A dos días del apagón analógico en Tijuana, en Mexicali, Adrián Alcalá Méndez, rendía su informe anual como titular del órgano garante de la transparencia del estado de Baja California.
Mientras la Cofetel suprimía la señal informativa de los televisores analógicos en Tijuana, el presidente del Instituto de Acceso a la Transpararencia, información y tutela de datos personales de Baja California, advertía los enormes retos que en materia de acceso a la información pública se deben mantener por el nuevo gobierno local emanado de los comicios del próximo 7 de julio.
En términos informativos, el apagón analógico hizo girar al país en torno a Tijuana por los muy diversos efectos que ese reto tecnológico nacional supondrá cuando ocurra en todo el país.
Paradójicamente, el apagón propició que aún involuntariamente hubiera transparencia con relación a irregularidades, ahora se sabe que el acuerdo original del 2004 preveía que el apagón fuera hasta el 2021 y que tendrían que mediar múltiples acciones de adaptación a la era digital, por ejemplo haberse prohibido -años antes- la venta de televisores analógicos y la entrega o donación de los decodificadores que para tal efecto requieren tener los que aún no tienen o pueden tener un televisor digital.
Además que hubo encuestas de dudoso rigor y neutralidad que empujaron a los comisionados de la Cofetel a autorizar la “hazaña”.
También se evidenció que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal no estaba lo suficientemente informada de los alcances y daños colaterales del apagón analógico, del porcentaje de afectados y por ello intervino y lo pospuso hasta el 2015.
La desaparición adelantada por decreto de los televisores analógicos (convertidos en basura tecnológica ipso facto) fue una torpe medida.
En un país en el que la televisión es un refugio existencial ante los males y las carencias cotidianas, la proporción de las familias que quedaron excluidas por no tener el equipo moderno, o poder pagar la suscripción a la televisión privada, de un momento a otro se fueron al abismo de la incomunicación.
El IFAI comenzó su labor en 2003, seguido de los similares de las otras 32 entidades incluido el Distrito Federal.
Curiosamente, Baja California fue el último de los estados en que se instaló un órgano de la transparencia pública (junio de 2011), un organismo autónomo con la competencia para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las burocracias locales y municipales.
Al margen de los resultados electorales de julio de 2013, ojalá que nada ni nadie frene la gran misión del instituto de transparencia de Baja California.
