POR: Ernesto Villanueva / COLUMNISTA
En días pasados, algunas universidades públicas del País publicaron un desplegado en el que expresan su “rechazo enérgico a la reducción de fondos federales de apoyo a la educación superior”, donde, además, señalan: “Recortar los recursos destinados al desarrollo de ciencia y tecnología es un contrasentido”. Así, de entrada, nadie en su sano juicio podría estar en contra. Existen, empero, elementos que nadie dice y deben ser objeto de discusión. Veamos:
1.- Una parte significativa de las universidades públicas constituyen sujetos obligados con una clara tendencia a la opacidad. Más aún, se invoca la “autonomía” como argumento -es un decir- para no rendir cuentas a la sociedad de manera desagregada de lo que se hace con los recursos públicos recibidos. “Se rinden cuentas al Consejo Universitario” señalan algunos como justificante de la no menor discrecionalidad que existe. En varios casos, los integrantes del Consejo Universitario; carecen de conocimientos de auditoría, son susceptibles de ser tocados por la mano de la corrupción y se conducen con un espíritu de cuerpo, bajo el mal entendido principio de que la ropa sucia se lava en casa. La ropa, empero, no se lava, sino se esconde del escrutinio de la sociedad. Los recursos del erario no son aportados por las integrantes de los Consejos Universitarios, sino por el pueblo de México que, en forma paradójica, no tiene acceso a saber a detalle cómo, cuánto y para qué son los recursos manejados.
2.- En un sistema cerrado, opaco –aunque las universidades formalmente están obligadas por Ley a informar en forma puntual, no lo hacen-, florece la corrupción. Por el contrario, a mayor apertura se reducen posibilidades de incurrir en actos de corrupción y se limita la impunidad. Pero algunas universidades bajo el peregrino argumento -si es que se le puede llamar de esa forma- sostienen que si la información de actos de corrupción sale a la luz pública lastima a la universidad. Debe quedar claro que no es así. Se lastima a la institución y a la sociedad, cuando los recursos destinados a la ciencia y tecnología van a parar a los bolsillos de los directivos o son desviados para propósitos ajenos para los que fueron aprobados.
3.- Hay casos donde la corrupción y la impunidad son parte del día a día. Hay un caso escandaloso. Se trata de lo que sucede en la Universidad de Occidente (@udosinaloa), una universidad pública de Sinaloa relativamente reciente, la cual ha formado en su mayor parte buenos profesionistas y tiene una planta de profesores de apreciable nivel. No se puede decir lo mismo, empero, del rector de la @udosinaloa, Aarón Sánchez, quien ha hecho de la corrupción un modelo de vida en colusión con el gobernador
@malovamx. Y la historia de este caso no es para menos. De entrada, el rector Aarón Sánchez fue inhabilitado por un mes en el 2014 (da lo mismo que haya sido un día para efectos de corrupción y en contrapartida de falta de integridad) por autoliquidarse como profesor de modo generoso a su llegada a la rectoría. En la lógica del absurdo, donde en otra parte bastaría para que saliera de la rectoría, en Sinaloa simple y sencillamente no fue así. La inhabilitación es la máxima sanción administrativa por actos de corrupción. Un Rector no sólo debe cumplir la Ley, sino actuar con ética para que su conducta sea emulada por los universitarios. No fue el caso de Aarón Sánchez, quien siguió, como si nada hubiera pasado, despachando como rector de la @udosinaloa bajo la protección del gobernador @malovamx quien se “reporta” mensualmente.
4.- Beneficiario de la impunidad, el rector Aarón Sánchez le ha metido mano al presupuesto de la @udosinaloa al margen de la Ley. En efecto, el modus operandi del rector Aarón Sánchez es contratar servicios y asesorías inexistentes a empresas “fantasmas” y, por si fuera poco por adjudicación directa (después de 500 mil pesos debe licitarse). Aquí se pueden ver algunas de esas empresas, con un mes como ejemplo, que son contratadas por servicios genéricos que no se pueden medir.
5.- Con un sueldo de 60 mil pesos mensuales, el rector de la @udosinaloa ha comprado tres residencias en las mejores zonas de Culiacán, Sinaloa, en los últimos tiempos, de modo que no puede decir que las había adquirido con anterioridad al cargo. Dos de las residencias están a nombre del propio Aarón Sánchez y la tercera a nombre de su esposa, Cecilia Sánchez Sepúlveda, como se comprueba con los datos del Instituto Catastral de Sinaloa (folios 2016535989, 2016583045, 2016364995 todos del 2015 preparando ya el año de Hidalgo). Simple y sencillamente no le salen las cuentas. Y lo que pasa en la @udosinaloa es probable que pase en otras universidades públicas. De ahí que bienvenida la demanda de mayores recursos para la ciencia y la tecnología, pero acompañado de mecanismos de control, evaluación, desempeño y resultados por entidades técnicas externas a las universidades. Sobra decir que la autonomía es para efectos de su gestión interna y no son- valga recordarlo- el equivalente a embajadas o consulados extranjeros. Son organismos descentralizados que reciben recursos de la sociedad y que no pueden seguir sin ser fiscalizados para que no pase lo que sucede en Sinaloa entre el rector Aarón Sánchez y el gobernador @malovamx para saquear las arcas del pueblo sin que pase absolutamente nada.
Sumario.
El próximo martes 29 de noviembre presentaré la obra “Los parásitos del poder” (Proceso ediciones) de la autoría de la Dra. Hilda Nucci y mía en la ciudad de Xalapa, Veracruz. La cita es a las 12:30 PM en el Casino Xalapeño. Me acompañarán José Luis Cuevas Gayosso, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y el periodista Mussio Cárdenas, con la moderación y organización de Iván Gidi director de la Organización Nacional Anticorrupción (www.oneamexico.org).
ernestovillanueva@hushmail.com
