Turquía.- Los llamamientos internacionales al respeto al Estado de derecho tras el golpe militar en Turquía, se han estrellado contra un muro de indiferencia del Gobierno de Ankara. Más de 20 mil servidores públicos han sido detenidos o apartados por su presunta implicación en el levantamiento militar, que causó 232 muertos, según el último recuento oficial, de los que 208 eran civiles y miembros leales de las fuerzas de seguridad y 34 golpistas. La reacción contra la asonada para derrocar al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y al presidente Recep Tayyip Erdogan, no tiene precedentes desde el brutal golpe de 1980.
Se han practicado ya más de 7 mil 500 detenciones, de las que 6 mil corresponden a militares de toda graduación, incluidos 103 generales y almirantes (que suponen cerca de un tercio de la cúpula de mandos de las Fuerzas Armadas). Más de 8 mil policías de distinto nivel han sido apartados de su puesto.
Además, unos 3 mil miembros de la judicatura, entre magistrados y fiscales, han sido suspendidos en sus funciones, al igual que unos mil 500 agentes del fisco. Hasta 30 gobernadores provinciales han sido destituidos. Todos ellos acusados de haber estado directamente relacionados con la intentona de pronunciamiento castrense o de mantener vínculos con la cofradía islámica del imán Fetulá Gülen, exiliado en Estados Unidos, y a quien Erdogan y sus partidarios consideran instigador de la asonada.
Además, el presidente turco se mantiene firme en su propósito de reinstalar la pena de muerte para los golpistas “si el Parlamento así lo decide”, dijo el domin
go a la cadena de televisión CNN. “Como jefe de Estado, aprobaré esa decisión si la ratifica el Parlamento”, aseguró.
