Córdoba.- La familia de empresarios veracruzanos Chedraui, propietarios de la cadena de tiendas El Súper, recibieron un duro revés laboral en Estados Unidos, donde el Departamento de Estado declaró como “materiales y sustanciadas” las acusaciones de violaciones a los derechos de sus empleados.
El Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y el Comercio (UFCW), reveló que la agencia gubernamental declaró como legítimos los cargos por violaciones laborales, presentados en contra de las tiendas de El Súper, filial de la empresa mexicana Chedraui.
El vicepresidente de la Sección 770 de dicho sindicato, Rigoberto Valdez, denunció que los trabajadores de esa cadena de súper han sufrido amenazas, intimidación e incluso despido, sólo por querer un contrato sindical justo.
El sindicato decidió defender a los 600 trabajadores que laboran en siete tiendas de El Súper, cadena de tiendas de autoservicio que se enfoca en el mercado latino con 57 supermercados en Estados Unidos. Es subsidiaria de Grupo Chedraui, el tercer minorista más grande de México.
El Departamento de Estado ofreció mediar en el actual conflicto laboral entre la empresa mexicana con sede en California y el sindicato, en caso de que llegaran a fracasar los actuales esfuerzos para resolver el conflicto por un nuevo contrato.
El reporte de ayer es una respuesta a la queja presentada en noviembre de 2015, por una coalición de organizaciones laborales de México y Estados Unidos (incluido el sindicato UFCW), ante el Punto Nacional de Contacto en Estados Unidos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en el Departamento de Estado estadounidense.
“El Súper ha violado repetidamente las leyes de Estados Unidos y los estándares internacionales que rigen los derechos de los trabajadores, es decir, que los empleados han sufrido amenazas, intimidación e incluso despido, sólo por querer un contrato sindical justo”, denunció.
Incluyendo acusaciones de que la gerencia de El Súper amenazó a empleados debido a sus actividades sindicales, despidió a apoyadores claves del sindicato y se negó a negociar de buena fe con sus trabajadores y su gremio.
“Nosotros aplaudimos la decisión del Departamento de Estado, de tomar en serio el incumplimiento de los estándares de trabajo de Estados Unidos e internacionales, por parte de El Súper y de ofrecer una mediación, de ser necesario”, dijo.
El Frente Auténtico del Trabajo (FAT) de México, la Alianza por una Nueva Economía en Los Ángeles (Laane por sus siglas en inglés) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), también son parte de las organizaciones que presentaron la queja laboral.
El reclamo de la coalición pidió un alto a la agresiva campaña de coerción de varios años por parte de El Súper en contra de los trabajadores que buscan un salario digno, suficientes días por enfermedad pagados y seguro médico accesible.
Después de una serie de cargos por prácticas laborales indebidas, un juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, emitió una inusual orden de medidas cautelares bajo la Sección 10(j) de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, obligando a la empresa a recontratar a un trabajador activista sindical que había sido ilegalmente despedido.
“Nosotros esperamos que podamos resolver estos serios abusos sin la intervención adicional del Departamento de Estado”, indicó Rigoberto Valdez.
Los trabajadores sindicalizados de El Súper han estado luchando por lograr un contrato justo desde septiembre de 2013.
Una mediación encabezada por el Departamento de Estado metería al proceso a la filial de El Súper, del Grupo
Chedraui.
