Javier Beristain Iturbide creó un grupo con el afán de enaltecer el debate, clarificar ideas y hacer propuestas. En su XI sesión, efectuada la semana pasada, fui distinguido para participar en una mesa sobre el Pacto por México y las reformas estructurales, donde hice algunas reflexiones:
No considero al Pacto por México como un documento de enorme trascendencia en la historia reciente del país. Las reformas más profundas se realizaron de 1988 a 1994, en mucho por la sensibilidad y responsabilidad del PAN, representado por don Luis H. Álvarez, Carlos Castillo Peraza y Diego Fernández de Cevallos, quienes tenían claros principios y doctrina, y estaban empeñados en lograr reformas útiles. Menciono las más relevantes:
1. Devolver la banca a manos privadas y dar autonomía al Banco de México. Esto explica el fortalecimiento de nuestro sistema bancario y financiero, hoy por hoy una de nuestras ventajas comparativas.
2. Terminar el reparto de la tierra y abrir la posibilidad de la escrituración en propiedad de los ejidos, acabando con una política social malentendida que destruyó riqueza y repartió miseria durante varios sexenios.
3. Aprobar el TLC con Estados Unidos y Canadá.
4. Terminar con la relación hipócrita Iglesia-Estado y permitir la educación religiosa en escuelas particulares.
5. Hacer reformas políticas que impulsaron la transición a la democracia.
El éxito alcanzado con esas reformas se derivó de analizar cada iniciativa en sus méritos.
No es bueno apostar a reformas integrales; son más factibles las de mejoramiento gradual. Incluir en el Pacto todas las propuestas contamina, pues reformas valiosas son obstruidas por otras en donde no hay convergencia.
Las reformas alcanzadas en las legislaturas LIX y LX avanzaron lentamente en medio de intensas negociaciones y grandes debates. El PAN entonces respondió con altura de miras y dándole preeminencia al interés nacional. En contraste, en el colmo de las mezquindades, los partidos de oposición no le dieron margen de maniobra a las administraciones panistas. De hecho, la mayor parte de lo ahora propuesto corresponde a iniciativas ya antes presentadas.
Existe un derecho consuetudinario y uno deliberado. El primero, a pesar de ser considerado conservador, avanza al ritmo de las costumbres y lo que la realidad demanda. El segundo, si carece de un Poder Legislativo sensible y responsable, puede propiciar normas jurídicas obstruccionistas. Los artículos constitucionales de derecho económico, ideados para fortalecer la soberanía, están frenando a nuestras empresas públicas y propiciando una mayor dependencia. Decir hoy que el correo es un área estratégica evidencía la negligencia de quienes tienen el deber de presentar iniciativas.
La falla central de nuestro sistema radica en dos aspectos en los que el Pacto es omiso: un Poder Legislativo ineficiente, derivado de la no reelección legislativa inmediata, el aumento del número de diputados y los senadores de representación proporcional. La función de control es la más importante en un Congreso: contrapeso, rendición de cuentas, transparencia en el ejercicio del poder. Las asambleas son útiles para legitimar y difundir las leyes, no para hacerlas; éstas deben provenir del gabinete. Un ministro en un régimen parlamentario tiene mayor poder para impulsar sus reformas que un Presidente sin mayoría en las Cámaras.
También es omiso el Pacto respecto a nuestro disfuncional federalismo. Es preciso revisar el artículo 124 Constitucional que deslinda las áreas de competencia.
Una democracia exige un Congreso de calidad y en eso los partidos tienen una gran responsabilidad. Esfuerzos como el de Huatusco deben ser frecuentes para contribuir a que lo necesario se haga posible. Esa es la bien entendida política. Como bien declaró José Miguel Insulza, el “milagro chileno” se debió a la madurez de su clase política.
