Cartagena.- El Gobierno del presidente Obama, el papa Francisco, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, y los presidentes de Colombia, Cuba, Venezuela y muchos otros países, aplaudieron con entusiasmo el acuerdo preliminar de Colombia con la guerrilla de las Farc, para poner fin al conflicto armado de cinco décadas, que ha causado más de 220,000 muertes en el País. Pero, puede que estén celebrando prematuramente.
En primer lugar, el acuerdo preliminar se puede estancar en el Congreso de Colombia. Los legisladores de la oposición dicen que el acuerdo actual, que establece un plazo de seis meses para un acuerdo final, necesitaría una reforma constitucional, entre otras cosas, porque la actual Constitución no permite que personas acusadas de crímenes de lesa humanidad puedan postularse a cargos públicos.
Aunque el presidente Juan Manuel Santos tiene suficientes votos en el Congreso para reformar la Constitución, puede que no tenga tiempo para hacerlo. Los expertos legales estiman que se necesitarían ocho debates legislativos, que tomarán 14 meses para aprobar una reforma constitucional, lo que es mucho más allá de la fecha límite fijada para la ejecución del acuerdo.
En segundo lugar, el Acuerdo de Paz podría ser derrotado en un referendo público que Santos ha prometido convocar. Las encuestas muestran que la mayoría de los colombianos apoyan un Acuerdo de Paz, pero que también detestan a las Farc, y están en contra de dejar sin penas de prisión a los responsables de crímenes de guerra como masacres, torturas sistemáticas, o el reclutamiento forzoso de niños para la guerra.
El expresidente y líder opositor, Álvaro Uribe, y varios grupos de Derechos Humanos, están criticando duramente este Acuerdo de Paz por permitir que criminales de guerra puedan evitar ir a la cárcel. Bajo el acuerdo actual, los responsables de crímenes de lesa humanidad podrán cumplir sus condenas en áreas restringidas vagamente definidas –podrían ser sus pueblos o ciudades– y tendrían que hacer servicio comunitario.
“Esto podría sentar un precedente terrible”, señaló José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Existe un consenso en el derecho internacional de que, cuando se trata de crímenes de guerra, estas atrocidades deben ser castigadas. Hacer servicio comunitario en una zona restringida del País no califica como un castigo”.
Asimismo, Amnistía Internacional dice que “definiciones vagas y potenciales amnistías (en el acuerdo), hacen aumentar el temor de que no se hará justicia con todos los violadores de los Derechos Humanos”. La organización de Derechos Humanos añade que “la única manera de que Colombia salga de su turbulenta historia es asegurar que todos los responsables” de los crímenes de lesa humanidad, “finalmente rindan cuentas por sus crímenes”.
En tercer lugar, la mayoría de los principales comandantes de la guerrilla de las Farc están siendo requeridos para extradición por cargos de narcotráfico en Estados Unidos, y hay una recompensa de 5 millones de dólares sobre sus cabezas. Aunque el Gobierno de Obama apoya entusiastamente este acuerdo, no está nada claro que el sistema de justicia de Estados Unidos anule sus pedidos de extradición.
Al preguntársele sobre si el Gobierno de Obama no desdeñó el tema de los Derechos Humanos cuando aplaudió el Acuerdo, la semana pasada, el enviado especial de Estados Unidos para el proceso de paz colombiano, Bernard Aronson, me dijo que no hay unanimidad entre los expertos legales sobre si los comandantes de las Farc deben ir a la cárcel.
“Son los colombianos quienes son las víctimas de guerra y son los colombianos quienes tienen el derecho de decidir en qué términos están dispuestos a poner fin a esta guerra”, me dijo. “No me corresponde a mí ni a ningún otro norteamericano que no viva en Colombia decir si este acuerdo es o no justo”.
Con información de portafolio
