POR: José Buendía Hegewisch / Columnista
La mayor tumba clandestina del país hallada en Veracruz, con más de 250 cráneos humanos, es un espejo fiel de la profunda depresión de las instituciones del Estado. Un enterramiento de la autoridad local por inhibición de funciones síquicas y trastornos neurovegetativos que ocasiona abrir los dominios al crimen organizado. Un síndrome que acaba por padecer cualquier gobierno que acepta el dinero de cárteles para financiar campañas electorales, consolidar poder o enriquecerse, junto con la corrupción que, coincidentemente, se señala de las últimas administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte. Un agujero negro que absorbe la materia de la democracia, aunque Veracruz está en campaña.
La fosa data de los últimos años del gobierno de Herrera (2004-2010) y los primeros de Duarte (2010-2016), cuando ocurrió el torbellino de secuestros de migrantes en el estado, nos asegura el padre Alejandro Solalinde. Eso se sabía —enfatiza— “y hay más, al menos, dos cuevas con restos humanos. Diversos testimonios de operadores de los Zetas y de las víctimas los vinculan al plagio de migrantes”. Por su parte, el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, ha explicado que “durante muchos años, los cárteles de la droga desaparecieron personas y las autoridades se mostraron complacientes”, antes de que familias de víctimas le recriminaran querer adjudicarse el mérito de la búsqueda del cementerio del Puerto, donde habrá elecciones municipales en junio próximo al igual que en otros 211 municipios.
Veracruz, el tercer estado con el padrón más grande del país, está en campaña electoral cuasi permanente. El gobernador Miguel Ángel Yunes prometió en campaña meter a la cárcel al hoy exgobernador prófugo, Duarte, y “cimbrar” a México con revelaciones sobre corrupción, pero ha tenido que conformarse con una endeble acusación para llevar a prisión al exgobernador interino, Flavino Ríos. Yunes sigue en campaña porque tras las municipales inicia el relevo de su administración, que concluye en 2018 en concurrencia con las presidenciales.
Y los restos humanos, como corrobora Winckler, no son recientes y muchos de ellos serán difíciles de identificar porque a los cuerpos de migrantes no se tomaban huellas dactilares antes de enviar a la fosa común. Pero sus señalamientos apuntan a los gobiernos priistas que, como el de Duarte, se jactaban que la violencia en el estado había dejado las balaceras y homicidios para pasar a robo de frutsis y gansitos, también en clave electoral. De lo que sí no puede presumir ninguno es de reducir la inseguridad, la investigación de 17 periodistas asesinados y la desaparición de más de dos mil 750 personas desde 2010. Muchos menos del hallazgo de la enorme fosa.
Un último informe de la organización International Crisis Group advierte que “Veracruz se ha convertido en sede de crímenes de lesa humanidad”, es decir donde se cometen ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil y con conocimiento por parte de actores estatales. Esta clase de diagnósticos fueron rechazados por Duarte y no merecen mayores acciones de Yunes, que también parece contentarse con ver a su procurador declarar que Veracruz es “la fosa común más grande de México”. ¿Y luego, qué sigue?
Desde las ONG a las víctimas le han pedido una comisión de la verdad con investigadores independientes, pero Yunes parece concentrado en consolidar su poder de cara a los próximos comicios con golpes publicitarios o politizar la bancarrota de las arcas estatales por la negativa del Congreso a reestructurar la deuda. Mientras sigue, igual que sus antecesores, la política de “ni los veo ni los oigo” respecto a las víctimas, como muestran sus primeras declaraciones sobre la fosa en el municipio que gobierna su hijo en el Puerto cuando dijo que los cuerpos eran de criminales. ¿Otro expediente cerrado?, pero él sigue en campaña.
