La ley y la ética marcan un camino muy claro: si se acredita que un funcionario público ha usado recursos económicos, bienes, estructuras o programas del gobierno con fines electorales, no sólo debe ser retirado inmediatamente de su cargo, sino también procesado penalmente. Se debe actuar con rigor y prontitud sea quien sea el directamente responsable.
Cambiar dinero por votos no sólo se trata de un delito, sino también de una acción profundamente mezquina e inhumana, que medra en el sufrimiento, el hambre y la pobreza; con ello, no se crean ciudadanos, sino clientes, y no se fomenta la democracia, sino la sumisión.
Por ello, las demandas del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional en el sentido de que se investigue y se sancione la presunta utilización electorera de programas de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Veracruz son razonables y deben ser atendidas urgentemente por la autoridad. Hasta ahí estamos muy de acuerdo.
No obstante, los presidentes del PRD y del PAN han cruzado la línea entre demandar justicia y buscar ganancias políticas. Más que recurrir a los tribunales, han hecho un circo mediático. Han caído justo en la transgresión que señalan: la de poner sus intereses particulares por encima del bien general.
Esto es especialmente preocupante en el tema del Pacto por México. De ninguna manera se justifica la actitud chantajista de quienes se alejan de este espacio de encuentro porque es precisamente ahí donde el diálogo es instrumento para proponer o exigir que se eviten esas prácticas vergonzantes. Se está buscando, pues, poner en jaque al Gobierno Federal, más que buscar una solución jurídica y democrática.
Es especialmente paradójica la actitud de Gustavo Madero, quien nunca expresó queja alguna aún sabiendo de las marrullerías del gobierno de Calderón y de los muchos funcionarios que usaban con fines electorales su posición, programas sociales y estructuras a su cargo. No sólo supo de las acciones tramposas, también las solapó.
Recordemos que en la elección a gobernador de Michoacán se usaron recursos públicos para apoyar a la hermana del entonces presidente. Lo supo Madero. Otro caso, de muchos más, fue que Yunes hizo derroche de recursos del ISSSTE en beneficio de su proyecto en Veracruz. También lo supo el Presidente del PAN.
Por ello, si Madero ahora puede probar su acusación, qué bueno, pero su omisión ante los escandalosos excesos del calderonato lo exhibe incongruente.
Por lo pronto, habrá que actuar con serenidad y anteponer el interés nacional sentándose a la mesa del diálogo, con las manos y la mente abiertas, con generosidad y, sobre todo, sin actitudes chantajistas.
Hay que entender que el Pacto por México no puede ser usado para beneficiar a un proyecto político o para acotar el campo de acción del Presidente. Pues usarlo con esa finalidad es pervertir su naturaleza y es, también, utilizar al Estado con fines partidistas.
