Fortín.- El director de la Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín (CASF), Gabriel Sayeg, amagó con utilizar la Fuerza Pública para desalojar a los manifestantes que tienen tomado el Palacio municipal y las instalaciones de la CASF, una vez agotadas todas las formas de diálogo.
A 19 días de que los habitantes de Monte Blanco, Monte Salas, Santa Lucía y la colonia San José tomaran las instalaciones de la paramunicipal y posteriormente el Palacio municipal, los directivos salieron a dar un ultimátum ante la ingobernabilidad en el municipio.
Notable fue la ausencia del Alcalde, cobarde golpeador de mujeres, quien en todos estos días no ha dado la cara ni a los manifestantes ni al pueblo que le exige la solución de los problemas por los que pasa Fortín, que aunque los deben resolver los directivos de la CASF, también son competencia de él.
Ayer al mediodía, el Director de la CASF convocó a una rueda de prensa en Córdoba, donde también estuvieron presentes algunos agentes municipales y pseudo-representantes de comités de congregaciones y colonias del municipio, quienes argumentaron que la reunión se hizo en esa ciudad porque temían por su seguridad en Fortín.
En primera instancia, el funcionario leyó una minuta con fecha del 11 de octubre, de una reunión en la que estuvieron presentes agentes municipales de Monte Salas, Santa Lucía, Coapichapa, Villa Unión, Villa Libertad y Tlacotengo, así como el agente y comisariado ejidal de Monte Blanco y José Luis Ramírez, pseudorepresentante del Comité vecinal de la colonia San José. Como testigos estuvieron Ricardo Contreras, representante de una organización no gubernamental de Derechos Humanos de Monte Blanco e Hilda Romero, quien estuvo involucrada en la toma del Palacio el pasado 26 de julio y fue una de las primeras personas en pedir una cuota fija de 30 pesos en aquel entonces.
En dicho escrito, los mencionados desconocen a los líderes del movimiento que tiene tomado los recintos y que dicen pertenecer al Comité del Agua. También rechazan todas las acciones que están llevando a cabo, así como el supuesto cobro ilegal del servicio de agua que según han estado realizando.
En otro apartado, aclarando que una vez agotado el diálogo, dice que los agentes municipales y asistentes, apoyarán en todo lo que puedan para que este movimiento catalogado como ilegal concluya a la brevedad posible y para que, en coordinación con las autoridades municipales, la Fiscalía General, el Mando Único y Derechos Humanos procedan contra estas personas que, según ellos, pisotean los derechos constitucionales de más de 70 mil habitantes.
Más adelante acuerdan que, derivado de las demandas de la ciudadanía de las comunidades de Monte Blanco, Monte Salas, Santa Lucía y Villa Libertad, donde pagan una tarifa popular, aumentarán el límite del consumo de 31 pesos por cada 10 metros cúbicos de agua, a 15 metros cúbicos por el mismo precio.
Respecto a la opinión y autorización de los integrantes del Órgano de Gobierno de la CASF, Gabriel Sayeg Nevares dijo que estas personas están preocupadas para que se solucione el problema y dejó entrever que están de acuerdo con esta modificación de las tarifas. Aunque no especificó el día exacto en que los manifestantes podrían ser desalojados, dijo que se llegará a las últimas consecuencias.
La minuta de trabajo presenta muchas irregularidades y es uno más de los atropellos que comete Armel@elalcahuetedeTorrecillayCarrillo, en contra de sus gobernados, con tal de no dar la cara, así como un claro acto de represión en contra del derecho a manifestarse y el derecho a audiencia que tienen todos los ciudadanos.
Cabe mencionar que las personas que firmaron dicho documento, son títeres del Gobierno de Armel@elalcahuetedeTorrecillayCarrillo, pues en el caso del Comité vecinal de la colonia San José, hace un par de meses el mismo Ayuntamiento desconoció a dicho comité y a su representante, José Luis Ramírez Virgen.
Por otro lado, en el caso de Hilda Romero, del agente municipal de Santa Lucía, Alfonso Corona, al igual que el supuesto representante de Derechos Humanos, el Agente municipal y el Comisariado Ejidal de Monte Blanco, están denunciandos por los empleados del Ayuntamiento a raíz de la toma del Palacio realizada el 26 de julio de este año. En cambio, de manera muy sospechosa, ahora apoyan la posición de la CASF y del Alcalde.
