Explicaba el abad Emmanuel Sieyès que la base de la democracia se encuentra en la categoría de la soberanía nacional. Esto significa que la soberanía reside no sólo natural, sino esencialmente en el pueblo. Esta diferencia, aparentemente intrascendente en términos lingüísticos, resulta elemental para las constituciones políticas contemporáneas.
A diferencia de Rousseau, Sieyès comprendió que la cuestión más relevante para un régimen republicano se encuentra en la noción de la confianza. Ahí es donde la diferencia conceptual señalada cobra mayor relevancia porque, al asumir que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, es posible conceptualmente hablar de que aquél deposita su confianza en representantes que participan, con voz y decisión soberana, en el Parlamento.
De lo anterior se deriva, por ejemplo, el hecho de que las y los diputados y senadores en el Congreso representan no a sus distritos electorales o entidades federativas, sino que son, literalmente hablando, representantes de la nación.
El principio de las elecciones busca entonces sancionar o ratificar la confianza que el pueblo deposita en sus representantes o gobernantes. Si hay una buena gestión del gobierno, y la creación de leyes justas, la votación generalmente ratifica la opción; cuando no es así, se rechaza a los políticos que no cumplieron con las expectativas ciudadanas.
Todo esto es relevante porque si algo está fracturado en México es precisamente la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes. Todas las encuestas que hay al respecto muestran que los políticos en general, y que los diputados y senadores en particular, se encuentran entre los personajes con mayor nivel de rechazo popular.
Lo anterior tiene pleno sentido, si se consideran los datos que existen sobre la corrupción en el país: de acuerdo con diversos estudios, en México se cometen al año 2.1 actos de corrupción per cápita, es decir, 245 millones de actos de corrupción, la mayoría cometidos en el ámbito de los gobiernos locales.
Los costos económicos que esto provoca son mayúsculos; de acuerdo con Transparencia Mexicana, el costo de la corrupción en 2010 superó los 32 mil millones de pesos; es decir, una suma casi equivalente al presupuesto anual del programa Oportunidades.
Al respecto, si algo debe entenderse es que no habrá desarrollo social ni económico posible si no se erradica con rapidez éste que, de acuerdo con la visión del doctor Jesús Kumate, es el mayor mal que aqueja al país.
En efecto, no se pueden construir mercados locales eficientes si las autoridades municipales y estatales continúan cobrando mordidas por cada trámite de apertura de negocios; por autorización de usos de suelo que incrementan el desorden urbano; si cobran el diezmo por asignación de obras y contratos de consultoría y prestación de servicios.
Tampoco podrá disminuirse la violencia, tanto del crimen organizado como del orden común, si la corrupción imperante sigue inhibiendo la denuncia ciudadana y permitiendo la impunidad de los delincuentes la cual alcanza, según los datos del INEGI, casi 90% respecto del nivel de victimización identificado en el país.
Reconstruir la confianza ciudadana requiere el fortalecimiento del marco jurídico para la transparencia y la rendición de cuentas; de sistemas institucionales más eficientes; pero sobre todo, de una renovación ética de quienes tienen la responsabilidad de gobernar y legislar porque, sin ello, la viabilidad de la democracia estará siempre comprometida.
*Director del CEIDAS, A. C.
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