Cd. de México.- El ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés enfrenta nuevas acusaciones por la masacre de Allende. La documentación sobre las desapariciones forzadas, llevadas a cabo durante su gestión y la de su hermano Rubén Moreira Valdés, será llevada ante la Corte Penal Internacional (CPI) antes de que acabe el año por Familias Unidas, una asociación que agrupa a familiares de las víctimas.
Ariana Denise García Bosque, representante legal de la Asociación, detalló que los testimonios de un juicio en Texas se sumarán a la documentación de la asociación en la denuncia internacional.
“Podríamos hablar de un hecho aislado, en donde no necesariamente una persona de la función pública tuviera la obligación de ver lo que está sucediendo, pero hablando de estos hechos tan terribles como los de Allende o la denuncia que se hizo ante el Estado con la Comisión de Derechos Humanos, diciendo la ilegalidad del GATE [Grupo de Armas y Tácticas Especiales] podríamos aventurarnos y decir que sí se podría deducir una responsabilidad”, dijo la activista.
En días pasados, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, un exmiembro del cártel de Los Zetas, acusó que altos funcionarios de la administración del Gobernador Humberto Moreira recibieron dinero del cártel a cambio de operar con libertad.
Las declaraciones fueron presentadas durante un juicio en Texas en contra del supuesto líder Zeta Marciano Millan Vázquez. Los pagos se hicieron a través de Vicente Chaires Yañez, asistente personal de Moreira, y de Jesús Torres Charles, ex Procurador estatal, según la declaración del testigo difundida por el diario estadounidense San Antonio Express News.
Sobre Allende, familias de las víctimas y organización han acusado que fueron Los Zetas, ayudados por la omisión de las fuerzas de seguridad pública local, quienes perpetraron en los municipios de Allende y Piedras Negras, la masacre y desaparición de hasta 300 personas.
A la fecha sólo han sido reconocidas 28 desapariciones y 11 asesinatos, por parte de las autoridades de la Procuraduría de la República.
La denuncia en la que trabaja García Bosque desde hace tres años no será la primera que se presente por el caso Allende ante la CPI. Esta semana el aspirante a Gobernador, Armando Guadiana Tijerina, presentó una demanda por delitos de lesa humanidad ante la Corte de La Haya.
