México, D.F.- El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, culpó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) de desplegar una campaña de desprestigio y descalificación y de emplear las instituciones y leyes penales con un ánimo persecutorio en su perjuicio.
Asimismo, subrayó que no dio lugar a tramas financieras o empresariales que fueran el medio para la realización de conductas perjudiciales del patrimonio público de Tabasco.
En su declaración por escrito presentada a la Procuraduría General de la República (PGR), comentó que el PRD, de acuerdo con su naturaleza y fines, tiene propósitos definidos de permanecer en el ejercicio del poder estatal, en perjuicio de la alternancia política.
“Por esta razón, de manera inmediata a la asunción del poder por parte del gobernador en turno (Arturo Núñez) se ha desplegado una campaña de desprestigio, descalificación que ha tenido una buena divulgación en los medios de comunicación social. A la par, se ha hecho un empleo de las instituciones y leyes penales con un ánimo persecutorio en mi perjuicio.
“Por otra parte, a los acusadores e investigadores, se les escapan varios hechos cuando comparecen ante los medios de comunicación social y que confirman que yo no he realizado conductas típicas ni delictuosas”, explicó.
En su declaración entregada ante la Unidad de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la cual fue difundida por su equipo de abogados que encabeza Eduardo Luengo Creel, el ex gobernador detalló:
“…por razones históricas, teóricas, ideológicas y de práctica política, el PRD ha representado una oposición sistemática, consistente que se expresa en acciones muy concretas y en señalamientos que considera definitivos para atacar o desprestigiar al Partido Revolucionario Institucional: esta ha sido una práctica sistemática de esta corporación política en la oposición”.
Andrés Granier enfatizó que respecto a las atribuciones que “se me formulan todos los actos que realicé como gobernador estaban sujetos –como suprema expresión de un Estado de Derecho- a los controles difuso, convencional y constitucional que impiden la arbitrariedad, la injusticia y la inmoralidad pública”.
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