POR: Andrés Timoteo / COLUMNISTA
Desde Francia va una felicitación para Oliver Centurión Batres, quien se acaba de graduar como Ingeniero Industrial y de Sistemas en el ITESM, campus Puebla. El lunes pasado fue la entrega formal de los títulos universitarios y en dicha ceremonia Oliver estuvo acompañado por sus padres, María Arcelia Batres y Jaime Jesús Centurión, orgullosos de las proezas de su hijo.
El joven ingeniero Centurión realizó en el 2015 un intercambio estudiantil en la Escuela Superior de Comercio IPAG de París, donde obtuvo calificaciones brillantes. Enhorabuena. De paso, va también un saludo afectuoso hasta el municipio de Chocamán para su tío, el odontólogo Rogerio Batres, un excelente médico, a quien se le agradece las atenciones para con sus pacientes.
NOTARIOS NOTORIOS
Vaya golpe sobre la mesa de los fidelistas que acaba de dar el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, al ordenar investigaciones sobre los Notarios Públicos que están involucrados en la certificación indebida de empresas “fantasma”, con las que el exgobernador Javier Duarte de Ochoa y sus colaboradores desviaron miles de millones de pesos del Erario Estatal.
La revisión que realizará la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y de Inspección, y el Archivo General de Notarías, a una treintena de Notarías Públicas, entre ellas 13 que están involucradas directamente en el caso de las empresas apócrifas, podría derivar en la cancelación de las patentes. En esas oficinas también se detectaron otro tipo de irregularidades que pueden conducir a la cancelación de los permisos.
Y el golpe cala porque se escarmentará a esos políticos rancios y eternos burócratas que recibieron una Notaría como pago a los servicios a los gobernantes en turno, y que se creían intocables, pensando que la Notaría era un bien personal que hasta podrían heredar a sus descendientes. En la lista destacan cinco fedatarios de la zona Centro, dos de ellos en Córdoba. El primero es nada más y nada menos que el exalcalde y actual magistrado fidelista, Francisco Portilla Bonilla quien regentea desde hace tiempo la Notaría Pública Número 17. A Portilla, le quitarían la ‘mina de oro’ por los chanchullos que con ella ha cocinado para beneficiarse y beneficiar a sus cómplices.
La otra Notaría cordobesa bajo inspección es la Número 14, Esperanza Broca Castillo; mientras que en Orizaba podría perder la patente Carlos Eugenio Cárdenas Barquet, titular de la oficina 13; de Río Blanco el Notario 17, José Martín Sajona González y el Notario 1 de Huatusco, Carlos Rendón Bonilla, cercano al dirigente estatal del PRI, Amadeo Flores Espinosa, uno de los impresentables de la fidelidad. Ah, y el hijo de éste, Amadeo Flores Villalba –quien además es magistrado local- también podría ser sancionado con el retiro de la Notaría Número 8 de Xalapa.
A parte de los ya citados, en el listado hay personajes ligados a los dos exgobernantes estatales, el innombrable y Duarte, que son verdaderos ‘pájaros de cuenta’. Es un despropósito que siendo sujetos tan cuestionados moral, ética y jurídicamente, funjan como fedatarios públicos. Ahí está por ejemplo de Miguel Ángel Díaz Pedroza y su yerno, Armando Adriano Fabre, que tienen las notarías 11 de Xalapa y 61 de Boca del Río.
El primero fue Secretario de Gobierno en el sexenio de Dante Delgado, es un eterno burócrata que siempre ha medrado del Erario, sin que se le conozca una forma honesta de vivir y el segundo fue director del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), y es responsable del saqueo de la reserva técnica de ese organismo.
Otro es el magistrado alemanista Fernando Charleston Salinas, Notario Público 31 de Xalapa cuyo hijo, el expanista Fernando Charlestón Hernández, está inmiscuido también en el robo sexenal de Duarte de Ochoa. También Gustavo Souza Escamilla, notario número 1 de Veracruz, quien fue exsecretario de Turismo en el sexenio de la fidelidad, es compadre del innombrable y en el Gobierno de Duarte fue el responsable del Fideicomiso del Impuesto a la Nómina, donde cientos de millones de pesos extraviados.
Y qué decir del también exsecretario fidelista, exalcalde de Coatzacoalcos y actual delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Iván Hillman Chapoy, Notario Número 5 en Coatzacoalcos y de su pariente, Juan Hillman Jiménez, Notario 4 también en esa ciudad. Y la perla de todos es del exoficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y actual diputado federal, Edgar Spinoso Carrera, a quien el innombrable le regaló la Notaría 20 en Emiliano Zapata.
El señor Spinoso es el más “espinoso” de todos, pues está involucrado en toda clase de ilícitos para robarse el dinero estatal. Tan solo en la SEV habría maniobrado para desviar más de 6 mil millones de pesos. Pero más allá del castigo que debe recibir por mano larga, hay que anteponer la lógica simple: ¿qué persona confiaría en Spinoso para que le dé fe pública en un trámite? Ninguna, salvo aquellas que pretendan hacer un trámite torcido y necesiten un Notario corrupto para ello.
De forma simultánea, el Gobierno Estatal anunció la suspensión en la entrega de patentes notariales que estaban pendientes de asignación y con ello canceló el pago transexenal que se pretendía dar a incondicionales del anterior régimen. Una de las patentes era para la exdiputada local, Belem Fernández del Puerto, ligada a Duarte de Ochoa y protegida del oaxaqueño, Flavino Ríos, y su caso es patéticamente especial porque reprobó el examen de conocimientos y desde Palacio de Gobierno se ordenó una nueva revisión, obligando a los evaluadores a aprobar a esa señora sin perfil ni preparación. Ahora se le cebó el regalo.
El caso de las Notarías Públicas no es menor, pues todos saben que durante el sexenio del innombrable las patentes fueron vendidas al mejor postor, las compraron personajes impresentables o las dieron como pago a favores políticos, financieros y de asuntos peores. Ahora se busca limpiar esa área, recomponer el valor de la fe pública y de paso, castigar a quienes se prestaron a certificar documentos falsos para robarle al pueblo veracruzano. De la revisión que se haga saldrá pus en abundancia, pues la mayoría de los señalados son Notarios y notorios en la corrupción.
Por cierto, el manotazo se complementa con el citatorio que la Fiscalía General del Estado entregó al diputado cordobés, Juan Manuel del Castillo, para que acuda a declarar en el contexto de las pesquisas que se siguen por el desvío de recursos. Ayer se confirmó que el cordobés fue requerido porque figura en el expediente acusatorio presentado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
Hay que recordar que Del Castillo fue subsecretario de Finanzas y era uno de los que manejaban realmente los dineros estatales en la llamada “licuadora”, método que servía para depositar en una sola cuenta bancaria todos los recursos presupuestales enviados por la Federación, mezclándolos para simular ministraciones o devoluciones, y en esa mezcolanza extraerlos hacia cuentas bancarias independientes. De esa forma se robaron miles de millones de pesos. El citatorio judicial sería la antesala de un juicio de procedencia contra Del Castillo.
LA FALSARIA
Nació podrida y podrida está. Es la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), un negocio de doce años que se opera con el dinero público y que enriquece a unos cuantos vividores. Mucho se ha escrito sobre la falsedad de esa institución que ni es Universidad ni es Popular ni es Autónoma. Hay miles de jóvenes engañados con títulos apócrifos que no tienen más valor que una tira de papel celofán.
En el 2005, el innombrable le armó el negoció al desaparecido Guillermo Zúñiga Martínez –padre del actual alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga- bajo el nombre de IVES para vender títulos de educación superior como pago a que Zúñiga se prestó a la simulación en la competencia interna del PRI para que el innombrable fuera ungido candidato en el 2004. Ya en el 2011, Duarte de Ochoa oficializó el entuerto, ordenando al Congreso Local que aprobara la creación de la UPAV, a la que se le han entregado casi 140 millones de pesos en los últimos años.
Sin embargo, como ya se ha citado, el verdadero negocio son los cientos de millones de pesos que se cobran a los alumnos en cuotas y la venta de certificados, los cuales no ingresan a la tesorería estatal sino a las cuentas bancarias de una organización civil que en realidad es la instancia recaudatoria para los dueños del negocio. Se estima que más de 500 millones de pesos se han llevado a la bolsa esos estafadores.
El mismo gobernador Yunes Linares confirmó hace un par de días que la Secretaría de Educación Pública (SEP) detectó un fraude enorme con la venta de certificados falsos de la UPAV en Sonora, donde más de cien mil jóvenes fueron defraudados por el fundador Zúñiga Martínez y su sucesor en la rectoría, Andrés Blancas Portillas, con la entrega de certificados sin registro ni valor oficial. Eso sólo en un Estado, y la UPAV presume que opera en 17 entidades, habrá que imaginarse el tamaño del chanchullo financiero.
Lo peor es que si en Sonora estafaron a cien mil estudiantes, ¿cuántos miles son en Veracruz? y ¿cuánto dinero se robaron con ese método, pues se sabe que un título lo llegan a vender hasta en 50 mil pesos? Esto debe acabar. No es suficiente con reformar a la UPAV, hay que desaparecerla, terminar con la estafa maestra contra los jóvenes incautos. Por decencia, por moral, por sanidad pública y por un acto de justicia a la población estudiantil, la UPAV debe ser extinta y sus operadores llevarlos a juicio.
