El chiste se cuenta solo. Con una carreta pública tachonada de chanchullos, el terrablanquense Francisco Portilla Bonilla es, aparentemente, el seleccionado por el gobernante saliente, Javier Duarte de Ochoa, para convertirse en titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y obviamente, para cubrirle las espaldas cuando deje el poder. Bonilla Portilla se ganó a pulso el apodo de “Alcahuete” cuando ocultó y solapó el latrocinio cometido por su antecesor en la alcaldía cordobesa, Juan Lavín Torres y ahora esa alcahuetería la trasladará al plano estatal.
Por supuesto que Portilla Bonilla no cumple los requisitos exigidos para ese cargo, en primer lugar porque no se le conoce modo honesto de vivir. Toda su vida ha medrado del erario público, desde donde obtuvo una notaría pública, titularidad en juzgados, diputaciones locales, dos veces la presidencia municipal de los Treinta Caballeros, una procuraduría estatal y una fortuna personal extraordinaria. Sin embargo, hay que destacar que tiene un paralelismo con el actual Fiscal General del Estado, que será su jefe, Luis Ángel Bravo Contreras, la forma de llegar a los encargos más altos.
Portilla fue titular de la Procuraduría General del Estado durante cuatro años, de 1997 a 1980 durante el Gobierno de Rafael Hernández Ochoa, pero todos en la vieja guardia política comentan morbosamente la manera en que consiguió ese cargo. No tuvo nada que ver con sus conocimientos jurídicos ni su experiencia en los tribunales, sino por una amistad y favores, llevados más allá de lo convencional. Muchos cordobeses saben perfectamente esas historias que fueron del dominio público hace más de tres décadas.
Además de lo anterior, al exalcalde cordobés lo persiguen muchos fantasmas, algunos incluso relacionados con asuntos inconfesables. No solo encubrió las tropelías de Lavín Torres, quien habría desviado más de 100 millones de pesos de la tesorería municipal, sino que al mismo Portilla se le atribuye el saqueo del Hidrosistema de Córdoba que lo usó como ‘caja chica’ para engrosar su peculio, también hizo negocios con contratos de obra pública, convenios publicitarios con medios informativos y por si fuera poco, se le atribuye la infiltración de la delincuencia en la Policía Municipal.
Hay que recordar que en su momento fue acusado de mantener a 65 efectivos policíacos que no habían pasado los exámenes de confiabilidad, y lo hizo por supuestos pactos con el crimen organizado, que desde su última administración municipal se apoderó de la ciudad. La complicidad con la delincuencia fue más allá de su gestión municipal, pues cuando se desempeñó como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública guardó total silencio en torno a la “ola” de violencia que castigaba a la región Centro e incluso ni se inmutó cuando su suegro fue secuestrado varios días en el 2013.
Tal es el personaje, que Duarte de Ochoa quiere dejar como Fiscal Anticorrupción con la instrucción de bloquear toda investigación judicial que pueda servir para llevarlo a prisión. Es una tarea titánica dado el universo de tropelías que hay y también imposible, ya que aún cuando se imponga la voluntad del gobernante en turno y Portilla Bonilla se convierta en el ‘zar anticorrupción’ –no se rían que es en serio- no durará mucho en el cargo al igual que su superior, Luis Ángel Bravo Contreras, pues ambos serían destituidos por el Congreso Local que iniciará funciones en noviembre. Ya se dijo, habrá una mayoría calificada formada por las bancadas del PAN, PRD y Morena, en la legislatura entrante.
Los diputados de la coalición PAN-PRD llevarán entre sus primeras acciones la promoción de un juicio político contra Bravo y Portilla, mientras que los legisladores de Morena ya anticiparon que también promoverán la destitución del fiscal general. Además, los diputados de Morena son en su mayoría activistas de tiempo atrás y conocen a la perfección a Portilla Bonilla, pues este individuo también se desempeñó como subsecretario de Gobierno durante el sexenio de la fidelidad, desde donde persiguió y reprimió a activistas y luchadores sociales por orden del innombrable. Es decir, no se la perdonarán.
De colofón, Portilla Bonilla tiene un viejo pendiente con el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, cuando éste fungía como director general del Issste, pues tanto él como Lavín Torres le bloquearon la construcción de la clínica en Córdoba por instrucciones del innombrable, le cerraron toda gestión municipal. No olviden que la única que recibió en Palacio municipal a Yunes Linares para dialogar sobre el proyecto hospitalario fue la maestra Yolanda Monluí, cuando fungió como alcaldesa sustituta y eso hizo que se ganara la animadversión de Portilla Bonilla. En política, todos lo saben, nada se queda sin revancha.
Así como los próximos diputados irán tras los huesos del llamado “alcahuete de Lavín”, también lo harán contra otro impresentable que el gobernante actual pretende dejar con fuero Constitucional durante siete años como consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). Se trata del tamaulipeco Gabriel Deantes, quien será otro alcahuete del mandatario saliente, para bloquear toda solicitud de transparencia sobre los negocios del sexenio agonizante.
Deantes Ramos, primo del coordinador de Comunicación Social, Alberto Silva y compadre –y socio- de la exvocera María Gina Domínguez, es un verdadero pillo, pues sobre su cabeza pesan 22 denuncias abiertas por el saqueo de fondos estatales. Se le atribuye haberse robado más de 6 mil millones de pesos, lo que lo hizo famoso entre sus propios compañeros de gabinete que lo apodan “Ladrón De antes”. De ser un vendedor de teléfonos celulares en Tamaulipas, ahora es un hombre acaudalado gracias a los negocios, al amparo del poder y su capacidad de hurto.
Vaya, tan sólo su residencia en Xalapa, bautizada como “Villa Meona” –porque tiene diez cuartos de baño y dos elevadores- cuesta la friolera de 95 millones de pesos, cuando en Tamaulipas vivía en una casa de interés social. En resumen, promover a Deantes y a Portilla, para cargos transexenales es una burla del actual gobernante a los veracruzanos, y se espera que, a su tiempo, el Congreso no sólo los expulse de esas encomiendas, sino que ordene que sean investigados y castigados por las iniquidades cometidas.
MÉDICOS
BAJO ATAQUE
Junto al maestro, al abogado y al sacerdote, está el médico. Ellos son los cuatro personajes que la sabiduría popular siempre ha recomendado tener cerca. De hecho, en las familias tradicionales no sólo en México sino en el mundo entero, se recomendaban que alguno de los integrantes –hijos o nietos- se dedicara a esas profesiones, pues así garantizaban el auxilio o apoyo para guarecer la vida, evadir la cárcel, eliminar la ignorancia y salvar el alma. En México y en Veracruz, uno de esos cuatro pilares, los médicos, están bajo metralla, sumergidos en esta guerra irregular desatada por el crimen organizado.
No sólo se les secuestra o extorsiona bajo el entendido de que son profesionistas que tienen ingresos económicos superiores a los del resto de la población, sino que también se les ocupa por la fuerza para curar a los ‘heridos’ de las refriegas. Desde hace años se habla que los grupos criminales plagian a los galenos o en su caso a estudiantes de medicina, para obligarlos a atender a los sicarios lesionados en balaceras. Es una realidad que se mantiene oculta pero hay, incluso, universidades y hospitales que recomiendan a los estudiantes o médicos ya practicantes no utilizar batas blancas en la vía pública, para que no sean identificados por las bandas del crimen organizado.
Es más, la amenaza contra los practicantes de la medicina ha repercutido gravemente en la población, sobre todo la rural y empobrecida. Como lo denunciaron los médicos en la marcha realizada el miércoles pasado en diversas ciudades, la mayoría de los profesionistas de la salud recién salidos de las universidades evaden ir a realizar pasantías en clínicas o unidades médicas rurales por el riesgo que representa estar en zonas controladas por los cárteles del narcotráfico. Por eso hay una escasez severa de médicos en regiones de alta marginación.
Si bien la protesta realizada hace dos días fue a nivel nacional e incluyó el repudio a muchas situaciones, entre ellas a la llamada “Universalización” de los Servicios de Salud, que no es otra cosa que eliminar todas las dependencias sanitarias y de seguridad social para crear un solo ente con el fin de privatizar las atenciones médicas, en Veracruz la situación es peor para los médicos, porque no sólo enfrentan los cárteles de la droga, sino también al ‘Cártel del Palacio’ que es igual o más peligroso que los delincuentes declarados abiertamente.
Los Gobiernos de Javier Duarte y de su impresentable antecesor, saquearon el presupuesto destinado a los servicios de salud, atropellando también la propia labor de los galenos. Basta hacer un recuento de los secretarios de Salud que desfilaron en dos estos sexenios para comprobar el tamaño de los pillos que saquearon el presupuesto sanitario: Jon Rementería Sempé, Manuel Lila de Arce, Pablo Anaya Rivera, Juan Antonio Nemi Dib y Fernando Benítez Obeso.
El caso más vergonzante fue el del cómico cordobés Toño Nemi, que sin tener conocimientos de medicina fue nombrado al garete como titular de la dependencia de dónde salió en medio del escándalo, tanto por paralización de los servicios por parte de trabajadores sindicalizados que lo repudiaron, como por el señalamiento de haber desviado el presupuesto de salud.
Una de las situaciones más aberrantes del “Cártel del Palacio” en asuntos de salud fue el robo de los fondos estatales para el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) en Xalapa, donde el innombrable simuló la compra de medicamentos oncológicos y en su lugar se entregaron formulas hechizas a los pacientes que no sirvieron para detener la enfermedad. El negocio lo hizo a través de una empresa propiedad de Andrés Beceiro, dirigente de los empresarios fidelistas. Se calcula que decenas de pacientes, entre ellos varios niños, perecieron de cáncer mal tratado, pues tomaron fórmulas que eran agua simple.
Como ese, hay mil ejemplos de cómo fueron saqueados los fondos públicos destinados a los servicios de salud y las consecuencias están a la vista: los hospitales no tienen medicinas, ni mobiliario, ni aire acondicionado en las zonas calurosas y sus edificios parecen carcazas. Tampoco hay equipo para detectar enfermedades y ni siquiera material básico para curar una herida o atender una cefalea. Entonces los médicos veracruzanos tienen muchos motivos para salir a protestar, pues hacen malabares para atender a la población en medio de la precariedad.
Y cuando algo sale mal, son acusados de negligencia médica. ¿Cuánto se robó el innombrable y Duarte del sector salud? Los cálculos más mesurados apuntan a que fueron más de 7 mil millones de pesos, lo que inevitablemente debe ser traducido en muchas vidas perdidas y demasiado sufrimiento del pueblo veracruzano. ¡No tienen perdón!.
