La primera vez que entró el Ejército a Michoacán fue en tiempos de Ernesto Zedillo.
Entonces, como ahora, la situación parecía crítica. Las fuerzas civiles no estaban ayudando a reducir la inseguridad y la violencia. Zedillo ordenó la intervención del Ejército con todo y la inconformidad de algunos michoacanos.
Empezando por quien en ese momento era diputado federal, Leonel Godoy, quien presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad aduciendo que Zedillo violaba los artículos 21, 29, 89, y 129 constitucionales al disponer del Ejército para intervenir en tareas de seguridad pública.
Esta acción de inconstitucionalidad presentada por Godoy llevó a la emisión de una tesis de jurisprudencia por parte de la SCJN que, sustentada en la fracción VI del artículo 89 constitucional, falló que existe la facultad del Presidente de la República de disponer del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para salvaguardar la seguridad interior sin tener que hacer una declaratoria de guerra, como lo prevé el artículo 129 constitucional.
En esa fecha los ministros determinaron por unanimidad que la realidad puede generar situaciones que no justifiquen el estado de emergencia (art. 29 constitucional). Sin embargo, ante el peligro de que éstas se agudicen, es posible disponer de la fuerza con que cuenta el Estado, aunque sujetándose a disposiciones constitucionales.
A causa de este fallo de la SCJN fue que el ex presidente Felipe Calderón justificó la presencia del Ejército en las calles como un acto que no viola la Constitución: no rompe con el artículo 129; tampoco transgrede el 21, que ordena a las instituciones de seguridad pública ser de carácter civil. Así arrancó el Operativo Conjunto Michoacán y la consecuente guerra en contra del narco.
Hoy el Ejército vuelve a las calles de Michoacán, bajo las órdenes del presidente Enrique Peña Nieto. Y la situación parece no mejorar.
Esta semana, pobladores de Buenavista Tomatlán se molestaron cuando el Ejército detuvo a cuatro guardias comunitarios que portaban armas y estaban encapuchados. Por ello retuvieron a 28 soldados que participan en el operativo de seguridad en Michoacán.
Estas guardias comunitarias dicen actuar para defender a los habitantes de Buenavista, Tepalcatepec y Cojumatlán de los Caballeros Templarios. Defenderlos de su violencia, de sus amenazas y de sus cobros por “derecho de piso”.
Son un grupo de autodefensa apoyado por quienes habitan estos poblados y que, aún cuando no están en desacuerdo con la participación del Ejército, tampoco quieren dejar de defenderse con sus propios medios.
Se acercan dos décadas de la primera incursión del Ejército en Michoacán y las cosas parecen ir de mal en peor. Ahora, con el agravante de no contar con un gobernador en funciones por los problemas de salud de Fausto Vallejo.
Michoacán arde. Sigue ardiendo. Y el gobierno dice que tiene una estrategia diferente. Ojalá, por los michoacanos y por México.
