Las preguntas obligan. ¿Por qué razón, durante buena parte del sexenio de Marcelo Ebrard, en la capital del país se mantuvieron bajo cierto control las bandas del crimen organizado? ¿Por qué razón en los últimos seis meses el narcomenudeo experimentó un crecimiento explosivo en buena parte de antros de la capital del país? Las respuestas no son del gusto de muchos.
A pesar de los “asquitos” públicos entre Marcelo Ebrard y Felipe Calderón, lo cierto es que entre el Presidente y el jefe de gobierno del DF existió una estrecha coordinación en materia de seguridad, para la capital del país, al grado que buena parte de los servicios de inteligencia y vigilancia de la Policía Federal estuvieron al servicio del Distrito Federal. Por eso, Marcelo presumía que la capital era la ciudad más segura del mundo. Y en cierta medida tenía razón.
Y es que como resultado de una evidente estrategia de supervivencia para el propio gobierno de Calderón, la seguridad del DF era prioritaria y, por eso, la Policía Federal de Genaro García Luna no sólo diseñó un esquema para blindar el aeropuerto capitalino -por donde entra al DF y al país buena parte de la droga que se comercializa y consume en México-, sino para contener la actividad criminal que se produce en poderosos centros de distribución y tráfico de droga como Tepito e Iztapalapa, entre otros. El diseño incluía no sólo el intercambio de información y, en no pocas ocasiones, el desmentido de indagatorias que realizaba la autoridad capitalina. Un caso emblema es el de la “Banda de la Flor”, a cuyos integrantes el GDF identificó como presuntos responsables del crimen del niño Fernando Martí, en tanto que la Policía Federal realizó una minuciosa indagatoria y presentó a los verdaderos culpables. Sin embargo, con la llegada de los nuevos gobiernos -federal y del DF- todo ese esquema cambió. Desapareció la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Policía Federal pasó a la Secretaría de Gobernación y todos los sistemas de inteligencia fueron a parar al CISEN. Así, y debido a las severas críticas lanzadas contra “la guerra de Calderón”, el gobierno de Enrique Peña Nieto modificó la estrategia de lucha contra el crimen -que hasta el momento arroja resultados positivos a nivel general-, pero cuyos alcances en el Distrito Federal han servido de poco, si no es que de nada.
Y es que buena parte de lo que funcionaba como contención para la seguridad en el Distrito Federal se perdió. Y hoy las bandas criminales no sólo se han apoderado de los más rentables espacios para la distribución y venta de droga -los antros-, sino que entre las bandas existe una guerra feroz por esos territorios.
Y en medio de esas peleas se enmarca la ola criminal desatada en los antros de la zona metropolitana del Distrito Federal. Y es que -contra lo que muchos suponen y otros creen- la crisis de violencia en antros no es exclusiva de la Zona Rosa, la Condesa o la Roma. No, lo cierto es que se extiende a sectores amplios del Valle de México: en el Distrito Federal y la zona conurbada con el Estado de México.
Pero al problema de la distribución, venta y consumo de drogas en la capital del país y su zona conurbada se suma el de la doble moral política, de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad. ¿Y cuál es la doble moral de políticos, gobiernos y ciudadanos? Que ni los políticos, los gobiernos y los ciudadanos quieren reconocer esa realidad criminal.
Todos saben que los jefes delegacionales del DF y el jefe de gobierno, Miguel Mancera, insisten en negar la presencia de bandas criminales en la capital del país, cuando todos saben que en el DF y su zona conurbada se localiza el mayor centro de consumo de drogas del país. Y si bien resulta ridículo negar lo evidente, también es ridículo que sectores sociales nieguen que Tepito e Iztapalapa son dos de los más importantes centros de distribución y tráfico de drogas y de todo tipo de mercancías robadas e ilegales.
Por eso es urgente que los tres órdenes de gobierno empiecen por reconocer una realidad aplastante, antes de que esa realidad los aplaste. Es decir, que los crímenes, asesinatos y desapariciones dentro y/o fuera de antros son parte de las peleas entre bandas criminales por territorios de distribución y venta de droga. Y la responsabilidad en la contención y abatimiento es compartida, de los delegados, el jefe de gobierno y el presidente. Y sí, ¿a poco no extrañan a García Luna?
EN EL CAMINO
¿Usted es de los que se queja de la CFE? Una buena. Firmaron un convenio para democratizar la productividad en el que empresa y sindicato se comprometen a reformar el sistema comercial y a replantear de manera urgente el sistema de cobros. ¿A ver si ahora sí? Al tiempo.
