Dentro de trece días, el 25 de octubre, la Comisión de Justicia Partidaria del PRI dará audiencia al todavía gobernante estatal, Javier Duarte de Ochoa, para presentar pruebas y alegatos en su defensa, en el marco del proceso de expulsión que se le instruyó. Hay que recordar que el pasado 26 de septiembre, la misma instancia le suspendió temporalmente sus derechos como militante, luego de que se le investiga por enriquecimiento ilícito y peculado.
La diligencia que viene, dicen los enterados, sería mera formalidad, pues la decisión de sacar al cordobés del partido ya fue tomada por Los Pinos. En realidad, la expulsión y el procesamiento penal de Duarte de Ochoa, no son actos de justicia por violar los estatutos del tricolor sino parte de la estrategia para ‘desatanizar’ al partido, ahora considerado como refugio de corruptos, delincuentes de cuello blanco y saqueadores del erario público.
Hay que decirlo con todas sus letras: si de ética y justicia se tratara, entonces el PRI tendría que expulsar a todos y se quedaría sin jerarcas ni militantes. Ya estarían fuera de ese partido, personajes como Juan Lavín, Francisco Portilla, Amadeo Flores, Miguel Alemán, todos los integrantes del Gabinete Estatal, los Diputados Locales y Federales, así como el propio innombrable.
Pero en este caso, Duarte es la pieza estelar de esa maniobra para tratar de impedir el voto de castigo masivo en las elecciones presidenciales del 2018, además de que le servirá al presidente Enrique Peña Nieto, para “legitimar” –si es que puede- el famoso Sistema Nacional Anticorrupción y de paso opacar los escándalos de ese mismo tipo que lo envuelven a él, a su esposa y a sus allegados. Es decir, no hay margen de maniobra para que Duarte de Ochoa evada su destino, ya que permitir que escape de la guadaña partidaria y judicial, sería abonar para hundir al PRI en un desprestigio más profundo.
Y para que Duarte, termine en prisión y sea alzado como ejemplo, antes es necesario tenerlo fuera del Revolucionario Institucional. De ahí el proceso acelerado de su expulsión, aunque ésta sea, en términos generales, meramente cosmética, porque el gobernante veracruzano nunca fue militante ni un activo real dentro del Partido. Su ingreso al PRI fue coyuntural y tramitado por el innombrable exgobernante que lo antecedió, pues era un requisito para convertirlo en su sucesor, el guardaespaldas transexenal.
Recientemente, otro cordobés y exmilitante del tricolor, Dante Delgado Rannauro, se mofó de este mismo proceso de expulsión, al decir que ser el “cargamaletas” (del innombrable) no significaba ser militante priista ni tener cualidades para el cargo donde lo impusieron. “Se lo dije hace años, dije que Duarte me daba ternura que fuera tan tonto. Era una persona que no estaba preparada para ser Gobernador, porque no se puede pasar de cargar un portafolios a (ser) Gobernador”.
De ahí que el PRI expulsará a un militante que nunca lo fue, vaya pantomima. Aun así, tal acción en el campo partidista es paradójicamente un reflejo de cómo se encuentra Veracruz en todos los ámbitos del ejercicio de Gobierno: sin cabeza. El priismo Veracruzano, también está ‘descabezado’, pues el gobernante en turno era considerado en la rancia ortodoxia como el “primer priista” del Estado y el “gran elector”, pero hoy no tiene figura ejemplar ni hay quien supla ese vacío.
La dirigencia Estatal que todavía encabeza el vetusto y mañoso Amadeo Flores Espinosa, está pasmada y él mismo no es, ni por asomo, figura decente para encarnar al priismo doméstico. Tampoco los senadores José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes, cuyo peso no es suficiente para erigirse como figuras morales ante el Partido. Mucho menos el innombrable, que desde Barcelona intenta apoderarse de los despojos partidarios, impulsando a los diputados fidelistas Jorge Carvallo y Erick Lagos, como dirigentes del mismo.
En resumen, el PRI en Veracruz está hundido, no ha logrado reponerse del descalabro electoral del 5 de junio pasado, y ya son los umbrales de los comicios municipales. De acuerdo al calendario oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), el proceso electoral que culminará con la elección de 212 alcaldes, debe iniciar entre el primero y el 10 de noviembre. Es decir, ya no hay tiempo para la recompostura del PRI y entonces, la suerte está echada, aún cuando Duarte siga o no militando en el mismo.
DENUNCIADA
Hablando de corrupción, alguien se animó a ponerle el cascabel a la gata. La periodista cordobesa Virginia Durán Campollo, presentará hoy miércoles una denuncia penal contra la errática exvocera del Gobierno Estatal, María Gina Domínguez Colío, por un fraude derivado del incumplimiento de un contrato publicitario y cuyo monto asciende, a la fecha, a 5 millones de pesos. De esta querella, también se podría desprender una responsabilidad por enriquecimiento súbito e ilícito sobre la señora Domínguez, quien ayer vestía faldillas de terlenka y hoy es una prospera empresaria que usa prendas de diseñador.
El abogado de la denunciante es el alemanista Tomás Mundo Arriasa, quien anticipó el lunes pasado que pedirán que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga parte de la pesquisa que se abrirá en esta semana, pues no hay confianza en el fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, quien seguramente buscará dar impunidad a la exvocera duartista y hoy todavía presidenta de la Fundación Colosio en la Entidad.
La denuncia penal sería la punta de la madeja, para seguir el curso del dinero que debió ocuparse en asuntos de publicidad oficial en la Coordinación de Comunicación Social, pero que bajo la gestión de Domínguez Colío fue a parar a negocios personales. Es un secreto a voces, por ejemplo, que se usaron facturas alteradas o falsas de prestadores de servicios, para cobrar dinero que nunca fueron entregados a los titulares fiscales. También es evidente que la señora se convirtió en una magnate de los medios informativos presuntamente con dinero público.
La exfuncionaria se hizo dueña de un consorcio mediático que incluye radiodifusoras, dos periódicos –que ya dejaron de circular y varios portales informativos en la web. La mayoría de ellos a nombre de terceros, es decir, de prestanombres. Dichos espacios mediáticos no fueron creados para informar, sino para hacer negocio con el Gobierno Estatal por medio de la facturación de grandes cantidades de dinero y ofrecer a cambio la difusión de gacetillas y boletines, además de conducir campañas ‘de lodo’ contra los enemigos del duartismo.
Todos esos medios desaparecerán con el nuevo Gobierno Estatal, porque no tendrán contratos publicitarios y al carecer de credibilidad y por ende de lectores, radioescuchas o
internautas consultantes están condenados a la extinción. No obstante, eso es tan sólo una parte de la fortuna que la señora Domínguez hizo en su estadía al frente de la Coordinación General de Comunicación Social, donde llegó a tener tanto poder que fue apodada la “Vicegobernadora” y su oficina era, después de la de Javier Duarte, la segunda en importancia en el organigrama estatal.
La señora también se habría hecho de otros bienes: residencias, edificios, restaurantes, vehículos e inversiones en varias sociedades. La leyenda negra cuenta que uno de sus socios es nada más y nada menos que el inefable, Gabriel Deantes Ramos, quien también es su compadre. La sociedad en negocios al amparo del poder se selló entre Deantes y Domínguez –la doble D-, con un nexo bendecido con el sacramento del Bautismo de uno de sus hijos. También hay quienes la relacionan con el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, en el negocio de la hotelería y restaurantes.
DIFAMAR Y EXTORSIONAR
Entonces, la denuncia de la periodista Durán Campollo, podría ser la pauta para investigar el peculio personal de esta exfuncionaria, quien también carga con el estigma de haber sido una de las más feroces agresoras de la comunidad reporteril, responsable de castigos y despidos a decenas de periodistas, y que también gozó con la criminalización de los compañeros asesinados, sin importar que con algunos de ellos hubiera mantenido una relación amistosa.
Gina Domínguez, pisoteó y enlodó la memoria de los periodistas muertos. Se burló de ellos, los difamó en sus comunicados de prensa. Impúdica, contaba chascarrillos sobre sus tragedias y literalmente hizo fiesta sobre sus tumbas. Cuando esta casa editorial, EL BUEN TONO, fue blanco de un ataque criminal en noviembre del 2011, Domínguez usó el aparato de Comunicación Social para filtrar difamaciones contra el periódico y sus propietarios, esparciendo la versión de que fue un “auto-atentado”.
Pero la tipa no escarmienta ni se cansa de usar sus medios y sus empleados para atacar a los reporteros. Recientemente el corresponsal de la revista Proceso, denunció una campaña para intentar ligarlo con algún cartel del crimen organizado y mencionó entre sus atacantes a Laura Valencia, empleada y mano derecha de Domínguez Colío.
Valencia, es una especie de secretaria de cabecera de la exvocera y a ella la puso a hacer el trabajo sucio de atacar y difamar al reportero. Pero no es el único caso de este tipo de operación del consorcio mediático de Gina Domínguez. La prensa en la zona Centro de la Entidad difundió el caso del exdelegado de Transito del Estado en Fortín de las Flores, Rodolfo García Trujeque, quien fue amenazado por el empresario Christian Betancourt, propietario de Grúas ABB, que dan servicios de arrastre de vehículos infraccionados por los agentes viales.
En un audio, que ya dio cuenta este diario en una nota informativa, Betancourt le dice al funcionario que será ‘golpeado’ en un periódico digital del que presume es socio y que tiene 3 millones de lectores, además de una revista que se edita en Xalapa. Los ataques en esa agencia son en represalia, porque no ocupa sus grúas frecuentemente y prefiere otorgarle el arrastre a otro competidor. También amenaza con ‘golpear’ a la Dirección General de Tránsito del Estado.
Pues bien, dicho periódico digital también está ligado a Domínguez Colío, lo que corroboraría que estas agencias se usan para atacar y forzar, a las dependencias estatales, a facilitar los negocios con sus allegados. Desde hace meses, algunos funcionarios estatales están siendo extorsionados por personeros de Gina Domínguez, que les exigen dinero o prebendas a cambio de no ser exhibidos en sus espacios “periodísticos”.
La ahora empresaria mediática, habría extraído de las oficinas estatales documentación comprometedora de ellos, que hoy usa para extorsionarlos desde sus tribunas virtuales. Vaya con los excesos de esta errática mujer, ahora vestida nuevamente de “periodista”, aunque ese es un traje que se lo quita y se lo pone conforme sus impulsos y voracidad.
