¿Cuál es la diferencia entre la estrategia contra el crimen organizado del gobierno federal y la que aplicó durante la administración anterior?
Esa es la pregunta que se hacen obsesivamente—y con razón— especialistas, organizaciones no gubernamentales, víctimas del delito y medios de comunicación.
Hasta ahora, la respuesta es una incógnita. ¿Cómo encontrar grandes diferencias cuando las Fuerzas Armadas siguen desempeñando un rol fundamental en la contención de los delincuentes, cuando la violencia de éstos sólo ha descendido marginalmente y cuando el gobierno no ha logrado apegarse del todo a su intención de renunciar a la presentación pública de presuntos capos detenidos?
Lo cierto es que la parte de la estrategia que sí podría marcar un giro en el combate a la criminalidad y la reducción de los asesinatos aún está en la incubadora. Lleva meses afinándose, pero pronto podría estar desplegando todo su potencial.
Me refiero al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, instrumento cuyo objetivo es hacer realidad el ofrecimiento presidencial de lograr un “México en paz” por la vía de “prevenir los factores de riesgo asociados a la generación de estos fenómenos (la violencia y la delincuencia) por medio del mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y culturales de la población”.
El responsable del programa es Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación, quien despacha en una oficina de la Zona Rosa, ubicada a sólo seis cuadras de donde una docena de jóvenes fueron sustraídos el 26 de mayo pasado.
En una oficina austera, con vista a la Bolsa Mexicana de Valores, el ex candidato presidencial pasa revista a los convenios suscritos con los gobiernos estatales para la aplicación de fondos aprobados por la Cámara de Diputados.
Han sido meses de negociaciones con gobernadores, presidentes municipales y jefes delegacionales, quienes, en algunos casos, han visto estos recursos federales como la oportunidad de incrementar su presupuesto, olvidando el objetivo fundamental del programa.
“Me reuní hace poco con un alcalde, quien quería financiar plantas de bombeo de agua con estos recursos. Cuando le pregunté que por qué bombas de agua, me dijo que porque la lucha por el agua en su municipio a menudo provoca violencia. ‘Sácate’, le dije —me llevo bien con él, fuimos diputados en la misma Legislatura—, ‘tú paga las bombas’”.
Aun así, Campa se siente satisfecho con el trabajo hecho en los estados, base para lanzar el programa, que en un mes estará operando, dice, al 100% en 220 polígonos identificados a nivel nacional como zonas de alta incidencia delictiva provocada por un grave deterioro del tejido social. Son zonas donde vive, en conjunto, poco menos de 4% de la población del país.
Cuando le pregunto, con sorpresa, por qué el barrio de Tepito no está contemplado en el programa, me responde que los indicadores utilizados llevaron a elegir siete polígonos en el Distrito Federal, dos en Iztapalapa y cinco en Gustavo A. Madero.
“Tepito no estaba entre los peores casos de violencia y deterioro social cuando estudiamos los datos. Este año trabajaremos en esos siete polígonos del DF, pero el año que entra probablemente revisemos la lista en función de las necesidades”.
El programa, informa el subsecretario, es “un esfuerzo de coordinación de los tres órdenes de gobierno, la ciudadanía, los Poderes de la Unión, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada e incluso instancias internacionales”.
Aunque apenas se comenzará a aplicar el grueso de los dos mil 500 millones de pesos presupuestados para el programa, en algunos de los polígonos varias secretarías de Estado ya han estado ejerciendo gasto y entidades privadas realizan donativos para apoyar las labores de prevención.
Es el caso del polígono Petaquillas, en el puerto de Acapulco, donde la Sedatu está revitalizando el Centro Histórico, la SCT provee internet gratuito en espacios públicos, la SEP organiza talleres de iniciación artística, Sedesol está recuperando playas y áreas verdes, Banobras financia la reparación del alumbrado público, y la Fundación Telmex tiene a su cargo un torneo de futbol.
–¿Estás consciente del peso que cargas sobre los hombros?– le pregunto a Campa. Si fracasa este programa, si no hay resultados, el factor diferenciador de la estrategia de este gobierno respecto de la del gobierno anterior se habrá esfumado…
–Lo sé, pero quiero ser honesto: el gobierno anterior estaba haciendo algunas de las cosas que queremos hacer, aunque de forma descoordinada. Nosotros estamos retomando ejemplos nacionales e internacionales de recuperación del tejido social y le estamos añadiendo coordinación. Pero no sólo eso: habrá medición de resultados y auditoría.
–¿Auditoría? ¿Quién va a auditar? Me imagino que te debe preocupar que muchos de los alcaldes con los que arrancas el proyecto terminarán su gestión en muy poco tiempo. ¿No son estos recursos frescos una enorme tentación para ellos?
–Desde luego, me preocupa. No puedo revelar el nombre del auditor, porque lo vamos a dar a conocer públicamente en muy poco tiempo, pero te aseguro que va a ser muy bien recibido. Se trata de una persona muy reconocida por su honestidad y rigor. En cuanto a la medición de resultados, lo hará INEGI.
–Te van a decir que pintar bardas y sembrar plantas e incluso proveer internet gratuito no es un verdadero esfuerzo de recuperación de un entorno social deteriorado. Dame un ejemplo concreto de algo novedoso que vaya a incidir en la reducción de la violencia en estos polígonos.
–Lentes…
–¿Cómo?
–Es muy sencillo: una parte fundamental de este esfuerzo es mantener a los niños en la escuela. ¿Sabías que muchos niños abandonan la escuela por deficiencias visuales? Son niños que tienen problemas de aprendizaje sencillamente porque no ven bien. Esta situación les provoca una gran frustración, no avanzan en el proceso de aprendizaje e incluso son objeto de bullying porque les llaman “tontos”.
“Vamos a tratar de cambiar eso. Creemos que hay unos 600 mil niños que requieren de lentes y no los tienen. Son datos de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor. Ellos van a poner la tercera parte de los recursos para dotar a esos niños de lentes; el gobierno federal pondrá otra tercera parte, igual que las autoridades locales.
“También vamos a poner cuatro mil escuelas de tiempo completo en las zonas que atenderemos. Esto ya lo anunció la SEP”.
–¿Y los resultados, en cuánto tiempo?
–Cuando intervienes positivamente en un lugar, los resultados se empiezan a sentir allí de inmediato, pero para que esto tenga efectos a nivel nacional y se note en los indicadores, las experiencias nacionales e internacionales nos dicen que puede tomar de 14 a 16 meses.
De 14 a 16 meses, casi año y medio. Puede ser un mundo de tiempo, una eternidad en un entorno económico inestable y cuando ya hemos visto que la percepción de inseguridad en un estado o una ciudad se puede voltear en un fin de semana.
Aun así, este programa parece la oportunidad de abordar el tema de la violencia con un enfoque nuevo. Si hemos sido críticos del esquema puramente punitivo, si hemos visto que eso por sí mismo no reduce significativamente la cifra de asesinados y desaparecidos ni crea la sensación de mayor seguridad en las calles y carreteras del país, quizá vale la pena apostar a algo que acerque a las autoridades y ciudadanos que han vivido por años, incluso décadas, en el abandono, en lugares cuyas condiciones de pobre integración los hacen focos de la criminalidad.
Yo le deseo éxito al programa que encabeza Roberto Campa. Y si fracasa, que no sea por falta de presupuesto, por mezquindad política o por autocomplacientes evaluaciones a modo.
