La destitución de Humberto Benítez como procurador federal del Consumidor quedó eclipsada en los medios por otra remoción, la de Ernesto Cordero como coordinador de la bancada del PAN en el Senado. Sin embargo, vale la pena retomar esta decisión del presidente Peña, de cesar a uno de sus colaboradores, que nos recuerda que México, contra lo que piensan muchos, ya cambió.
No es ocioso recordar esto porque, el año pasado, en el contexto de las campañas presidenciales, se argumentó que, de regresar el PRI al poder, se restauraría el viejo régimen autoritario. Los priistas, y en particular su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, prometían que esto no ocurriría, que ellos respetarían la democracia liberal. Muchos no les creían. Por mi parte, argumentaba que, a lo mejor los priistas iban a tener la tentación de restaurar prácticas autoritarias, pero, ¿acaso los demás nos íbamos a dejar que lo hicieran?
Yo creía que no. Y el caso de Humberto Benítez así lo demuestra.
La hija del entonces procurador mandó a los inspectores de la Profeco, como si fueran sus empleados, a clausurar un restaurante. Estaba enojada porque no le habían dado la mesa que ella quería. Típica práctica corrupta, autoritaria y patrimonialista de los políticos y la parentela en el régimen pasado. Los comensales del lugar, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, comenzaron a sacar fotografías y videos que subieron a internet. En las redes sociales apareció el enojo en contra de este abuso de poder. A la joven prepotente la bautizaron como #LadyProfeco. Al restaurante llegó la prensa y los inspectores pusieron los pies en polvorosa. De esta forma, gracias a la acción social, apoyada por la conectividad inmediata de internet con los teléfonos inteligentes, se evitó un abuso de poder. Esto hubiera sido impensable en las “gloriosas” épocas del autoritarismo priista.
Pero el asunto no quedó ahí. El escándalo fue creciendo, ahora en los medios de comunicación tradicionales. El gobierno no tuvo manera de taparlo, lo cual es otra diferencia con el pasado. Los medios, por más alineados que estén a la línea gubernamental, ya no pueden soslayar un escándalo de este tamaño. Corren el riesgo de perder credibilidad con sus audiencias.
El gobierno de Peña, por su parte, fue midiendo hasta dónde crecía el escándalo. Al ex procurador Benítez le dieron la oportunidad de dar una conferencia de prensa para aclarar su versión de los hechos y pedir disculpas. Pero cometió un error. Dijo que por su mente nunca había pasado presentar su renuncia porque él cultivaba los valores republicanos. Pésima declaración. Con un poco más de humildad, y colmillo político, Benítez pudo haber dicho que la renuncia sí fue un escenario que consideró. Pero no. Lejos de verse republicano, apareció como un político demagógico y arrogante.
En ese momento, Benítez, al parecer muy cercano personalmente al presidente Peña, se convirtió en un pasivo muy oneroso para el gobierno. Porque hoy, a diferencia del pasado, en México existe una sociedad más despierta, menos miedosa del gobierno y con mayor capacidad de expresar su enojo por actos de prepotencia o abuso de poder. Y Peña, que es implacable con aquellos aliados que de pronto se convierten en pesado fardo, pues cesó a Benítez.
Hay que aplaudir esta decisión. Quizá el Presidente se tardó, pero al final demostró que su gobierno no está dispuesto a actuar como en el pasado. Sabe que la sociedad no se lo va a permitir.
Además, la destitución de Benítez fue bien argumentada: “El Presidente de la República, al considerar que este caso ha dañado la imagen y prestigio de la institución, ha ordenado la remoción del cargo del procurador federal del Consumidor. Con ello, esto a fin de evitar que se vulnere la autoridad y eficacia de la Profeco ante prácticas que atentan contra los derechos de los consumidores del país”. Y Peña les envió una señal muy importante al resto de sus colaboradores: “Con esta decisión el Presidente de la República envía un mensaje claro a todos los servidores públicos de la Federación, a todos quienes tenemos responsabilidad en este gobierno, en el Gobierno de la República, de que además de cumplir nuestras funciones dentro del marco de la ley, estamos obligados a desempeñarnos con ética y absoluto profesionalismo”. Que lo escuchen porque, de lo contrario, la sociedad mexicana se los recordará.
