Región.- Un total de 17 mil personas firmaron la propuesta de la Red Nacional de Grupos de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes solicitaron ante el Senado el día de ayer una Ley que respalde las acciones para localizar a los más de 28 mil desaparecidos en el País.
Algunos colectivos de la zona Córdoba-Orizaba acudieron ayer al Senado para presentar esta propuesta, a fin de que tenga eco y obtengan ayuda, debido a que no la tienen y pueden pasar años sin dar con sus familiares.
La Red Nacional de Enlaces considera que en México hay 28 mil personas desaparecidas, por lo que sus familiares —a través de diversos organismos— luchan por la aprobación de una Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares que ponga énfasis en la búsqueda de personas.
Mario Vergara, miembro del organismo Los Otros Desaparecidos, señaló que proponen algunos puntos que ellos consideran fundamentales para dar con el paradero de los extraviados, que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación, medidas de no repetición y evitar que las desapariciones sigan ocurriendo en México.
El “Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México” es integrado por 40 colectivos de familiares, quienes proponen la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, de un Programa Nacional de Búsqueda, de un Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación de Restos y la asignación de presupuesto suficiente para toda su implementación —pero especialmente para investigación, búsqueda e identificación de restos—.
Además, esperan que los organismos como Policía Científica, Ministeriales y diversas dependencias involucradas asuman la responsabilidad de búsqueda y que las autoridades permitan la participación activa de familiares y organizaciones de la sociedad civil para que los acompañen en los procesos de búsqueda, investigación e identificación.
También que se implementen las salvaguardas necesarias para garantizar que los casos que actualmente están siendo investigados por autoridades federales, no sean declinados nuevamente a autoridades del fuero común y que se elimine la distinción entre persona desaparecida y persona no localizada, para evitar que esta diferencia afecte labores de búsqueda y deslinde de responsabilidades.
