LOS CAZADORES
Hace veinte años, grupos de ciudadanos iniciaron en todo el país un movimiento innovador que consistía en interesarse e intervenir en los procesos para elegir a las autoridades no sólo emitiendo el voto sino vigilando que éste no fuera presionado ni comprado ni robado durante el periodo de campañas o la jornada comicial. En aquel entonces se les dio el nombre de “observadores ciudadanos” y por vez primera se convirtieron en una figura legal para poder presenciar la emisión del voto, su escrutinio, el llenado de actas y el “canto” de los ganadores en las casillas asignadas.
Entusiastas, miles de ciudadanos -hombres y mujeres de todas las edades aunque predominaban los jóvenes- se organizaron para estudiar los códigos electorales, inscribirse ante los institutos o comisiones organizadoras de las elecciones, conocer las estructuras partidistas y a los candidatos e incluso se prepararon en el uso de la tecnología que estaba a su alcance en aquella época como las grabadoras de mano, las cámaras fotográficas y los aparatos caseros de video que era la innovación en la década de los noventa.
A nivel nacional surgió una red de organismos que se comprometió con la observación nacional y fue llamada Alianza Cívica. En Veracruz los observadores electorales tuvieron un papel destacado, especialmente en la zona centro -el corredor Córdoba-Orizaba-Huatusco y en Xalapa- pues fueron impulsados por grupos formados al amparo del ala progresista de la Iglesia católica durante la conducción pastoral de Sergio Obeso Rivera en la Arquidiócesis de Xalapa -en ese entonces la diócesis abarcaba toda la zona que después se dividió en tres demarcaciones eclesiásticas-, y debido a que el quehacer de la observación electoral fue uno de los frutos de la llamada Pastoral Social.
El recuento de lo anterior viene al caso porque ahora, veinte años después, la ley no sólo reconoce que los observadores electorales son parte indispensable del proceso comicial sino también ya les abrió la puerta a los “vigilantes ciudadanos” que son todos aquellos que pueden convertirse en fiscalizadores de candidatos, partidos políticos y los gobiernos de los tres niveles –federal, estatal y municipal-. El mismo Pacto por México, en el addendum –agregado- que se firmó el pasado 7 de mayo se permite a los ciudadanos interactuar en la vigilancia de los comicios.
De acuerdo al compromiso número 3 del mismo addendum, llamado “Participación de la sociedad civil”, los ciudadanos pueden vigilar el funcionamiento y operación de programas de apoyo social y en especial, cuidar los aspectos de las auditorías a padrones de beneficiarios, la revisión de altas y bajas de los mismos, las reglas de operación y algo muy importante que textualmente dice: “promover observatorios ciudadanos del ejercicio del gasto de los gobiernos estatales y de la imparcialidad de actuación de los gobernadores durante el proceso electoral”.
A MECATE CORTO
En cristiano, lo anterior significa que todos pueden mantener vigilados a los funcionarios para que éstos no usen el dinero público ni los programas gubernamentales en las campañas electorales. A su vez, el compromiso número 8, llamado “Observación electoral”, expone que tanto el gobierno federal como los partidos políticos “gestionarán activamente la participación de observadores electorales y de visitantes internacionales al proceso del 7 de julio”.
Aunque el addendum pone un “candado” para la participación ciudadana, restringiéndola a “organizaciones de la sociedad civil especializadas en transparencia”, en un mundo dominado por la tecnología y sobre todo por las redes sociales, los que deben tomar la delantera –y ya lo están haciendo- son todos los ciudadanos que con una cámara fotográfica o de video ya sea convencionales o de las que traen los teléfonos celulares, puedan documentar cualquier pillería. Los foros para denunciarlos sobran aunque son primordialmente el Twitter y el Facebook, los cuales han resultado exitosos en cuanto a la denuncia pública y el reclamo ciudadano.
Lo anterior significa que en estos comicios será la “hora de los tuiteros y de los feisbukeros” para convertir las redes sociales en un instrumento de fiscalización. Es más, ya hay la propuesta de crear localmente alguna página web o blog donde subir todas las denuncias ciudadanas plasmadas en fotografías, videos o grabaciones de audio. Hasta el momento sólo existe una de este tipo, Ladrones de elecciones, pero está impulsada por militantes panistas, por lo que algunos proponen abrir foros ciudadanos que sean tribunas de denuncia para obligar a las autoridades electorales y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a abrir los expedientes de investigación respectivos.
La irrupción de las redes sociales en la vida cotidiana da la pauta a varias moralejas. Una, es que los ciudadanos tienen la opción de hacerle un bien al estado y a la democracia, convirtiéndose en “cazadores de mapaches”. Dos, que éstos “cazadores” serán los ojos y oídos del pueblo, trayendo a “mecate corto” a todos los pillos que pretendan usar el dinero o recursos públicos para apoyar a determinado partido o candidato. Y tres, que los tuiteros y feisbukeros podrán sacarse la espina luego de que los quisieron criminalizar con una ley que les prohíbe expresarse libremente en las redes sociales. Ahora sí, como dice el refrán: no es indio el que no se venga. ¿No creen?
Por cierto, ya hay casos documentados en las redes sociales sobre mapaches que han sido “cazados” con fotos y videos ciudadanos. En Sinaloa fue captado el candidato panista a una diputación, Zenón Padilla con camionetas llenas de despensas para comprar el voto. Un caso similar ya se difundió el fin de semana en Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz donde se localizó un camión lleno de cemento que lo usarían los priistas para coaccionar el sufragio y en el municipio de Medellín de Bravo, el candidato del tricolor a la alcaldía, Cipriano Hernández Romero, ganador del concurso “Cantando por un sueño” de Televisa, fue sorprendido cantando y pidiendo el voto en juntas realizadas por operadores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). También se habla de que los panistas tienen las estructuras de los programas Oportunidades y 70 y Más que manejaron los últimos dos sexenios y las ocuparán para presionar el voto a favor de sus abanderados. Las primeras denuncias están en puerta, pues.
FIRMA MATA CHAPULÍN
Una frase que debería ser enmarcada y exhibida en el Museo de lo Increíble es la que en días pasados dijo el alcalde con licencia de Córdoba, Francisco Portilla Bonilla: “Mi experiencia es mi fortaleza”. Habrase visto tanta cara-dura de este señor pues en lugar de ir a las casas de los ciudadanos para ofrecer una disculpa por no cumplir con las promesas hechas en los anteriores comicios –cuando fue por vez primera candidato a la alcaldía en el 2004, luego candidato a la diputación local en el 2007, después de nueva cuenta a la presidencia municipal en el 2010-, presume socarronamente que “ha cumplido”, que tiene “una gran experiencia sobre las necesidades de la gente y cómo solucionarlas”, según el boletín de prensa difundido.
¿Algún cordobés puede declarar que Portilla le solucionó alguna necesidad?, ¿alguien puede decirse satisfecho con el trabajo del Rey de los Chapulines? Y todavía más, en algunas entrevistas con la prensa local, el terrablanquese presumió que tienen ¡30 años como funcionario público!…¡tres décadas viviendo de los bolsillos de los ciudadanos! Mientras un empresario tiene que correr riesgos al invertir y enfrentar vicisitudes como la inseguridad, la crisis financiera y otras, un obrero debe vivir al día con un sueldo raquítico, un maestro hacer doble o triple turno y un campesino mal vivir o emigrar para no morirse de hambre, a este señor lo han mantenido desde hace treinta años. Y todavía lo presume.
Los cordobeses tendrán la decisión de permitir que Portilla siga viviendo del erario público o cortarle las alas a ese saltimbanqui que, para no variar, ya está listo para dar otro salto apenas logre sentarse de nueva cuenta en la diputación local –si es que lo hace- pues los bien enterados hablan de un acuerdo para que el terrablanquense sólo permanezca unos cuantos días en la curul y después solicite licencia para irse a un cargo en el gabinete estatal. Esto en base a un acuerdo suscrito luego de que Juan Manuel del Castillo fuera sacado de la titularidad en la fórmula en el distrito de Córdoba y colocado como suplente de Portilla Bonilla.
El pacto suscrito, dicen los testigos, es que Del Castillo será el diputado y Francisco Portilla se irá a despachar a una dependencia gubernamental. ¿Cómo la ven? Por eso, ahora que hay carta abierta para la exigencia ciudadana los cordobeses deberían exigirle a Portilla que firme ante un notario público el compromiso pare concluir el cargo legislativo y no volver a dar el “chapulinazo”, incumpliendo sus compromisos de campaña. Es una excelente idea. En el puerto de Veracruz ya firmó un compromiso similar ante notario público la priista Ana Guadalupe Ingram, candidata en el distrito urbano. ¿Le dará miedo a Portilla imitarla? La palabra la tienen los cordobeses.
