Con la novedad de que los partidos se comprometen a respetar la ley y la limpieza electoral. Se trata del compromiso adicional uno del Pacto por México que firmaron ayer el PAN, PRI, PRD y el gobierno de Peña Nieto. Al respecto, el dirigente nacional perredista dijo: “Hay quienes han criticado que estemos comprometiéndonos a buscar que se cumpla la ley y la Constitución, en el addendum del Pacto del que se acaba de dar cuanta por el secretario de Gobernación. Y no les falta razón diría yo situado desde una perspectiva en un plano teórico, pero nos vemos obligados a hacerlo a plasmarlo así porque hay quienes actúan en sentido contrario, de otra manera no habría explicación racional sobre el contenido del addendum”.
Jesús Zambrano está reconociendo que, en la práctica, la ley se viola utilizando los programas de combate a la pobreza con fines electorales. En otra parte de su discurso, el perredista le puso nombre al “quienes”: el PRI. Pero luego el dirigente nacional del tricolor afirmó que no sólo se trata de los priistas porque “las medidas aplican por igual a todos los partidos convertidos en gobierno”. Así remató César Camacho: “todos los partidos somos gobierno en diversos ámbitos y, por lo tanto, compartimos responsabilidades, pues la evidencia demuestra que la tentación es la misma y existen denuncias de todos colores”.
Desde que yo tengo memoria, todos los partidos se quejan de que los gobiernos utilizan los programas de combate a la pobreza con fines electorales, ya sean federales, estatales o municipales. Claudia Maldonado, del CIDE, ha investigado este asunto. Resulta que México es uno de los países modelo en legislación para blindar la política social de las elecciones. Mucho se ha avanzado, sobre todo desde que llegó el PAN al poder en 2000, en esta materia. Como los panistas creían, con algo de razón, que el PRI era el partido con mejores ventajas comparativas para manipular el voto de los más pobres del país, promovieron legislaciones para prohibir dicha manipulación. Ahí está, por ejemplo, la Ley General de Desarrollo Social, promulgada en enero de 2004, que, según me informa Maldonado, ha sido presentada como ejemplo de la regulación de los programas de combate a la pobreza en otros países.
Así que, si de leyes se trata, México está muy bien. El problema es que, como los mismos partidos admiten en público, en la práctica no se aplica. Al parecer hay muchos bribones que se pasan la ley por el Arco del Triunfo. Panistas y perredistas argumentan que sobre todo los priistas, mientras que éstos contra-argumentan que son todos los partidos.
Si hay violaciones a la ley es porque se puede, es decir, porque no se castiga a los que cometen delitos electorales medrando con la pobreza de la gente. Estamos hablando del típico problema de la impunidad mexicana.
¿Cuándo se va a resolver este asunto? El día que terminen en la cárcel los funcionarios públicos y operadores políticos que utilicen los programas sociales con fines electorales. Ese día se enviará un mensaje poderoso a todos los tentados a violar la ley. En este sentido, los firmantes del Pacto se comprometieron a “que todos los funcionarios que hayan cometido o que en el futuro cometan delitos electorales sean debidamente sancionados por las autoridades competentes. Para ello, promoveremos, en nuestros respectivos ámbitos de competencia, acciones de las autoridades de procuración de justicia y de control administrativo federales y estatales, que informarán de sus acciones en el marco de las leyes aplicables”. Vamos a ver si es cierto. Lo creeremos cuando veamos tras las rejas a los primeros acusados de haber violado la ley.
Por lo pronto hay que reconocer que con el adéndum del Pacto se está mandando una señal. Zambrano y el presidente del PAN, Gustavo Madero, consiguieron subirle los costos a los priistas tentados a utilizar la política social con fines electorales en los próximos comicios de julio: En juego está la palabra presidencial. Así se lo dijo Zambrano ayer a Peña: “Enviando usted un mensaje desde Palacio Nacional, un mensaje a la nación comprometiéndose ante el país a que ningún gobierno y ninguna dependencia de ningún tipo haga uso electoral de los programas sociales para favorecer a un partido político, en este caso al PRI, está usted empeñando su palabra, que es lo más valioso que un político, especialmente que un mandatario tiene”.
