Los comentarios encendidos que hoy llenan —por igual— medios y redes sociales, no son sino un reflejo más de la falta de alineación existente entre los objetivos de la Presidencia y la manera de aterrizar las políticas públicas: es claro que uno de los ejes del último tercio de la administración actual será la defensa de lo logrado al inicio de la misma. Y del Presidente mismo, como lo afirmó Enrique Ochoa hace unas semanas: “Tenemos el mayor activo de todo esto, tenemos al Presidente de la República, tenemos las políticas públicas que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto y tenemos que explicarlas mejor”.
Así, con la defensa de la figura presidencial —y las políticas públicas derivadas de su administración— como una de las prioridades en el intento de mejorar los índices de popularidad —y las probabilidades reales de conservar la Presidencia para su partido, que hoy lucen difusas— es difícil entender el pobre manejo del anuncio del incremento al precio de las gasolinas, mismo que ha dado lugar a la tormenta más reciente que tiene que enfrentar el Gobierno Federal.
En el momento menos oportuno, además. La gobernabilidad del país se encuentra en entredicho: Guerrero, Chiapas y Oaxaca, están atravesando una situación que, de no resolverse pronto y de la manera correcta, podría convertirse en un problema social de mayor magnitud. La ciudadanía pierde confianza en las instituciones y en quienes las representan: el perdón pedido en la presentación del Sistema Nacional Anticorrupción generó más dudas que certidumbres —prácticamente todas las plumas han dado su opinión sobre las razones por las que el Presidente debería estar contrito— y, cuando aún no termina la oleada de comentarios adversos, el nuevo gasolinazo le da herramientas a los detractores y le resta argumentos a quienes tratan de defender la importancia y el legado de unas reformas estructurales que no sólo cada vez son menos importantes para la ciudadanía, sino que son observadas con franco rechazo por diversos sectores de la población.
La sociedad está molesta —por decir lo menos— y éste es un factor que no ha sido tomado en cuenta para la definición de unas políticas públicas que, aunque necesarias, por su mal planteamiento tienen un efecto desastroso en los objetivos de la Presidencia. Nada tan amargo como el sabor de la propia palabra, y más cuando debe tragarse sin razón: el video que circula profusamente en redes sociales, en el que el presidente Peña anuncia el término de los gasolinazos gracias a la Reforma Energética, hace referencia a los aumentos mensuales que terminaron en 2015. Para 2016 el mecanismo con el que se determina el valor de los combustibles es una banda de precios con un límite, que es garantía de que la oferta y la demanda no nos llevará más allá de un cierto valor, independientemente de las fluctuaciones en el mercado.
¿Por qué, entonces, permitir que se convierta en un nuevo escándalo lo que no era sino una regla del juego ya determinada? El mecanismo ya se conocía, y los límites fueron impuestos desde diciembre del año pasado: ante un escenario de incertidumbre global, el esfuerzo de comunicación tendría que haber incluido información cotidiana sobre su funcionamiento y las variaciones en los precios, explicando al consumidor las reglas del juego y previendo, así, escenarios de crisis innecesarias, como la que hoy llena los titulares y redes sociales con sarcasmo hacia un Presidente que no cumple con su palabra. Una crisis que pudo ser evitada.
Una crisis que debió ser evitada. Dos años transcurren muy rápido y la administración del presidente Peña no puede permitirse más errores: a la confianza perdida se suma la división interna, los problemas locales, la pesadilla norteamericana y una sociedad cuyas emociones más profundas hoy se expresan en los memes y mañana lo harán en las urnas.
