Córdoba.- El fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, se reunirá con integrantes de la sociedad civil de la localidad de Cuitláhuac, para determinar y conocer los posibles hechos delictivos en los que los nueve integrantes del grupo delincuencia, capturado tras un enfrentamiento con elementos de la Policía Ministerial el pasado jueves, pudieran haber participado.
En rueda de prensa señaló que, derivado de las denuncias hechas en aquella demarcación, se logró la detención de Gibrán “N”, Jorge “N”, Irving “N”, Fred Marcelino “N”, José Abel “N”, Eduardo Alfredo “N”, Mónica “N”, Osvelia “N”, y Ramón “N” —quien falleció el pasado viernes por la noche—, donde el resto permanece en espera de que el Órgano Jurisdiccional determine en base a la sentencia correspondiente, como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Señaló que por tratarse de un grupo que se sabe había venido “azotando” a la población de la zona, al menos 10 ciudadanos y empresarios ya han solicitado una audiencia para ofrecer información general, que pudiera abonar al esclarecimiento de otros hechos delictivos.
Mientras tanto, agregó que en cuanto hace al seguimiento e investigación del caso del homicidio de Álvaro Camarillo, quien perdiera la vida al impedir un asalto en el interior del complejo de cine en la zona comercial de Shangri-Lá, y donde de acuerdo a las investigaciones se mantiene el proceso en contra del inculpado G.V.F. mejor conocido como el “Demonio Rojo”, no se trató de un acusado fabricado.
“En este caso tan polémico yo apelaría a que escucharan a quienes nosotros escuchamos, de manera personal yo atendí a por lo menos tres cordobeses, que no revelaron su nombre para no comprometerlos”.
Sostuvo que G.V.F. está relacionado con otros hechos como sucede con el robo a la parroquia de San Nicolás y robos a comercios, por ello recordó que el Ministerio Púbico ya fijó su postura, por lo que los fiscales de Veracruz presentaron acción penal, acusándolo no sólo en un expediente.
Tajantemente reiteró que la detención del inculpado responde a un hecho de investigación, basado en señalamientos directos de personas que fueron víctimas de agresiones, intimidaciones y amenazas por parte del luchador, además de que reconoció que hasta el momento no ha habido pruebas suficientes que sirvan para revocar una sentencia, puesto que no hubo elementos necesarios para impedir una sentencia.
