La transición política mexicana ha sido un proceso histórico, complejo y contrastante. Una primera etapa comenzó en 1977 con la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y concluyó con la primera alternancia en el Poder Legislativo en 1997 y el triunfo del PRD en el DF.
El año 2000 inicia un segundo episodio con la derrota del partido hegemónico y la irrupción democrática de Vicente Fox, comenzando así un periodo de 12 años, donde los respectivos titulares del Poder Ejecutivo tuvieron que gobernar sin tener mayoría en ninguna de las cámaras.
El triunfo de Enrique Peña Nieto inaugura un nuevo capítulo, en donde el partido político que habitó Los Pinos durante 71 años, regresa al ejercicio del Poder Ejecutivo. Para esta nueva etapa, los presagios eran muy oscuros. Con la permanencia de un Congreso dividido, muchos pensaron que el procesamiento de las reformas que el país necesita sería tan árido como el que enfrentaron tanto Fox como Calderón.
No obstante, a más de seis meses del inicio de la nueva administración, gracias a la voluntad política del Presidente de la República y al sentido de responsabilidad de dirigentes partidarios y coordinadores parlamentarios, ha sido posible que el Pacto por México sea el hilo conductor del diálogo y hasta el momento un mecanismo eficiente para que algunos cambios transiten por el Poder Legislativo.
Si bien la ruta del Pacto ha entregado buenos resultados, es necesario decir que a más de un mes de que se realicen elecciones en 14 entidades federativas, comienzan a aparecer algunos retos importantes que pondrán a prueba la duración y eficacia del mismo.
En primer lugar, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado a la Comisión Permanente que se convoque de inmediato a un periodo extraordinario de sesiones para elegir al consejero faltante del IFE. Este es un tema crucial ante la delicadeza de algunos asuntos que el Consejo General deberá conocer antes de noviembre.
En segundo lugar, como lo dicta la ley, el Consejo General del IFE conocerá a principios de julio los dictámenes consolidados de la Unidad de Fiscalización en relación a la elección de Presidente de la República como de los procesos de diputados y senadores. Es de esperarse un gran debate en torno al tema, sobre todo porque los resultados de este ejercicio de rendición de cuentas se conocerán antes del proceso electoral del 7 de julio.
En tercer lugar, en congruencia con los resultados del último censo nacional realizado por el INEGI, el IFE habrá de aprobar en los próximos meses el proceso de redistritación a nivel nacional, mismo que modificará la geografía electoral de algunas entidades.
Los tres retos señalados añadirán, seguramente, tensiones adicionales a las que se generen por los resultados de las elecciones locales. Se requerirá, en consecuencia, de una gran madurez democrática por parte de los actores políticos para poder distinguir entre los ciclos de contienda y conflicto y los ciclos de cooperación y diálogo.
BALANCE
La tercera etapa de la transición política mexicana debe caracterizarse por un nuevo entendimiento, por parte de las diversas fuerzas políticas, que sepa diferenciar con claridad los conflictos que se derivan de las elecciones y las distintas agendas a construir en el Congreso para acelerar las reformas pendientes.
El país no puede continuar con la sequía de acuerdos que sufrimos en el periodo 2000-2012. El Pacto está llamado a facilitar el consenso, aunque con frecuencia se ve condicionado por la coyuntura.
Ojalá que a pesar de las tensiones electorales nuestros políticos tengan el talento de continuar por la ruta de los acuerdos. Las elecciones son sólo un medio para llegar al poder. Una vez ahí debe mostrase altura de miras.
Twitter: @pacoguerreroa65
