Azotó el alcahuete, al menos por el momento. El nombramiento del terrablanquense Francisco Portilla Bonilla como titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, previsto para ayer jueves, se cayó de último momento en el Congreso Local. La versión difundida fue que varios legisladores priistas se rehusaron a avalar a un personaje tan cuestionado y que es rechazado por el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, aunque en realidad la orden para no votarlo vino desde la Ciudad de México.
Desde la Secretaría de Gobernación se instruyó a los diputados locales del tricolor a no avalar a Portilla Bonilla que sería un Fiscal con la encomienda no de aplicar la Ley sino de encubrir a los funcionarios estatales que dejarán el poder en cinco meses. Ayer mismo el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, confirmó que fue el Gobierno Federal el que intervino para cancelar el nombramiento de un Fiscal Anticorrupción a modo. Fue un “centralazo”, se quejaron los dóciles parlamentarios locales que ayer se prestaban para obedecer sin chistar el mandato de Palacio de Gobierno.
Pero ayer al medio día se oía el rechinar de dientes en las oficinas estatales ante la intervención del altiplano. En Barcelona también bufaba la bestia herida, pues allá mora quien había escogido al exalcalde cordobés para cubrirle la huella –no hay que olvidar que Yunes Linares se comprometió a investigar el sexenio de la fidelidad y encarcelar al innombrable por ladrón-. Se le cayó la tapadera a ese oscuro personaje que ya festinaba desde el lunes pasado, a través de artículos de opinión escritos con nombres ficticios, la inminente unción de Portilla Bonilla llenándolo de piropos.
¿Cómo le dijo? Ah sí, “es de los pocos políticos derechos, que además de conocer ampliamente sobre Derecho, es bastante diplomático y tiene experiencia legislativa, uno de los pocos aciertos de este sexenio estatal”. Ahora deberá venir una negociación política entre el mandatario saliente y el entrante, mediada –necesariamente- por la Secretaría de Gobernación para proponer una terna de personas decentes a dicha Fiscalía o en su caso, dejar que el nombramiento lo haga la próxima legislatura que iniciará funciones en el mes de noviembre.
Ya se verá si los diputados priistas en el Congreso Local acatan lo dispuesto desde Los Pinos o insisten en volver a convocar a sesión para votar los nombramientos a contentillo de un Gobernador ya casi difuminado y abiertamente abandonado por el Gobierno Federal y el PRI nacional. Ayer mismo, la presidenta nacional del tricolor, Carolina Monroy del Mazo, reiteró en diferentes entrevistas concedidas a la prensa, que el PRI no va a respaldar al Gobernador de Veracruz en los llamados “paquetes de impunidad” que son nombramientos de fiscales, magistrados y consejeros de institutos de transparencia, con los que se pretende blindar el funcionario saliente para no ser investigado por actos de corrupción.
Específicamente remarcó que “no todo lo legal es ético y aquí (en el caso de Veracruz) se falta a la ética”. -¿Entonces el PRI no va a respaldar al Gobernador? le insistió una periodista. “De ninguna manera, y no lo estaremos ni a favor de gobernadores ni de alcaldes ni de diputados, de nadie que pretenda estar por encima de la Ley. Si un Juez, si una autoridad competente, definen que hay que proceder (contra éstos) y que hay elementos suficientes desde el punto de vista judicial, el partido apoyará a la autoridad competente”. Y remató concretamente sobre lo acontecido en Veracruz: “Es una vergüenza que eso ocurra”.
Así el panorama complicado para los legisladores priistas veracruzanos que están entre dos aguas: obedecer al Gobierno Federal u obedecer al que ya se va. Y a un lado de todo ello, lo importante del momento es que el cuestionado Portilla Bonilla se quedó como las “novias de rancho”, vestido y con el libido alborotado. El exalcalde cordobés ya se veía como fiscal omnipotente y enchufado a la nómina estatal durante los próximos 5 años. Todo apunta a que Portilla Bonilla se tendrá que regresar a trabajar en su Notaría Pública, a anotarse a un club de cachibol para la tercera edad y a preparar su defensa jurídica porque la voladora judicial lo alcanzará, al menos eso ha prometido Yunes Linares.
LA INSANIA
Es necesario recapitular sobre lo sucedido el miércoles pasado en la sede del Congreso Local, pues fue un suceso inédito en Veracruz que rompió todo principio de civilidad política. El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya y el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, fueron atacados a pedradas y palazos por los integrantes del grupo de choque conocido como el Movimiento de los 400 Pueblos que lidera César del Ángel Fuentes.
Todos saben que Del Ángel Fuentes es financiado desde el Gobierno Estatal desde la época de la fidelidad, incluso su representante jurídico es el exsecretario de Gobierno y exprocurador de Justicia, Reynaldo Escobar Pérez –a quien pretenden imponer como magistrado para integrar la Sala Anticorrupción que se creará en el Poder Judicial del Estado-. Ese grupo de choque ha sido pagado para perseguir y hostigar a Yunes Linares y a cualquier personaje considerado enemigo de la fidelidad.
El miércoles esta turba atacó a un Gobernador electo y a un dirigente partidista que en breve podría ser candidato presidencial y aún más, podría convertirse en presidente de la República , y eso no sólo es un error de cálculo político sino también una soga que se puso en el cuello el propio gobernante en turno, porque la agresión dio pie a la intervención del Gobierno Federal que se había mantenido al margen pese a que el propio Yunes Linares hizo sendos llamados para que atendiera el conflicto veracruzano.
Con las pedradas contra el Gobernador electo y el dirigente Anaya, se obligó al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a atender el caso de Veracruz donde no hay una transición pacífica. Ya lo hizo ayer mismo con la orden girada a los diputados priistas para detener el nombramiento de Portilla Bonilla y ahora habrá que esperar las nuevas disposiciones para distender el conflicto y evitar una posible tragedia.
Y se dice lo anterior porque desde el miércoles se denunciaron dos cosas graves: una que a la turbamulta de los 400 Pueblos se sumaron policías de la Fuerza Civil vestidos de civil con la intención de hacer más efectivo el ataque, a la par que se ordenó a las corporaciones no acudir a la sede del Congreso Local y desatender los llamados de intervención para dejar hacer a la turbamulta dirigida contra los panistas. Y la segunda es que algunos de los agresores estaban armados y pretendían llegar hasta el Gobernador electo, según denunció la periodista y diputada electa, Marijose Gamboa, presente en el lugar.
¿Qué hacían policías vestidos de civil entre los agresores –los reconocieron por el corte militar y porque los agentes federales a cargo de la custodia de Yunes Linares los identificaron-? ¿por qué llevar armas y tratar de llegar al futuro Gobernador? Pareciera que la intención era cometer un magnicidio, denunció abiertamente Marijose Gamboa, algo terriblemente grave y que confirmaría que los ocupantes de Palacio de Gobierno ya enloquecieron.
Los veracruzanos no se merecen que la alternancia que escogieron en las urnas se trastorne en calamidad y en hechos de sangre por un gobernante que se resiste a dejar el poder y está dispuesto a todo, incluso a la agresión burda y abierta, contra su sucesor. No puede cambiar eso, los electores lo escogieron el 5 de junio y no hay manera de evitar que transfiera el poder. Pero la insania invade la vida pública de Veracruz y si el Gobierno Federal no interviene para ponerle un alto podrían suceder cosas mucho más graves que echarán por la borda la fiesta democrática que hasta ahora todos festejan.
LAS APUESTAS
En los corrillos políticos ya se juegan apuestas sobre los primeros personajes que irán a la cárcel –sin contar con los ‘pesos pesados’ que son el gobernante en turno y su impresentable antecesor cuyos procesos llevarán tiempo, pero ya están cantados de antemano-. Todos coinciden que el seudo-líder campesino Cesar del Ángel Fuentes y su hijo, el actual diputado priista, Marco Antonio del Ángel Arroyo, quienes comandaron personalmente el ataque de los 400 Pueblos contra Yunes, Anaya y Creel, serán los primeros en pisar la prisión.
Ambos conocen la mano de Yunes Linares, pues hace veinte años cuando fue secretario general de Gobierno encarceló al propio Del Ángel Fuentes, ya que era una promesa de campaña del entonces gobernador Patricio Chirinos Calero, terminar con las invasiones de tierras y grescas entre campesinos. Al parecer la historia se repetirá y Del Ángel volverá a la picota, esta vez acompañado por su vástago. No será ni un abuso de autoridad ni una agresión contra luchadores sociales, porque los Del Ángel son unos verdaderos pillos.
Por fin alguien les podrá un alto a ese grupúsculo que desquicia la capital veracruzana cada vez que quieren, ponen a bailar desnudas a mujeres, niñas y de la tercera edad. Por cierto, ayer esos encuerados acamparon en las afueras del Congreso Local y ¿adivinen quienes les llevaron comida? Elementos del Instituto de la Policía Auxiliar y de Protección Patrimonial (IPAX), sólo para que no quede duda de dónde viene el financiamiento a esos vándalos.
Otro que perdió una oportunidad para salvar el decoro fue el Fiscal, pues el mismo miércoles se conoció que Yunes Linares lo llamó para denunciar la agresión y solicitarle que actuara, que enviará a la policía a resguardar a los asistentes al Congreso Local. ¿Y qué dijo el Fiscal? Que no podía porque estaba en una reunión y ni posteriormente ordenó la detención de los agresores –identificados en fotografías y videos- pese a que acamparon allí mismo.
Si el Físcal pretendía obtener un voto de confianza del próximo ocupante de Palacio de Gobierno, el miércoles se extinguió esa posibilidad. Y ahora está en aprietos porque el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió que las instancias ministeriales “deben castigar a los responsables de esos inaceptables actos”. Hagan sus apuestas señores: ¿A quién obedecerá el Fiscal, al secretario de Gobernación o a su jefe local que ya se va?
