Hoy (día en que se escribe esta colaboración), recibí un comunicado del equipo de Luis Pazos con una reflexión sobre la reforma financiera que tanto se ha presumido a nivel del Gobierno federal. Estoy de acuerdo en la mitad de la opinión y la otra mitad en contra… Me explico:
Dice Luis Pazos (y dice bien) que el crédito no se puede estimular por decreto. Que no es posible que ninguna ley obligue a los bancos a prestar más, sobre todo cuando su costo de captación comparado con el rendimiento que les otorgan instrumentos de deuda gubernamentales es bajo, de tal forma, que sin ningún riesgo (de prestar a particulares) obtienen ganancias más que razonables.
Pazos insiste en la ortodoxia financiera, y propone que el rendimiento de los Cetes se reduzca, de tal manera que los bancos, para obtener utilidades se vean obligados a prestar a las empresas, con lo cual se logra el virtuoso círculo de ahorro-inversión.
En lo que no estoy de acuerdo con Luis Pazos es que la reforma financiera no sirva de nada. Ya que además de que el crédito es caro, existen otros servicios por los cuales, los integrantes del sistema financiero nacional se enriquecen a costillas de sus usuarios, y lo que se propone en esta reforma es la reducción de ese tipo de costos para los clientes de los bancos.
Adicionalmente, se debe de estimular el crédito, mediante la modificación de leyes que proporcionen mayor seguridad de que los créditos serán recuperados, ya sea mediante la cobranza, o mediante la adjudicación de las garantías que se hubieran otorgado. Pues al día de hoy resulta muy complicado apropiarse de una garantía cuando el deudor no cumple sus compromisos. (De ahí el título de esta colaboración, respecto a si las leyes sirven o no).
Independientemente de que uno de los grandes problemas que existe en México es la impunidad, de manera permanente notamos grandes fallas en las leyes, o en la aplicación de las mismas.
Por mencionar un ejemplo, en el noticiero de López Dóriga del jueves por la noche, salió un reportaje sobre los riesgos que se corren al circular por carreteras que se comparten con vehículos de carga. Salvo honrosas excepciones, la mayoría no cumple con los requisitos legales, y lo que es peor, un trailero entrevistado, afirma haber conducido drogado en múltiples ocasiones, y una sola vez fue detenido por un federal de caminos.
Informa al público que las mordidas que ellos entregan a los policías federales van de veinte a cincuenta pesos, y así, pueden infringir cualquier ley, cuando los detectan. Pues a pesar de todo, la mayoría de las veces nadie detecta ni el exceso de peso, ni el de dimensiones, ni el mal estado de los frenos, ni el cansancio o el consumo de drogas para mantenerse despierto por parte del chofer.
Entre las anécdotas que contó, hubo una espeluznante. Viajó 30 horas seguidas a una velocidad promedio de ciento treinta kilómetros por hora, la cual rebasó en múltiples ocasiones, y sólo se mantuvo despierto mediante el consumo de drogas. Exponiendo su vida y la de aquéllos que tuvieron la desgracia de viajar a su lado en alguna parte del camino.
Se vence este año el Reglamento de Tránsito Pesado en las carreteras del país. Del país de la impunidad y la violación sistemática de la ley. ¿Esperará la autoridad federal a que existan más desgracias y vidas perdidas en accidentes evitables? ¿O tomará medidas más estrictas, acercando al país un poco más al lado civilizado del mundo? ¿Cuándo habrá en nuestras carreteras vigilancia honrada que haga cumplir la ley a cabalidad, en lugar de aceptar la clásica y casi eterna mordida?
Y quizá la pregunta más importante: ¿Por qué se ha privilegiado el transporte de carga vía tractocamiones, en lugar de estimular el transporte de carga por tren, como en la mayoría de los países civilizados?
