Córdoba.- Las búsquedas independientes para localizar a personas desaparecidas van en aumento, pero las familias luchan con la limitante del Estado, pues les ponen obstáculos y se criminaliza el trabajo, debido a que para que se encuentren en un marco jurídico deben ser realizadas por personal de las instancias pertinentes.
El director de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, Miguel Barrera, expresó que el organismo que encabeza y ahora acompaña a la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, hacen la función de vigilantes de los Derechos Humanos y de los trabajos que desempeñan la Fiscalía General del Estado, así como la Policía Federal.
Indicó que la falta de humanización del personal de las dependencias genera metodologías que se convierten en obstáculos, criminalizando así las acciones que emprenden las familias. El entrevistado manifestó que ha participado en otras búsquedas, una de ellas la de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como en Morelos, México y Oaxaca.
“Las familias comienzan a realizar búsquedas independientes a través de pequeños grupos, no como la Brigada Nacional, pero el Estado busca regular el manejo de las evidencias y qué se puede hacer y qué no”, expresó.
El Estado recrimina las medidas emprendidas por las brigadas, debido a que aún encontrando restos humanos no hay posibilidad que ellos puedan reconocer los hallazgos; por ejemplo, cuando han encontrado huesos y les dicen que son madera.
“Hay disposición de las familias de buscar y si el Estado regula pone candados”, por ello reiteran la necesidad de medidas humanitarias, por lo que los procesos deben ser revisados y así emprender acciones para avanzar en la localización de las personas por desaparición forzada, sin que se presenten contratiempos.
