Córdoba.- Los lesionados del accidente carretero en San Rafael Calería, que requirieron hospitalización por lesiones, están siendo dados de alta sin una revisión exhaustiva para la reducción de gastos por parte de la aseguradora de la empresa transportista.
Sólo hay disponible 3 millones de pesos que no van a cubrir el total de las necesidades por atención de los afectados, afirmó el vocero del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), Zenyazen Escobar García.
El también diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), visitó ayer por la tarde a los pacientes que se encuentran desde el pasado martes en una clínica privada de esta localidad.
En entrevista, señaló que la aseguradora Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., busca la manera de reducir los gastos sin importar se ponga el riesgo la salud de los lesionados.
Ejemplificó que la tarde del viernes fue dada de alta la señora María Neupola Hernández Juárez, madre del menor Arturo de Jesús, de seis meses, que permanece en observación, tras haber sufrido un traumatismo craneoencefálico, misma que tuvo que volver a ser hospitalizada por la noche debido a que reincidió con los malestares físicos.
“La compañía de seguros y sobre todo el dueño, quieren dar de alta a los lesionados y deslindar responsabilidades, en este caso, a la mamá la dan de alta en la tarde pero sigue mal y por la noche regresa y ahorita está internada, eso está ocurriendo con varias personas”, dijo.
Señaló que la compañía aseguradora únicamente reportó un total de 3 millones para gastos médicos de los 75 lesionados, cifra que evidentemente no va a alcanzar para cubrir en su totalidad las necesidades por atención, pues al menos en el caso del maestro Miguel Ángel Hernández, quien quedó prensado, lleva un promedio de gastos de medio millón de pesos por atención en terapia intensiva, además de que aún hace falta supervisar las secuelas que pudiera presentar, pues no hay garantía de que éstas se cubran con tal seguro.
Por ello, exigió al Gobierno del Estado y a todas las autoridades, que garanticen el pago de los servicios médicos a los lesionados, al considerar que se trata de personas de escasos recursos y que ante una cuenta en dicha clínica sería imposible que puedan solventar.
