Orizaba.- En la región son más de mil personas con discapacidad las que han sido objeto de discriminación de parte de funcionarios de los Ayuntamientos, mientras que en los municipios: Tlaquilpa, Atlahuilco y Tlilapan, los indígenas padecen abusos de las autoridades, sin que ningún organismo de justicia los defienda.
El representante de la Asociación Civil Ciegos y Débiles Visuales, Leonardo Javier Gutiérrez Tamayo, y el líder de la agrupación Alianza Regional Indígena, Claudio Castillo Pacheco, manifestaron que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, han sido instancias indiferentes.
Los activistas expresaron que no hay autoridad que castigue la violación de los servidores públicos a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, decretada el 11 de junio de 2003, la cual en sus artículos 1 y 2 promueve el respeto a los Derechos Humanos y la dignidad de cualquier sector, en toda condición.
Castillo Pacheco refirió que pese a que dicha Ley faculta al Conapred para intervenir en caso de que servidores públicos o particulares incurran en discriminación, aún cuando se interponen quejas con un antecedente legal, no lo hace como debería.
Resaltó que desde enero de 2015, la agrupación ha interpuesto 12 denuncias ante la Subprocuraduría de Justicia en el Estado, contra autoridades municipales de la Sierra por mal trato, prepotencia y abuso de autoridad, pero en ninguna han obtenido seguimiento.
Gutiérrez Tamayo precisó que la discriminación contra el sector discapacitado es muy común en las dependencias de Salud y de desarrollo social, al igual que en los Ayuntamientos.
Lamentó que la mayoría de las empresas sigue rechazando contratar a discapacitados, a pesar de que la Ley, en el Artículo 222 del Código Fiscal, les exenta del pago del ISR por incluirlos en su plantilla.
