Orizaba.- La Administración orizabeña no apoya en el cuidado del Río Blanco, a pesar de ocupar el segundo lugar como el afluente más contaminado en el Estado, sin olvidar que empresas como Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken vierten sus descargas, indicó el presidente del Consejo Intermunicipal Ambientalista (CIMA), Graciano Illescas Téllez.
Reconoció que en el caso de las aguas residuales, el río Blanco ya no es un elemento que sea de propiedad local, porque cruzan por él varios municipios y aparte el agua es propiedad de la Nación, por lo que es competencia Federal.
Sin embargo, indicó que el Ayuntamiento puede intervenir coadyuvando en facilitar el diálogo entre las dependencias federales, como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien vigila y está pendiente de que se cumpla con la normatividad y la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa), además de la ciudadanía que resulte afectada.
“Pero no lo ha hecho, es lo que le ha faltado al Ayuntamiento, digamos que disponer de personal y sus instalaciones para promover el diálogo, podría hacer una convocatoria que facilite las negociaciones entre los afectados y todos los que siguen causando daño, si no lo hace, parece nada pero también es una omisión, porque no está coadyuvando en la solución de una problemática que afecta a los orizabeños”.
Destacó que el Artículo 58 de la Ley Orgánica del Municipio Libre faculta a los Ayuntamientos, a través de las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, “para coadyuvar con las instituciones, como con la ciudadanía para resolver todo tipo de problemática ambiental, eso le corresponde y es válido que intervenga, conjuntando esfuerzos con asociaciones civiles que conozcan del tema, los ciudadanos y las autoridades correspondientes, pero lo importante es iniciar la solución a través del diálogo”.
Indicó que ante el nivel de contaminación que se registra en este importante afluente, consideró que el hermetismo que se guarda por parte de las autoridades en temas complicados como éste, “es una forma de temerle a la democracia y no darle voz al pueblo”.
Sin embargo, recordó que “el Artículo 8 de la Constitución Mexicana dice que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de darlo a conocer en breve término al peticionario”.
