Dos asuntos de índole legislativa les acaban de estallar en las manos a los Diputados Locales y, obviamente, a los funcionarios del Gobierno Estatal. Unos fueron quienes los propusieron y otros quienes los aprobaron, pero ambos serán nuevamente exhibidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como ignorantes y abusivos, que intentaron imponer Leyes contradictorias a la Constitución Política del País.
El primer caso ya tuvo una anticipación, el pasado 21 de septiembre, cuando el Juzgado Décimo de Distrito, con sede en Coatzacoalcos, otorgó un amparo contra la aplicación de la Reforma a la Ley del Servicio Civil de Carrera aprobada el 13 de julio y con la cual se pretendía entregar contratos permanentes de trabajo a 7 mil 500 burócratas estatales. Es la famosa “basificación”, como se le ha conocido en el tapete mediático.
Si bien es cierto que muchos de los empleados que llevan años trabajando sin tener una seguridad laboral serían beneficiados con ese proyecto, la mayoría de los que quedarían con los contratos permanentes eran recomendados, familiares, compadres, parejas sentimentales y operadores político-financieros de funcionarios y exfuncionarios en la Entidad, así como líderes partidistas, principalmente del Revolucionario Institucional. Es más, hay por lo menos 4 mil puestos de trabajo que conforman la llamada “fuerza aérea”, pues los titulares sólo cobran sin desquitar el sueldo.
Esos “aviadores” iban a ser incorporados formalmente a la nómina y se quedarían en ella durante muchos años, hasta jubilarse con todas las prestaciones laborales. Tal era la intención de quienes todavía despachan en las oficinas estatales, pero con el amparo emitido hace dos semanas por el juez José Contreras Madero la “fuerza aérea” se les cae y con ella el negocio que muchos ya estaban haciendo, porque se sabe que los mismos funcionarios pusieron en subasta la inclusión de los nombres en las listas de basificación.
Fuera de los contratos permanentes que se iban a otorgar a los recomendados, que en su mayoría ya son aviadores, a los trabajadores de verdad les estaban exigiendo el pago de dinero en efectivo para que pudieran ingresar a esa “basificación”. En diversas dependencias se pidieron 20 mil, 30 mil y hasta 50 mil pesos a los empleados, a cambio de incluirlos en el listado de beneficiados. Un negocio redondo, del Año de Hidalgo.
Pero se les cebó y ayer mismo, el titular de la Secretaría del Trabajo, Fernando Aguilera de Hombre, reconoció que será hasta enero del 2017, cuando se reinicie el proceso para la entrega de contratos permanentes de trabajo en la estructura gubernamental, debido a la suspensión judicial, pero tal reinicio no llegaría porque se espera que algún Tribunal o la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación invaliden dicha disposición.
Como todos saben, la famosa “basificación” de burócratas violenta las Leyes Federales, pues la contratación de personal no se hace por decreto, como se pretendió en Veracruz, sino en base a las necesidades laborales de los entes públicos. Además, se dispuso de tal medida sin tomar en cuenta la capacidad financiera del Gobierno veracruzano, para afrontar el pago de sueldos y prestaciones laborales, para quienes se convertirían en empleados permanentes.
En su momento, el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, advirtió que la contratación permanente de esos burócratas absorbería mil 500 millones de pesos mensuales a las finanzas estatales. Es obvio que ante la crisis que atraviesan las arcas estatales, sería casi imposible a la nueva administración Estatal pueda asumir tal costo, salvo que aplicará recortes agresivos a otras áreas, entre ellas las que tienen que ver con programas sociales y de beneficio colectivo.
De ahí que los diputados locales electos, principalmente los del PAN, PRD y Morena, coincidieron en anticipar que será revisado dicho decreto y en su caso procederán a revertirlo. No obstante, tal vez no sea necesario un revés en el recinto parlamentario, porque la SCJN podría invalidarlo en las próximas semanas, y el Gobierno saliente y los abusivos integrantes de la legislatura saliente, sumarán un descalabro más.
GOLPE AL MEDIEVO
Otro asunto que también representa un descalabro con transcendencia puntual para la actual clase política estatal, especialmente para priistas y panistas, es la impugnación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo ante la SCJN, contra la llamada Ley Antiaborto, aprobada igualmente en julio pasado por los Diputados Locales. El ombudsman sostiene que la controversia constitucional se acredita porque lo aprobado en Veracruz atenta contra los artículos 4, 124 y 133 de la Carta Magna.
En concreto, el artículo 4 de la Constitución Federal establece en su segundo párrafo que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, el número y espaciamiento de sus hijos”, lo que reconoce el derecho a las mujeres a decidir sobre su maternidad, algo que se vulnera con la reforma al Artículo 4 que hicieron en la Constitución veracruzana para criminalizar el legrado y a las mujeres abortistas.
Además, el Artículo 133 establece que los acuerdos y pactos internacionales firmados por el Ejecutivo y el Senado, “serán Ley suprema en toda la Unión (todo el País)” y así, los Tratados que México ha suscrito con otras naciones en materia de Derechos Humanos y sobre todo, derechos de la mujer, son atropellados con lo aprobado en la Entidad. También el Congreso Local violó la Constitución Federal y rebasó sus atribuciones, según lo dispuesto en el Artículo 124 Constitucional.
La SCJN admitió la demanda de controversia presentada por la CNDH e inició el estudio de la misma para elaborar un veredicto, el cual se prevé que invalide la “Ley Antiaborto” jarocha y con ello aseste un golpe tremendo a los retardatarios que quieren encarcelar a las mujeres que pretendan decidir sobre su cuerpo. Será también un fallo que generaría jurisprudencia para el resto del País, o sea, se aplicaría la misma medida a otros Gobiernos y Congresos Estatales que pretendan penalizar el aborto como se hizo en Veracruz.
Y el golpe será doble porque también afectará el maridaje del Gobierno de Veracruz, del PRI y sus partidos aliados, y también del PAN con la jerarquía católica que presionó para que se aprobará esa Reforma que ellos llamaron “en defensa de la vida”. Polvo se volverá lo dicho, el 23 de agosto pasado cuando el gobernante en turno, Javier Duarte, acompañado por el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios y otros ministros de culto, promocionó la entrada en vigor de la reforma al Artículo 4 de la Constitución Local.
Extraños son los caminos del Señor, pues en aquella ocasión se eligió un lugar que seguramente trajo mala suerte para los promotores de las Reformas, para “proteger a la vida desde el momento de su concepción”. La sede fue el colegio católico Rougier, en el puerto de Veracruz, el nido de los juniors violadores conocidos como Los Porkys, y ahora sí que la “Ley Antiaborto” está a punto de ser ‘abortada’. Y agregándole más sal a la herida, se podría decir que la Iglesia Católica tiene una dosis de lo que predica: Dios no concede antojos, ni endereza jorobados.
Pero, a un lado del cotilleo y la mofa que se pueda hacer del asunto, es claro que tanto el decreto para “basificar” a miles de burócratas como la reforma al Artículo cuarto de la Constitución Local, para ‘quedar bien’ con el Clero Católico, son parte de las maniobras del Gobierno saliente para “pagar favores” a sus incondicionales o afectar el desempeño de la Administración Estatal que comenzará en el mes de diciembre.
Empero, al igual que la anulación de las Leyes y fiscales anticorrupción que fueron aprobados -que en realidad eran parte de un blindaje transexenal- y otros entuertos, como el uso del impuesto a la nómina para pagar deudas con proveedores, todo se está cayendo y sirve para exhibir el grado de preparación y mala calidad de los personajes que elaboran y aprueban las Leyes. En resumen: durante los últimos tres años se ocuparon a los burros para legislar -con una disculpa para los animales de cuatro patas que en la realidad son seres nobles y trabajadores, no como los diputados-.
LA PRENSA INFILTRADA
No tiene desperdicio la entrevista que la periodista Blanche Petrich realizó al también reportero y escritor Javier Valdez en la edición dominical del diario La Jornada y en la que habla de su libro más reciente “Narcoperiodismo, la prensa en medio del crimen y la denuncia”.
( http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/02/gobierno-y-narco-nos-acechan-y-hay-redacciones-infiltradas-valdez),
Valdez, quien también es corresponsal de ese periódico en Culiacán, Sinaloa y fundador del diario Río Doce en la misma ciudad, sostiene que es necesaria la autocrítica a los medios informativos, sobre todo a la prensa escrita, la cual es experta en criticar hacia fuera pero no lo hace a nivel interno. La prensa, dice, está invadida también por el crimen organizado, hay compañeros que le sirven a los delincuentes y son una amenaza para el resto de los periodistas.
“De cómo vivimos en una redacción infiltrada por el narco, al lado de algún compañero en quien no puedes confiar porque quizá sea el que pasa informes al Gobierno o los delincuentes. Señalamos también a los empresarios, a los dueños y ejecutivos de los medios, que priorizan el negocio, que están más preocupados por la ganancia que por contar la historia de lo que está pasando en nuestro País, o de lo que pueda pasarles a sus reporteros, a sus empleados”, expone el reportero.
Habla también del caso Veracruz, donde han sido asesinados 19 periodistas y al que define en estos tiempos como “la conjunción de todos los males”. Veracruz es parte esencial de su nuevo libro al ser “la sucursal que concentra más tuétano infernal, con tanto periodista asesinado, con tanto reportero golpeado, acosado por este Gobierno criminal, con tanta narcopolítica. Ese estado es de total importancia, principalmente después del asesinato de Rubén Espinosa: el espanto, el llanto de los compañeros, la muerte abaratada, los reporteros tirados a las puertas de las redacciones; yo no podía dejar de escribir
