POR: Martín Espinosa / COLUMNISTA
Según datos proporcionados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hasta el momento existen 54 denuncias por el desvío de por lo menos 35 mil millones de pesos, cometido por el Gobierno que durante 5 años y 10 meses encabezó el peor Gobernador del que se tenga memoria en las últimas décadas. La atrocidad cometida por Javier Duarte de Ochoa constituye, según los investigadores, la cantidad más alta de irregularidades detectadas en la historia de ese órgano fiscalizador, desde su creación hace 16 años. Lo peor es que “seguramente, las denuncias se seguirán acumulando, pues faltan por auditar las cuentas de 2015 y 2016”, advirtió Juan Manuel Portal, titular de la ASF.
Hoy queda claro que el mecanismo que utilizó el Gobernador con licencia, prófugo de la justicia, fue la creación de empresas “fantasma” hacia las cuales se desviaron miles de millones de pesos para luego destinarlos a la compra de inmuebles, tanto en el País como en el extranjero. Lo más trágico del asunto es que el mismo “mecanismo” ha sido detectado en otros Estados del País, donde sus exgobernadores, presuntamente, actuaron de la misma forma que Duarte. Sonora, Chihuahua y Quintana Roo, van por el mismo camino.
Hoy, Veracruz está sumido en la peor crisis política y financiera de su historia, ha sido abandonado a su suerte, máxime que en menos de un mes asumirá el cargo un Gobernador que compitió por el PAN en alianza con el PRD, aunque sus orígenes se remonten al partido tricolor que gobernó la Entidad durante casi un siglo. Prueba de ello es lo que sucede con 56 de los 212 municipios con que cuenta el Estado.
Desde hace 12 días, los alcaldes de una cuarta parte de la Entidad mantienen tomado el Palacio de Gobierno en espera de que los reciba el gobernador interino, Flavino Ríos, para exigirle que les sean entregados los recursos federales por más de tres mil millones de pesos que, aseguran, fueron robados por Javier Duarte y que “son propiedad del pueblo de Veracruz, a través de sus Ayuntamientos”.
La grave situación ya afecta el pago de sus obligaciones en materia de seguridad, servicios urbanos, desarrollo social y el pago de las nóminas de las alcaldías. Aseguran los alcaldes pertenecientes al PAN y al PRD, que la crisis ha obligado ya a más de 10 Ayuntamientos a cerrar sus puertas “y en las próximas horas podrían cerrar 40 más”. El Gobierno interino
—precisan en un desplegado— ha admitido que los recursos destinados a los municipios se han desviado para cubrir adeudos generados por la corrupción del régimen de Javier Duarte, sin que haya consecuencias penales.
Todos se “lavan las manos” en la búsqueda de soluciones al desfalco que han sufrido las arcas públicas de Veracruz, incluyendo la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, que argumenta “que ya pagó las participaciones y aportaciones” que le correspondían. Los alcaldes se quejan de que la única solución que les han propuesto es endeudarse más para cumplir con sus obligaciones financieras, lo que derivaría en un “mayor desastre social de enormes dimensiones”.
En esas condiciones, nada más y nada menos, recibirá Miguel Ángel Yunes Linares la Administración el próximo primero de diciembre, lo que augura uno de los períodos más difíciles, complejos y turbulentos en la historia política y social del Estado.
