En el llamado ‘primer mundo’ también se cuecen habas, como dice la sabiduría popular. Ayer en Francia, el primer ministro Manuel Valls –de ascendencia española- volvió a hacer uso de una disposición constitucional para imponer una Ley sin que ésta sea votada en la Asamblea Nacional, es decir, sin que haya sido avalada por los diputados. Es la reforma al Código del Trabajo o Ley El Khomri –en referencia a la secretaria del Trabajo, Myriam El Khomri- que podría entrar en vigor por mandato directo del Ejecutivo.
Los gobernantes europeos hacen lo mismo que han criticado hasta el cansancio de los líderes latinoamericanos, especialmente al exmandatario de Venezuela, Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, así como a los de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, por expedir leyes por decreto presidencial, calificándolos de dictadores y violadores del mandato de pueblo cuya soberanía reposa en los Congresos. Ahora los franceses se tendrán que morder la lengua, pues Valls hizo uso del artículo 49 párrafo 3 de la Constitución que permite aplicar una Ley en las mismas condiciones.
O sea, el Gobierno francés cae en su propia trampa y actual igual que las llamadas “Repúblicas bananeras” del Tercer Mundo, con el garrote y la imposición en la mano. A Valls, al que le apodan con sorna “Monsieur Le Veto” –el Señor Veto (de vetar)- , optó por imponer por la fuerza la Reforma Laboral para que se prolongue la discusión en la Asamblea Nacional donde ya le han hecho 800 modificaciones a la propuesta inicial. La intención era terminar con la polémica para evitar más protestas en las calles sobre todo el 14 de julio, Aniversario de la Revolución Francesa cuando el presidente François Hollande debe encabezar el desfile sobre la avenida Campos Elíseos.
La intención es impedir más protestas masivas y que a Hollande lo abuchee o lo persiga la turbamulta cuando se aparezca en la avenida más famosa del mundo. Sin embargo, aún cuando fue una imposición que contradice los principios democráticos que siempre ha presumido Francia, no todo está concluido. Además de que los diputados del llamado Frente de Izquierda (Front de Gauche) interpusieron una impugnación para invalidar dicho decreto, los de derecha que se llaman Los Republicanos (Les Républicains), le advirtieron al primer ministro Manuel Valls –que quiere ser candidato presidencial- y a François Hollande, quien aspira a reelegirse, nos vemos en las elecciones de 2017.
Muchos franceses anticipan que en las elecciones presidenciales de 2017 darán un voto de castigo al Partido Socialista Francés, actualmente en el Gobierno, ya que aún cuando es de izquierda ha hecho cosas contra la población que ni siquiera la derecha se atrevió a realizar cuando estaba en el poder. De ahí que todos esperan que el partido de Los Republicanos, de la derecha, pueda regresar al Palacio del Eliseo. Es más, hay un riesgo más agudo que es la posibilidad de que la ultraderecha con el Frente Nacional les dé un susto a los candidatos de derecha y a la izquierda, actualmente repudiados por la mayoría de la población. Así las cosas en el Viejo Continente.
COSTO POLÍTICO
En México la situación es peor, ya que acá en noviembre de 2012 cuando se aprobó la Reforma Laboral ni siquiera hubo discusión en el Congreso de la Unión ni impugnaciones, ni mucho menos movilizaciones masivas en la calle. Quince días antes de que tomara posesión el presidente Enrique Peña Nieto, los Diputados y Senadores aprobaron sin chistar la reforma a la Ley Federal del Trabajo que eliminó de tajo conquistas laborales logradas desde la Revolución Mexicana. Desde entonces, a un obrero mexicano le pueden pagar hasta 8 pesos por día sin que tenga derecho a reclamar aumento salarial o seguridad social.
La aprobación de la Reforma Laboral ni se hizo en las Cámaras de Diputados y Senadores, sino que la decisión se tomó en las oficinas de Los Pinos entre los dirigentes de los partidos políticos PRI, PAN, PRD, PANAL y PVEM, que conformaron el Pacto por México y que suplió a los parlamentarios para legislar por decreto. Los tecnócratas del Pacto por México redactaron el texto que fue enviado a los recintos parlamentarios sólo para ser votados, por lo que la sede del Poder Legislativo solo fungió como oficialía de partes. Lo mismo hicieron con las reformas hacendaria, energética, de comunicaciones y la educativa.
Sin embargo, en el pecado llevaron la penitencia, porque ninguna de esas modificaciones constitucionales ha dado beneficios a los mexicanos y políticamente se les ha revertido. Prometieron que no habría más “gasolinazos” ni aumento en el precio de la energía eléctrica y fueron mentiras. El costo del embuste es elevado, y el PRI sería expulsado de la Presidencia de la República en un par de años. El lunes pasado, el periódico El Universal difundió una encuesta realizada por la empresa Buendía & Laredo que muestra el desplome estrepitoso de la popularidad de Peña Nieto.
Solo un 29 por ciento aprueba su Gobierno, es decir, 7 de cada 10 mexicanos lo repudia. Y el 60 por ciento de los encuestados afirma que entre las peores cosas que ha realizado son las reformas estratégicas –laboral, educativa, energética, hacendaria y de comunicaciones- pues los engañó con supuestas bonanzas. Es la peor medición en la historia para un mandatario mexicano y al igual que en Francia –en eso si hay paralelismo- la cita para el desquite o el castigo es en las elecciones presidenciales de 2018.
Ya el pasado 5 de junio se tuvo el primer avance: el PRI perdió 7 de las 12 Gubernaturas que se renovaron y redujo en más de 13 millones sus votantes a nivel nacional y solo tendrá el Gobierno de 15 Estados. Para el 2017 se renovarán las Gubernaturas del Estado de México, Nayarit y Coahuila, así como Congreso locales y Alcaldías en otras entidades – en Veracruz serán 212 ayuntamientos- y se prevé que la impopularidad de Peña Nieto y el tricolor amarren otro segundo declive y debiliten aún más al partido en el poder para los comicios presidenciales de 2018. Tal es el precio de engañar al pueblo y legislar en su contra.
LOS QUE NO SUFREN
Claro, el caso más emblemático en el ejercicio del voto de castigos se dio en Veracruz, como todos ya saben. Los electores echaron al PRI de Palacio de Gobierno luego de 86 años de hegemonía, y actualmente Veracruz está sumido en la ingobernabilidad luego de la derrota estrepitosa del PRI. La fidelidad como ente político está en ruinas y ahora sus pillos sólo se ocupan de buscar rutas de huida, desatendiendo las responsabilidades de Gobierno. El lunes pasado en la Capital del Estado, se pudo ver un retrato de la situación actual en Veracruz: la ingobernabilidad.
Maestros y jubilados bloquearon vialidades y edificios públicos durante doce horas, exigiendo lo que les corresponde: pensiones, sueldos, bonos y salarios, pero que el Gobierno Estatal se niega a entregar porque su prioridad es el hurto. Miles fueron los afectados -llámense alumnos, transeúntes, empleados públicos y automovilistas-, unos porque tienen que salir a protestar y otros por el colapso vial. El único que tuvo un día normal sin mayores contratiempos por el caos fue Javier Duarte, todavía gobernante en funciones, quien no necesita movilizarse en tierra como el resto de los ciudadanos y prefiere volar sobre ellos y ver desde arriba a los veracruzanos en apuros.
No resiente ni las horas varadas en un vehículo ni la desesperación de quienes no tienen dinero para sobrevivir, ni la angustia de los profesores que llevan meses esperando el pago de salarios, bonos y otras prestaciones. Él vuela mientras los de abajo protestan y así es de los que no sufren por el caos en que está Veracruz. Las arcas del Estado se vaciaron y la voracidad ha sido tan grande que no dejaron ni para cumplir los compromisos básicos como el pago de los sueldos de los maestros o las pensiones de los trabajadores jubilados.
Pero si se hace memoria, la incongruencia y la discrepancia aparecen por todos lados. Por ejemplo, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) no tiene dinero para pagar a 25 mil jubilados, pero si tiene fondos para prestarle al Gobierno del Estado mil 125 millones de pesos, los últimos 350 millones entregados recientemente, según se dio a conocer a mediados del mes de mayo. Cuando saltó la polémica, el secretario de Gobierno, Flavino Ríos, intentó atajarla argumentando que ese dinero era para cumplir con el pago de pensiones, lo que ahora se comprueba que es mentira.
¿Qué sucedió entonces? Lo que se sospechó siempre, el dinero fue sacado indebidamente de la llamada Reserva Técnica del IPE, para inyectarlo a la campaña electoral del PRI –aunque una buena parte se la robaron directamente-. En ese asunto tienen mucha responsabilidad los líderes charros de los sindicatos que participan en el Consejo Directivo del IPE, porque se prestaron al saqueo de las arcas del instituto. Los charros traidores tienen nombre y apellido: Enrique Levet Gorozpe de la Fesapauv y Acela Servín Murrieta del Setse.
También Enrique Cruz Canseco del Sdetv, Ricardo Diz Herlindo del Sutem, Faustino García Fernández del Fstesemodv y Manuel Arellano Méndez, exdirigente de la Sección 56 del SNTE. Esos dirigentes sindicales son cómplices del saqueo del IPE y ellos deberían también enfrentar investigaciones judiciales cuando llegue el momento de auditar al instituto para seguir la huella de dinero desaparecido. Empero, el caso más desvergonzado es el de Levet Gorozpe que lleva treinta años como líder de la Fesapauv, más de dos décadas como consejero del IPE y avalando el robo de las cuotas de los burócratas.
Y el señor no tiene ‘llenadera’, como dijera el impresentable, pues su hijo, Carlos Enrique Levet Rivera cobra como subdirector jurídico del mismo instituto. Vaya descaro, Levet contribuyó a la quiebra del organismo del cual vive su propio vástago, o mejor dicho de donde cobra más de cien mil pesos mensuales, pues aparte el hijo también está en la nómina de la Universidad Veracruzana. Los Levet llevan muchos años sangrando el presupuesto estatal, ya es hora que alguien les ponga un alto y que los expulsen de la nómina pública.
Mientras miles de jubilados tienen que protestar durante horas, sea bajo el Sol o la lluvia, para lograr que les paguen una miserable pensión, ¿saben cuánto dinero se lleva la familia Levet cada mes de las arcas estatales? Medio millón de pesos -es decir 500 mil pesos-, entre el padre y el hijo. Los Levet son otros de los que no sufren por la crisis financiera que castiga a todos los veracruzanos. En este último caso, la culpa es de los catedráticos de la UV que se dicen pensantes, pero siguen tolerando a esa sanguijuela como su representante sindical. Dan vergüenza esos maestros-borregos universitarios.
