veracruzanos también se vio afectada, pues muchas concesiones han caído en manos de la delincuencia organizada, ya que se ha detectado la participación de algunas unidades prestadoras del servicio en la comisión de hechos ilícitos, lo que hace necesario mejorar el control de los registros de concesionarios y conductores.
Pero resulta que como bien dice Pancho López, una cosa es lo que propone el Ejecutivo y otra muy distinta la que aprueba el Legislativo.
Porque no se incluyó en las reformas nada de modernizar las unidades de transporte, mucho menos de combatir el acaparamiento de concesiones —un mismo sujeto podrá tener hasta cinco ¿Pues a qué horas va a trabajar todos esos turnos?— por eso la revisión de las rutas de transporte urbano es tan urgente.
Lo que sí se aprobó, fue el punto de mejorar la seguridad de los usuarios del transporte, para lo que el Gobernador del Estado propone obligar a los concesionarios a instalar dispositivos electrónicos de alerta del pasajero en las unidades que presten el servicio, para prevenir las agresiones a éstos, especialmente a mujeres.
Aunque ello significará un costo extra para los concesionarios del transporte, porque además del equipo electrónico se tendrá que contar con un GPS y comunicación satelital, aunque ya veremos si se instalan los aparatos, pero simplemente se desconectan o no funcionan y entonces valen pa pura….
Por lo pronto, las iniciativas del Gobernador del Estado no pasan como las envía al Congreso, en donde ante la ausencia de un liderazgo efectivo, los y las Diputadas de oposición, en este caso los del PRI, le enmendaron la plana, para quedar solamente en una enumeración de buenos deseos.
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