Por: Andrés Timoteo / columnista
En plena fiesta de la Virgen de la Candelaria se conoció que el impresentable exgobernante de Veracruz preparó ‘tamales’ con el fin de escaparse de la justicia. Según el periódico El Financiero, el innombrable solicitó un amparo a la justicia federal para no ser detenido en el momento en que avancen las investigaciones por el uso de medicamentos falsos en enfermos de cáncer –y otras que están en curso por el desvío de miles de millones de pesos-, pero hizo la petición ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México y no en Veracruz.
No obstante, como dice el refrán, “al que obra mal se le pudre el tamal” y el Juez mexiquense se declaró incompetente para atenderlo y lo envió a un Juzgado en Veracruz. Así, se confirma que al innombrable le tiemblan las corvas de miedo porque tarde o temprano tendrá que ser presentado ante un Ministerio Público para que responda por sus iniquidades y que eso de que regresaría a Veracruz para hacer frente a las acusaciones fue otra “fideliña”, es decir, otro embuste como los que acostumbraba hacer cuando estaba “en la plenitud del pin… poder”.
El trámite jurídico lo hizo fuera de Veracruz porque no piensa poner un pie en territorio Estatal a sabiendas que se arriesga a ser arrestado. Destapado el “tamal”, ahora tendrá – si es que ya no lo hizo- acudir a un Juzgado localizado en Veracruz para protegerse. También es la segunda vez que el innombrable se ampara contra los procesos penales que interpone –y documenta- el Gobernador panista, y que lo ponen con un pie tras las rejas.
No hay que olvidar que en junio de 2009, el innombrable y otros trece de sus funcionarios promovieron sendos amparos ante un Juzgado de Distrito para no ser detenidos por usar recursos públicos para costear a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante las campañas electorales del año 2007. En ese entonces también había materia penal suficiente para procesarlos pero, al final de cuentas, la Federación los protegió pese a que había un Gobierno panista que encabezaba Felipe Calderón.
Y vaya que es útil la terca memoria en casos como éste, porque muchos de los que se ampararon en aquel entonces, hoy también están rumbo a la picota y, ¡sorpresa!: algunos de ellos dieron la voltereta para colocarse del lado de antiguos enemigos. Tal es el caso del sureño Edel Álvarez Peña, amparado en el 2009 cuando era director general de Notarías y ayudó al fraude electoral del 2007 que renovaron las 212 Alcaldías y el Congreso Local.
En esos giros de la veleta política, hoy Álvarez Peña es presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), arropado por el Ejecutivo Estatal, quien hace ocho años pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) encarcelarlo por participar en el desvío de fondos públicos para apoyar al tricolor. No cabe duda que los caminos de la política –y la conveniencia- son bizarros en muchas ocasiones.
Otro de los integrantes de aquella banda que se amparó en el 2009 fue el exGobernador, quien era secretario de Finanzas en el año 2007, pero al momento de solicitar la protección de la Justicia Federal estaba como candidato a la Diputación Federal por Córdoba. Actualmente no se le encuentra, está desaparecido desde el 14 de octubre del año pasado.
En ese mismo grupo delincuencial estaba Reinaldo Escobar, secretario de Gobierno; Ranulfo Márquez, secretario de Protección Civil; Martha Montoya, directora de Tránsito y Transporte; y Jorge Carvallo Delfín, quien era secretario particular del innombrable en el 2007 y en el 2009 fungía como dirigente estatal del PRI. Hoy, Carvallo es Diputado Federal por San Andrés Tuxtla y uno de los señalados de desviar recursos con empresas ‘fantasma’, entre ellas las de sus primos de apellido Beceiro Delfín que falsificaron medicamentos contra el cáncer.
En resumen: la banda siguió robando los 9 años siguientes –si se considera el chanchullo denunciado desde 2007- y el innombrable, como siempre, fue el líder y maestro de los ladrones. Sin embargo, la lumbre está por llegarle a los aparejos y hoy maniobra afanosamente ´para que, de nueva cuenta, la Justicia Federal lo ampare y logre taparse con el manto de la impunidad. Quiere repetir la orden de ‘tamales’.
SSA, QUITA-MANCHAS
En el mismo tema de la legalidad, ya se advirtió en este espacio de que el cuestionado secretario de Salud Federal, José Narro, no es gente de fiar en eso de cumplir y aplicar la Ley. El funcionario está lleno de claroscuros en su desempeño público, incluido su paso en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde fue señalado no sólo de carecer y engañar con supuestos posgrados académicos que nunca tuvo, sino tolerar la mafia al interior de la institución.
Al frente de la UNAM, Narro no movió un sólo dedo para la defensa del derecho a la educación pública ni tampoco hizo nada – salvo una simple declaración- por la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, aun cuando la Máxima Casa de Estudios en el País debió hacer suyo el reclamo de la comunidad estudiantil de toda la Nación. Narro se declaró priista y fue llevado al gabinete de Enrique Peña Nieto, donde también ha ocultado chanchullos graves que afectan la salud pública, como el caso de las irregularidades en las vacunas de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V., (Birmex).
No es un hombre impoluto y el haber estado en la UNAM no lo purificó, por eso se equivocan esos que le otorgan infalibidad a sus dichos. Narro mantiene una secreta esperanza, según sus cercanos, de que sea considerado en el rejuego presidencial. Ante la debilidad de los aspirantes actuales, piensa que su papel de académico podría llevarlo a una nominación. Sueños guajiros, pero sueños al fin que están presentes en su cabeza y que lo hacen defender lo indefendible, torcer la Ley para calmar cuestionamientos de tipo partidista.
Ahora en el caso de los medicamentos falsos suministrados a pacientes con cáncer en Veracruz, Narro no quiere exonerar al innombrable exgobernante Estatal sino minimizar daños para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a la vez maniobrar para sacudir de responsabilidad a la Secretaría de Salud, que desde al menos hace siete años se sabía de los engaños a los enfermos veracruzanos. Hay pruebas documentales de que en tres ocasiones diferentes – junio 2010, octubre 2011 y agosto del 2012- se detectaron medicamentos apócrifos que fueron reportados a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual nunca hizo nada.
Ni se pronunció por el caso ni exigió una investigación judicial ni advirtió a la población sobre los fraudes, tanto con medicamentos farmacéuticos como por las pruebas falsas para detectar el VIH/Sida. Hasta ahora emite una alerta sanitaria por los reactivos falsos de VIH, pero fue porque el Gobierno Estatal la obligó a hacerlo por la denuncia hecha contra el innombrable y el exGobernador, pero antes se negó pese a que contaban con reportes precisos sobre esa irregularidad.
Los funcionarios federales, antes y con José Narro al frente de la SSA, sospechosamente guardaron silencio. Ahora se pretende desestimar la acusación en el caso de los fármacos clonados para pacientes cancerígenos sin haber concluido la investigación. Y la forma es fondo, las declaraciones de Narro sobre el caso Veracruz se han dado en el marco de reuniones con legisladores priistas. He ahí una duda razonable sobre el desempeño de Narro en el caso, movido por un interés partidista y no por una vocación de servicio público.
Ayer, Narro incluso habló de demandar judicialmente al Gobierno de Veracruz porque no ha presentado pruebas sobre el uso de medicamentos falsos, en un afán de zafarse de futuros señalamientos y de paso, ayudar a que el PRI salga menos raspado en el asunto porque se procesaría al innombrable, un viejo dinosaurio de ese partido. En fin, la Secretaría de Salud federal se convirtió en un “quita-manchas” del tricolor e intenta hacer un control de daño político por el crimen de Lesa Humanidad cometido en Veracruz.
Pero ante la parcialidad de la Secretaría de Salud bien valdría la pena que se busque una instancia imparcial, ajena a instancias federales, para que se haga cargo de la investigación interna en el entendido de que al menos la Cofepris pudo ser cómplice –por silencio e inacción- de los pillos que hacían negocio con medicamentos falsos en las clínicas veracruzanas. Urge también que la Secretaría de Salud local y la Fiscalía del Estado, nutran perfectamente la indagatoria para que se exhiba a los pillos y a quienes los protegieron. Tienen mucha tela para cortar y muchas vidas se perdieron por ese negocio criminal de los fidelistas.
ATACARON DE NUEVO
Algo es muy cierto, por decreto no se terminan las tradiciones enquistadas en el tiempo y más aún cuando éstas involucran sangre y muerte –en este caso, las de los espectáculos taurinos- que son dos de los tres enajenantes del subconsciente humano –el tercero es el sexo- y entonces, la desobediencia de la Ley que se cometió el miércoles primero de febrero en Tlacotalpan a nadie debe sorprender. Algunos lugareños, apoyados por la Alcaldía, realizaron el embalse de toros de corral, a los cuales volvieron a maltratar en las calles del poblado.
Las bestias de dos patas atacaron de nuevo y el delito fue consumado pese a la advertencia de las autoridades y ahora tendrá que venir el llamado a cuentas. No será algo difícil el procesar a los detenidos y no necesariamente con cárcel total, pero si con prisión preventiva si no pagan las multas impuestas. Incautar los instrumentos que sirvieron para delinquir –caballos, barcas, jaulas, vehículos terrestres y ranchos-. También promover ante las autoridades federales la cancelación de los permisos para las embarcaciones usadas para el embalse de toros.
Ahí se debe revisar la legislación, pues si bien el río Papaloapan es una zona federal, al parecer la regulación de la navegación fluvial fue transferida al Gobierno Estatal, desde hace algunos años y estaría bajo control de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. De ser así, podría facilitarse la anulación de permisos para navegar la afluente a los involucrados en el traslado de los semovientes. A la par, el alcalde fidelista Homero Gamboa necesita un escarmiento jurídico y la pinza se debe cerrar sobre él, para que aprenda a cumplir las disposiciones legales.
No es asunto menor lo de Tlacotalpan, porque hay vidas en juego, en este caso las de los toros que son atacados por la turbamulta de alcoholizados y drogadictos. Si se tolera la violencia contra seres débiles como son los animales, entonces se cosechará la violencia como parámetro de conducta, aun cuando muchos banalicen la situación. Tolerar el maltrato a los toros es avalar una conducta hostil contra los más débiles y esto debe acabarse. Hay el instrumento para ello: la Ley de Protección Animal que está vigente en la Entidad desde hace tiempo, pero que ha sido inaplicable por complicidad de las autoridades.
