Córdoba.- Con la reestructuración de la deuda del Gobierno del Estado con la Universidad Veracruzana (UV), aún quedan pendientes por cubrir aproximadamente 900 millones de pesos.
A pesar de que mantienen la lucha por la liquidación del monto, analizan la propuesta del Gobernador electo a fin de determinar que tan viable resultaría para la UV, la entrega en comodato de los verificentros para su administración.
Durante su visita a Córdoba, la rectora de la Universidad, Sara Ladrón de Guevara, afirmó que el tema del adeudo ha cambiado drásticamente con el reconocimiento por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como responsable del atraso en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al Gobierno estatal, liberando a los 12 mil 500 trabajadores de la UV.
Sin embargo, queda un pendiente de 900 millones de pesos, cifra que se viene arrastrando desde el 2013, cuando Ladrón de Guevara asumió la administración de la máxima casa de estudios de Veracruz.
Afirmó que se mantiene la demanda por la cobertura del recurso restante, principalmente porque también existe un atraso con los subsidios estatales que se deben cubrir mes con mes.
Previo a la firma del convenio con el Ayuntamiento de Córdoba, afirmó que la lucha de la Universidad se mantiene, toda vez que están peleando por lo justo y lo que les corresponde.
“Nosotros no nos vamos a detener con nuestra petición de que nos entreguen el recurso que le corresponde a la UV”, dijo.
Recordó que como parte del atraso económico en el que vive la Universidad, existen proyectos de mantenimiento en infraestructura que han quedado detenidos, sin embargo, con el apoyo de los convenios de colaboración entre autoridades municipales, se pretenden realizar las adecuaciones para aprovecharlos al máximo.
LAMENTAN HECHos de violencia
Para finalizar, la Rectora de la UV manifestó su total rechazo a los hechos de violencia generados en contra de los docentes y civiles, que resultaron lesionados durante una manifestación en Oaxaca, pues dijo que como persona e inclusive a nivel institucional, se rechaza el uso de la fuerza publica y de la falta de diálogo.
“Lamentamos lo que ha pasado en Oaxaca, estamos en contra de un uso excesivo de la fuerza y de la falta de diálogo ante un reclamo de una agrupación, es lamentable la pérdida de vidas y en este caso cuando se reclaman derechos laborales hay que sentarse a revisar”, agregó.
